Es muy complicado poner precio al coste del cambio climático, sobre todo porque hay pocos datos oficiales. No obstante, deben ser muy altos si se tiene en cuentas que son los propios organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales, los que piden acelerar las medidas políticas para, en el mejor de los casos, contenerlos. De momento, hay un coste inmediato, derivado de los fenómenos climáticos extremos, que merma la economía y obliga a las administraciones a tirar de sus presupuestos para solventar los destrozos que ocasiona. Entre los informes más completos que desgranan el coste del cambio climático, destaca el publicado por Funcas elaborado por David García-León y Juan-Carlos Ciscar.
Recopilando diversos estudios, cuantifican en 2.550 millones de euros anuales el efecto combinado de la sequía (1.500 millones), las inundaciones fluviales (450 millones) y el impacto en las costas (100 millones). A estos tres fenómenos hay que sumar los incendios forestales, un mal endémico desde hace años en España que, según el Ministerio de Transición Ecológica, cuenta al Estado 1.000 millones, 600 en la extinción de los fuegos y 400 en prevención. En total, no menos de 3.000 millones de euros cada año y en aumento. Estos mismos estudios elevan el coste a 10.000 millones en 2050 si se adoptasen medidas de mitigación y el clima solo creciese 2 grados y a 20.000 sin estas medidas, con un incremento de 4 grados, lo que tendrían un serio impacto sobre los presupuestos públicos de las administraciones. No se debe olvidar que entre las zonas más afectadas se encuentra las riberas del Mediterráneo.
Impacto presupuestario
Eso explica, en parte, que los primeros interesados en parar el cambio climático sean los gobiernos o los organismos internacionales como la Unión Europea; pero también los bancos centrales, incluido el Banco de España, que alertan de los efectos de tomar medidas melifluas. Los reguladores financieros están especialmente preocupados por el efecto que el cambio climático va a ocasionar en los sistemas financieros, pues los riesgos financieros dispararían los impagos y con ello la morosidad, elevando el precio de la deuda, a la vez de que disminuiría la oferta.
El gobierno español, como el resto de los comunitarios, está muy concienciado de la necesidad de cumplir con los objetivos de París que determina que en 2030, la temperatura no haya crecido más de un 2% -su pretensión es un 1,5%- sobre la etapa preindustrial, allá por 1750, cuando se empezaron a detectar los primeros síntomas. Lo cual es un objetivo ambicioso, pues de media, la temperatura ha crecido un 1,4% en el mundo. Por ello, desde 2023, los presupuestos generales del Estado deben ir acompañados de un Informe de Alineamiento con la Transición Ecológico en el que se desgrane el dinero que se dedica a cumplir con los objetivos de París. Un informe que sigue este año en vigor por la prórroga de los presupuestos de 2023.
33.271 millones
El gobierno español cuantifica en casi un tercio del gasto público de ese año (descontando las partidas de personal, de pago de intereses por la deuda y las partidas sociales como pensiones) está relacionado con la lucha contra el cambio climático e influye a mejorar alguno de los seis objetivos marcados por Bruselas. Eso suponen 33.271 millones de euros, de los que 11.925 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el resto lo aporta directamente el Estado español.
De 321 partidas presupuestarias analizadas por la Secretaria de Estado de Presupuestos para abordar el informe de Alineamiento, algo más de la mitad, 169 tienen algún impacto en la consecución de los objetivos del cambio climático. De ellas, 68 tienen un impacto alto (inciden en al menos 3 objetivos), 41 medio (2 objetivos ) y 60 bajo (1 objetivo).
Los gases de efecto invernadero (GEI) son los causantes del cambio climático, como ha apuntado, sin paliativos, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) máxima autoridad en la evolución medioambiental. Y, la lucha, reside principalmente en reducir estas emisiones causantes del aumento de las temperaturas con consecuencias diversas.
Sistema financiero
El expresidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una sus últimas intervenciones públicas, dibujó casi un escenario apocalíptico si no se aceleran las medidas para cumplir con los objetivos de París: “En los próximos años, entre otros fenómenos disruptivos, se producirá una subida del nivel del mar, una desertificación progresiva de los suelos, un aumento de la frecuencia y de la intensidad de episodios meteorológicos extremos y una pérdida muy significativa de biodiversidad”. Y cada uno de ellos, supondrá un coste para la economía española.
Una advertencia que el Banco de España ha esgrimido con fuerza, pues como apuntó Hernández de Cos, de no acelerarse las medidas, España perderá un 9,7% de su PIB por estos efectos climáticos. Por eso, el Banco de España ha abierto un área de Actuación sobre el Cambió Climático e integra el grupo de bancos centrales de todo el mundo, creado hace siete años, con el objetivo de empujar para que se aceleren las medidas. Si no es así, el sistema financiero se resentirá y, cuando los bancos tosen, la economía se acatarra.
El ya exgobernador señaló que “si no reducimos significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas, el impacto de los riesgos físicos asociados al calentamiento global sería muy elevado. Además, el avance hacia una economía de bajas emisiones implica riesgos de transición, derivados de la necesaria adaptación del modelo productivo. En este contexto, es imprescindible que las políticas públicas contribuyan activamente a la transición ecológica”.
Por eso, azuzó a los Gobiernos a que desempeñen un papel protagonista en este proceso, aunque también hizo autocrítica: “el cambio climático y la transición hacia una economía de bajas emisiones también constituyen un reto considerable para los bancos centrales, dado que podrían afectar de forma significativa tanto a la actividad económica como a la estabilidad de precios y a la estabilidad financiera”.