El Defensor del Pueblo ha informado de que las quejas relacionadas con el ingreso mínimo vital (IMV) han ido en aumento desde su puesta en marcha, por lo que recomienda introducir cambios organizativos y legislativos para garantizar que la prestación llega a todas las personas que la necesitan. Esta es una de las recomendaciones del informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2023 y que se ha entregado este viernes en el Congreso de los Diputados, un documento en el que se indica que las quejas en el tercer año de vigencia de esta prestación se han incrementado con respecto a años anteriores y ya se aproximan a 1.000.
Una de las cuestiones que sigue dando lugar a un número importante de quejas es "la conformación de las unidades de convivencia", ya que la acreditación de las personas que conviven depende de los datos disponibles en el padrón de población y se limita la aceptación de otros elementos de prueba válidos en derecho. Como resultado de esta rigidez, "se producen situaciones irrazonables y hasta injustas", como puede ocurrir en algunos casos de divorcio cuando se atribuye el uso exclusivo de la vivienda familiar a uno de los cónyuges, pero el otro decide no empadronarse en su nuevo domicilio, lo que imposibilita la solicitud del ingreso mínimo.
Unidad de convivencia
También puede darse el caso de que conste empadronado en el domicilio de la unidad de convivencia un miembro de la familia que no reside en él: por ejemplo, por encontrarse cumpliendo condena en prisión o por tratarse de una persona mayor que ha sido trasladada a una residencia. Otra cuestión que no queda bien resuelta, según el informe del Defensor del Pueblo, es la regulación de las parejas de hecho no registradas o formalizadas, ya que podría darse la situación "paradójica" de que ambos integrantes, por separado, solicitaran el IMV y recibieran dos prestaciones individuales.
Así, el informe reconoce que se trata de una pluralidad de circunstancias sociales que la ley "tiene difícil poder abarcar" y por ello considera que los órganos llamados a gestionar la prestación deben disponer "de un mayor margen de interpretación y aplicación normativa" aunque "siempre garantizando la seguridad jurídica y la correcta gestión de los recursos públicos". El Defensor del Pueblo ha recibido quejas de ciudadanos a quienes les resultaba imposible conseguir un certificado del ayuntamiento para acreditar determinadas situaciones, como el domicilio real de una unidad de convivencia, la inexistencia de vínculos de parentesco entre convivientes o la situación de riesgo de exclusión social de un solicitante que convive en el mismo domicilio con terceros.
Demoras
La demora del Instituto Nacional de la Seguridad Social en resolver los expedientes relacionados con el ingreso mínimo vital ha sido el motivo más frecuente de queja durante el ejercicio de 2023, indica el informe, en el que se lamenta que "los retrasos pueden ser aún mayores" en el caso de las reclamaciones cuando se ha denegado una solicitud. Actualmente, el plazo dispuesto en la ley para la resolución de las solicitudes iniciales es de seis meses, "un período de tiempo excesivamente amplio" para "una prestación asistencial de estas características", por lo que debería recuperarse y respetarse el plazo inicial de tres meses.
Otras quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo se relacionan con la ponderación de la situación de vulnerabilidad económica de los solicitantes y los beneficiarios del ingreso mínimo o con la actualización anual de la prestación, que no se produce hasta los meses de noviembre y diciembre. Así, el informe explica que en el caso de las resoluciones que deniegan la prestación, porque los ingresos del solicitante superan el tope de renta garantizada, no se ha conseguido que en ellas se detallen más precisamente los datos tributarios tenidos en cuenta.
"Debiera incluirse información tributaria más pormenorizada, para garantizar el derecho de alegación y defensa en el procedimiento", añade el Defensor del Pueblo. El informe, en lo referente a la cooperación entre administraciones, añade que "lo que resulta imprescindible es avanzar cuanto antes hacia un modelo de gestión del sistema de garantía de ingresos mínimos centrado en la persona, y mucho menos en el reparto de tareas y funciones entre unas y otras administraciones sociales".