España está entre los países de la Unión Europea con mayor desigualdad de rentas y, según todos los indicadores, la pandemia ha agudizado la brecha, pues los más pobres han tenido descensos en sus ingresos, mientras que los más ricos han mejorado. “Las crisis sientan bien a los ricos y afectan muy duramente a los más pobres”, resume Juan Carlos Llano, director de Investigación de EAPN-Es, la rama española de la Red Europea contra la pobreza. Llano es el responsable del estudio de referencia en España sobre las desigualdades sociales basado en el Índice Arope (sobre datos de la Estadística de Condiciones de Vida del INE), un índice creado por la Comisión Europea para monitorizar la obligación de los Estados miembros de reducir a la mitad las desigualdades y, por tanto, la pobreza en 2030.
Con un problema añadido: los colectivos más vulnerables no suelen recuperarse de la pérdida de ingresos que conlleva toda crisis. Si se divide la población en diez partes -deciles-, el 10% de los ciudadanos con menos ingresos está actualmente por debajo de la renta que disponía en 2008. Los ingresos medios de este decil fueron antes de la crisis financiera de 2.420 euros por persona y año y, sin embargo, en 2021, último dato disponible, fueron 2.222 euros lo que supone 185 euros menos que en 2008. Los restantes 9 deciles sí han recuperado los ingresos que tenían en 2008.
Pero si los ingresos marcan la desigualdades sociales, la inflación las agudiza. Esto implica que las condiciones cotidianas de los que menos tienen han empeorado doblemente en 2022 y previsiblemente en 2023. Oscar Molina, sociólogo e investigador de la vida cotidiana y las condiciones de trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, incide en que la relación entre pobreza e inflación está sobradamente demostrada. “Por eso se la conoce como el impuesto de los pobres con un efecto muy regresivo sobre sus economías, pues aunque la inflación disminuya el salario por igual, lo importante es el porcentaje que cada hogar destina a la adquisición de los productos más básico, en concreto la alimentación y el hogar y la energía”, señala a ON ECONOMIA.
Según el INE, si el conjunto de los hogares dedica a la alimentación el 16,4% de su presupuesto, en el caso de la quinta parte (quintil) de los que menos ingresos tienen se eleva al 20,6% frente al 12,5% que destina el quintil de los hogares con más recursos. Igual que con la vivienda, pues el quintil más bajo emplea el 43,6% de su renta, mientras que el más alto sólo el 29%. Molina justifica, pues, que se priorice a las economías más vulnerables en las ayudas públicas para combatir la inflación.
Efecto permanente de las crisis
Por tanto, cada crisis deja un poso difícil de recuperar como se refleja en el índice S90/10 que contabiliza cuántas veces está el salario del decil más bajo en el más alto. Pues bien, en 2021, en España el 10% con mayores ingresos cobraba 30.774 euros por persona y año y el 10% con menor renta 2.222 euros; es decir, 11,8 veces menos, mientras que en 2008 la diferencia fue de 9,6 veces. Como se aprecia en el gráfico, las crisis agrandan la diferencia: en la financiera, la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres creció con el arranque en 2008 y subió hasta 2015, con un máximo de 14,2 veces. A partir de ese año se empieza a reducir la diferencia, aunque en menor medida, hasta 2020, y sufre un fuerte repunte en 2021, por el impacto de la crisis de la pandemia, según se recoge en el Informe de la Pobreza 2022.
Sin embargo, en 2020, cuando se produjo el confinamiento, siguió reduciéndose, a pesar de la crisis. Llano explica que ese año se desplegó una batería muy profunda de ayudas públicas, como los Ertes, destinadas fundamentalmente a la población con menores ingresos. Lo que permitió que siguiese reduciéndose la desigualdad social, aunque solo una décima. Pero en 2021, las ayudas públicas se redujeron, abriendo las puertas a una tendencia al alza de la desigualdad.
Pésima posición de España en la desigualdad
El investigador de EAPN-Es se lamenta de la pésima posición de España en la comparativa comunitaria sobre la desigualdad, se mida con el indicador que se mida. La CE aprobó en 2015 la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y creó para su evaluación el indicador Arope que se construye con tres subindicadores: pobreza, privación material severa de determinados productos e intensidad de empleo en los hogares (número de adultos con un empleo por hogar). Varios son los índices que miden la desigualdad: además del Arope, se usa especialmente el S80/20 (compara la relación entre los ingresos del 1º quintil de la población con menores ingreso con el 5º quintil con mayores ingresos); el S90/10 ya referido sobre deciles de población, el Índice Gini que saca una media de desigualdad para el conjunto de la población o los índices de población en riesgo de pobreza y en riesgo de pobreza severa. Cualquiera de ellos deja en mala posición a España.
