Raquel Sánchez deja muchos deberes a Óscar Puente, como el Corredor Mediterráneo o recuperar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, de acuerdo con el Gobierno, proyectos que probablemente queden mucho más lejos al exalcalde de Valladolid que a la de Gavà. Pero la proximidad no es sinónimo de sensibilidad y efectividad a la hora de dedicar recursos al territorio. Sánchez cesa del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con una gran deuda con Catalunya.
La dirigente del PSC ha sido la ministra encargada de las infraestructuras de transporte, las que suponen buena parte de la inversión del Estado a las comunidades autónomas, durante casi dos años y medio. En este tiempo, ha sido la responsable de los presupuestos del 2022 y 2023 y también de la ejecución, parcialmente, de los del 2021. Sin tener en cuenta los datos de este año, todavía no disponibles, en los dos años anteriores, Transportes ha dejado de invertir en Catalunya cerca de 2.500 millones.
Esta es la cifra de inversión presupuestada por el propio ministerio de Transportes y no ejecutada. No tiene en cuenta, por lo tanto, si lo que recibe Catalunya tendría que ser mayor teniendo en cuenta su población o su peso económico en el Estado. Es solo lo que el Gobierno dice en sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) que gastará y finalmente no gasta. Catalunya es, desde hace años, donde menos se ejecutan las inversiones del Estado y, de hecho, eso no ha mejorado en el último bienio, cuando ha quedado más dinero por gastar de los que se han invertido.
En el 2021, año de llegada de Raquel Sánchez a Transportes, el Gobierno gastó 740 millones de euros en infraestructuras en Catalunya, menos de un 36% de los 2.068 millones que se había presupuestado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dado los datos de ejecución presupuestaria en el 2022, hecho que provocó la queja del Govern catalán, pero Transportes sí que filtró el gasto final, para destacar que subía, hasta los 859 millones. Esta cifra supone un 43% de los 1.998 millones previstos.
Las cifras acumuladas de los dos años dejan un balance pobre: el Estado ha invertido en la red de transportes, aproximadamente la mitad en Rodalies, 1.599 millones de los 4.066 previstos. Por lo tanto, de cada diez euros que tenía que destinar el Gobierno a Catalunya para la mejora no solo de los trenes, sino también de carreteras, solo ha destinado cuatro, aunque la ministra del ramo fuera catalana.
Las alertas de los empresarios
Varias instituciones empresariales catalanas hace años que alertan que el problema de infrafinanciación que sufre Catalunya no es solo porque no se cumplan algunos criterios del Estatuto, como la ordenalidad, ni que se tenga en cuenta lo que aporta el país ni su peso económico y poblacional. La ejecución acaba siendo el factor que más resta al dinero que recibe Catalunya del Estado.
Foment del Treball denunció a principios del año pasado que el Estado acumulaba un déficit de inversiones en infraestructuras de 35.000 millones en los últimos 12 años, cifra que ha seguido creciendo. De hecho, añadía que entre el 2013 y el 2020, la ejecución presupuestaria en Catalunya fue del 67%, la más baja de todas las comunidades autónomas, pero aun así, era superior a la de Transportes en el 2021 y en el 2022. Por lo tanto, ha seguido empeorando.
La Cambra de Comerç de Barcelona ha cifrado a menudo del déficit en inversiones que sufre Catalunya. En un informe publicado este mismo mes, la institución alertaba que el gasto del Estado, no solo en infraestructuras, sino en todos los ámbitos, equivalen al 10,7% del PIB español, muy por debajo del peso catalán en cuanto a población (16%) y económico (19%). El director de estudios de la Cámara, Josep Ramon Rovira, lo resumió con esta frase: "Se promete en presupuestos lo que no se cumple en ejecución". Se presupuesta, no se ejecuta y se vuelve a presupuestar lo mismo, anunciando un gran esfuerzo del Estado que en realidad son deudas y que después tampoco se llevan a cabo.