El nuevo Govern que resulte de los pactos postelectorales tiene ante sí grandes retos económicos para Catalunya. El aeropuerto, la financiación autonómica, la vivienda, disparada sobre todo en el alquiler y en medio de una regulación que por ahora no surte efecto, la reindustrialización y la transición energética con Catalunya a la cola de renovables en España son los principales desafíos del nuevo Govern, sobre los que los partidos debatieron en ON ECONOMIA hace unas semanas. ¿Qué proponen los partidos?
La financiación autonómica vive momentos de negociación intensa y quién lidere la nueva Generalitat será clave para la reformulación de una financiación que aspira a una mayor gestión de los propios impuestos catalanes. En este contexto, tanto ERC como Junts plantean un modelo de financiación que gestiona la totalidad de los recursos catalanes, a los que se sumaría una cuota de solidaridad hacia el Estado y el pago de los servicios que éste presta a Catalunya.
El partido liderado por Carles Puigdemont plantea también una cancelación de la deuda que Catalunya tiene con el Estado, a cuenta de las inversiones no ejecutadas por el Estado en Catalunya. Esquerra dice que justamente eso es lo que ha pactado con el Estado a través del FLA.
La negociación por el modelo de financiación está ya abierta y existen discrepancias entre Govern y Gobierno sobre si debe ser o no un modelo "singular", como propone Esquerra, o un café para todos equiparable a otras autonomías. Con el modelo singular, la Generalitat ingresaría 52.000 millones, el doble de los 26.616 que recaudó en 2023.
El PSC y los Comuns plantean la creación, de un Consorcio Tributario que permita repartir los impuestos de manera paritaria entre Estado y administración autonómica, tal y como recoge el Estatuto de Autornomia. El PP, por último, reconoce que hay que "mejorar" la financiación, "pero sin privilegios", según dijo Santi Rodríguez en el debate electoral económico celebrado por ON ECONOMIA. Se muestra radicalmente en contra del modelo similar al concierto vasco que plantean Junts y Esquerra.
En materia de vivienda, Comuns, Esquerra y CUP son los partidos defensores de la regulación de los precios del alquiler. El PSC, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez del PSOE ha sido quien ha impulsado esta regulación, no la defiende abiertamente. En off the record, el partido no está muy a favor de alargar por mucho tiempo la regulación de alquileres por su efecto disuasorio de la demanda y su gran apuesta, en la que coinciden todos los partidos, es la construcción de vivienda social y asequible, a excepción de la CUP, que aboga por rehabilitar viviendas en desuso y vacías para ello.
Catalunya tiene solo un 2% de vivienda pública sobre el total, muy lejos del 15% de media europea, y tan solo un 13% de la vivienda construida en Catalunya en la última década es de este tipo. Según un estudio del Institut Cerdà de finales de 2023, Catalunya acumula un déficit de 186.000 viviendas de alquiler asequible. El president Pere Aragonés prometió el pasado mes de marzo 10.000 pisos de alquiler social en tres años y Pedro Sánchez 20.000 en todo el estado el año pasado, mientras que la número 2 del PSC, Alícia Romero, en la línea con el candidato Salvador Illa, ha prometido la construcción de 50.000 viviendas sociales en Catalunya y 50.000 más movilizadas a partir de la recuperación de vivienda vacía y la rehabilitación de vivienda.
Todos los partidos prevén una mayor reindustrialización de Catalunya, siguiendo los pasos que el actual Govern de Esquerra dio al cerrar de la mano de las empresas y del Gobierno la llegada de la automovilística china Chery a los terrenos de la Zona Franca donde antes estuvo Nissan. La CUP y los Comuns proponen la creación de una vicepresidencia de Emergencia Climática y Transición Ecológica, pero la primera se opone a los macroproyectos que podrían acelerar la transición energética.
Tanto PSC, como Junts como Comuns y Ciudadanos están de acuerdo en modificar las normativas y permisos que ralentizan la transición energética. Actualmente, Catalunya tan solo genera el 14% de su electricidad con renovables, cuatro veces menos que la España peninsular, que aporta un 57,6% del mix eléctrico con hidráulica, eólica o fotovoltaica, estas dos últimas con grandes dificultades para prosperar por la resistencia de algunos actores del territorio y la lentitud administrativa.
En cuanto a las grandes infraestructuras, el Hard Rock Café supuso la retirada del apoyo de los Comuns a los presupuestos, hito que precipitó el adelanto electoral. Sigue siendo, junto a la CUP, el principal partido en contra de este proyecto. Esquerra también dice estar en contra, pero su Govern estaba dispuesto a aprobarlo y no acaba de ser claro en este punto. El PSC de Illa no lo defiende como algo central, pero apuesta por construirlo por los acuerdos cerrados en el pasado y el PP también está a favor de este parque lúdico.
Lo que sí que defiende el PSC es una ampliación del aeropuerto del Prat, con una nueva plataforma y la ampliación de la pista de aterrizaje al lado del mar para potenciar el aeropuerto, aunque dice que debe hacerse respetando el medio ambiente, una contradicción según los postulados de Comuns y la CUP. Esquerra propone una ampliación de capacidad que no debe reconfigurar las pistas y Junts prioriza disponer de las capacidades de gestión de infraestructura, aunque también la ampliación del aeropuerto y la creación del Quart Cinturó.
Con respecto a la fiscalidad, tanto PSC como especialmente Comuns-Sumar defienden más impuestos y recuerdan que la presión fiscal está por debajo de la media europea. Mientras que Junts y PP se muestran partidarios de rebajarlos. Juns pone énfasis en eliminar el impuesto de sucesiones, el de patrimonio, deflactar el IRPF e “impulsar una sacudida al impuesto de sociedades”. El PP también pide que se reduzca el IRPF para las rentas inferiores a los 45.000 euros. Por su parte, la CUP se muestra partidaria de subir los impuestos “al 10% de las rentas y empresas más ricas” y en esa misma línea se encaminan los Comuns, ambos, como Esquerra y PSC, favorables a los impuestos de patrimonio y sucesiones.