El CTESC recomienda en el Govern catalán que impulse, sin más demora, un modelo de financiación de las vías de alta capacidad como alternativa a los peajes, que ya han desaparecido y los que acabarán por hacerlo, como en herramienta fiscal esencial para una nueva gestión de la movilidad que integre el mantenimiento de la red vial. La demanda se enmarca en la prioridad que se tiene que dar a la seguridad de las vías de alta capacidad y en cómo el coste de su buen estado repercute en las finanzas catalanas a raíz de la eliminación de las concesiones públicas. El Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya (CTESC) argumenta que el fin de la concesión de los peajes ha reducido los costes del transporte por carretera, incrementando el uso, sobre todo en el transporte de mercancías y eso repercute directamente en la intensificación de su deterioro. La recomendación del CTESC es una de las 44 propuestas que el organismo independiente ha lanzado al Ejecutivo catalán como balance del análisis que hace anualmente de la situación de Catalunya en sus tres ámbitos de actuación: laboral, económico y social.

La memoria anual de la entidad que preside Toni Mora evidencia que el uso de las infraestructuras de transporte ha aumentado en todos los modos, en el 2022, y en especial en el transporte por carretera y el de mercancías en los puertos, con valores por encima de los de 2019, a pesar de registrar incrementos anuales relativamente moderados. En este contexto, la recuperación del transporte terrestre ha sido condicionada por el aumento del precio de los carburantes, que derivaron en la subvención al consumo.

En septiembre de 2021, se puso fin a una buena parte de los peajes de Catalunya. Se dejó de pagar por circular por la AP-7, el AP-2, por el norte de la C-32 y por la C-33, que estaban bajo la explotación de Abertis y que llegaron al plazo de la concesión. Solo con eso, la Generalitat ya adelantó que en el periodo 2022-2027 calculaba que tendría que invertir 170 millones de euros, por el coste de las obras para levantar barreras y los mantenimientos anuales. Estos últimos calculados en el 2021 sobre los 15 millones anuales y que seguramente ahora son más dados la presión inflacionista y el alza general de materiales y costes de servicios. Todavía quedan algunos peajes activos como los de Túneles de Vallvidrera, Túnel del Cadí, el tramo sur de la C-32, de Aucat (de Castelldefels en el Vendrell), y la autopista de Terrassa a Manresa, de Autema. Estas cuatro concesiones acaban entre el 2036 y el 2039.

El CTESC sugiere al Govern que si se pone lo haga teniendo en cuenta las recomendaciones de la Unión Europa en esta materia y que recuerde que España también está comprometida. "Esta medida encajaría en el marco que propone la UE y tendría que estar armonizado con lo que se aplique en el conjunto del Estado", expone la memoria anual del organismo consultivo, que tiene representantes de las organizaciones sindicales y patronales, de los sectores agrario, maritimopesquero y de la economía social, además de personas de reconocido prestigio en los ámbitos que son de su competencia. España se comprometió ante la Unión Europea a tener terminado para el 2024 un mecanismo de pago por el uso de las carreteras españolas, como una de las contrapartidas presentadas para poder obtener los 70.000 millones de los fondos europeos Next Generation. No obstante, este mecanismo que se tenía que regular dentro de la nueva Ley de Movilidad Sostenible está en suspenso, ya que con la disolución de las Corts por el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. El proyecto de ley ya se aprobó, in extremis, por el Consejo de Ministros español en diciembre de 2022.

De momento, financiación estatal

Coincidiendo con la propuesta del órgano consultivo, este miércoles, el Departamento de Territorio ha informado de que mejorará nueve enlaces de la AP-7 y construirá siete más en varias vías, a la vez que construirá dos nuevos intercambiadores de ferrocarril, todo eso mediante 270 millones de euros que aportará el ministerio de Transportes, según ha informado Efe. La consellera de Territorio, Ester Capella, ha dado cuenta este miércoles del destino de unos recursos (250 millones, por un lado, y 20 por otro) incluidos en los 914 millones pactados la semana pasada con el ejecutivo central en pedidos de gestión, la fórmula mediante la cual el ministerio aporta la financiación y el Govern ejecuta los proyectos. Estos 914 millones se subdividen en 250 para mejorar o construir enlaces en carreteras; 20 millones para dos nuevos intercambiadores de ferrocarril en el Vallès Occidental; 384 millones para actuaciones en la comarca del Maresme; 260 millones para el llamado Eje Pirenaico (l'N-260).

El Ejecutivo catalán y el ministerio de Transportes pactaron un protocolo -documento de intenciones políticas-, que tendría que cristalizar en un convenio -inicio de los trámites administrativos- en los próximos cuatro meses, si bien un cambio de ejecutivo en la Moncloa puede alterar estos propósitos.

La vivienda, energía y demografía

El presidente del CTESC, Toni Mora, en un repaso de los principales datos económicos sociales del año 2022 que recoge la mencionada memoria, también ha incidido en la necesitada que la administración catalana que incremente el esfuerzo por aumentar el parque de vivienda social, ya que en el 2022 casi una cuarta parte de la población catalana estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. En este sentido, han mostrado su preocupación por los efectos de la inflación y los tipos de interés a las familias, que afecta a la demanda interna y el producto interior bruto (PIB). También ha alertado de los problemas que supone el envejecimiento de la población o que Catalunya fue en el 2022 el territorio donde había más tiempo de espera para ser atendido por el médico de familia.

El documento también apunta a la necesidad de construir "un sistema energético catalán más eficiente" y dotar la industria de más capacidad de reciclaje, reparación y ventas de ocasión. Además, constata que hay que incrementar el porcentaje de agricultura ecológica o regenerativa y la producción de secano.