La media comunitaria del Indicador Arope en 2021 fue de 21,7 (mientras más alto más desigualdad) y España se colocó en el 27,8%, el cuarto peor puesto de los 27 Estados de la UE. En riesgo de pobreza, el 16,8% de la población de la UE está en riesgo, pues en España se eleva al 21,7%, también la cuarta peor posición; en el ranking S80/20 -diferencia entre los ingresos del quintil con menos ingresos y el quintil con más renta- la media de la UE es de 4,97 veces frente a 6,19 en España, también el cuarto peor puesto. Y en el índice Gini (puntuación más elevada implica mayor desigualdad), la media de la UE es el 30,1 y España se coloca en 33, en el quinto peor puesto compartido con Portugal.
Diferencias por regiones
Pero las diferencias no sólo se producen entre capas sociales y países; existe una mayor probabilidad de sufrir desigualdades dependiendo de en qué comunidad autónoma se resida. El Informe de la Pobreza de EAPN-Es divide España entre norte, con una mayor equidad de ingresos, y el sur donde las desigualdades crecen. Si la tasa media Arope en España es el 27,8, once territorios están por debajo y otros seis lo superan con creces. Navarra es la comunidad con un menor índice de desigualdad, el 14,7, la Comunidad de Madrid con 21,6 ocupa el sexto mejor puesto y Catalunya con 22,3 el séptimo. En la parte baja, Extremadura y Andalucía, ambos con el 38,7, comparten la última posición en términos de igualdad.
Pero la desigualdad de ingresos no sólo se genera por las diferencias salariales, pues hay otros ingresos, especialmente ayudas públicas incluidas prestaciones en Educación o Sanidad que se contabilizan como ingresos, que pueden compensar las diferencias salariales. Además, hay que tener en cuenta que hay otros ingresos, como los de capital o inmobiliario, que no se incluyen como rentas del trabajo. Eso explica que un informe realizado por CCOO de la Región de Madrid, basado en la EPA, ponga de manifiesto que en la Comunidad de Madrid se producen las mayores diferencias entre los mayores y los menores salarios. Según el análisis del sindicato en 2021 el decil más bajo tenía de media un salario de 548 euros y el más alto 5.220 euros.
En la comparativa territorial sobre el índice S90/10 (sobre deciles), la desigualdad salarial en Madrid es del 9,53 lo que supone que los mayores salarios son casi 10 veces los inferiores. La media de España, según el trabajo de CCOO, es del 8,95. Catalunya es la cuarta región con más desigualdad salarial, con un índice del 9,1 y Castilla-La Mancha registra las menores diferencias entre remuneraciones del trabajo, 7,92.
Pero, una vez más, incluso dentro de cada comunidad también se producen diferencias, según al colectivo que se pertenezca. Por ejemplo, el de los inmigrantes, que como resalta Oscar Molina, no están amparados por una red familiar de ayuda. El informe de la Pobreza de EAPN-Es señala que si la tasa Arope se coloca en el 27,8, para los ciudadanos de nacionalidad española se reduce al 23,6, mientras que se eleva para los extranjeros de la UE al 40,3 y para los de fuera de la UE al 65,2. El tipo de hogar también determina el riesgo de pobreza, afectando más a aquellos en los que hay varios menores, especialmente si son monoparentales; el sexo, pues la tasa Arope es mayor en las mujeres que en los hombres o incluso la edad, pues el índice se mide también por persona, incluyendo niños.
Medidas para paliar la pobreza
La Unión Europea tiene entre sus prioridades recortar las desigualdades sociales. En 2015 aprobó reducir la pobreza a la mitad en todos los estados miembros, aunque se ha avanzado muy poco. En España, en 2015 el 22,1% estaba en riesgo de pobreza, por lo que su objetivo para 2030 es colocarlo por debajo del 11%. La tasa disminuyó al 20,7% en 2019 (1,4 pp), pero ha subido al 21,5% (0,4 pp) en 2021. Un avance pírrico.
Llano apunta, como primera medida, un escudo social potente para las clases más desfavorecidas. Sin embargo, a nivel europeo se están encontrando con que muchas personas están rechazando las ayudas públicas, en un fenómeno que se conoce como “non take up” que se ha puesto de manifiesto en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Llano confirma que desde el Gobierno les han pedido un informe para conocer en profundidad el motivo por el que la gente necesitada no acude a las ayudas. Entre las causas, el investigador de EAPN-Es señala el desconocimiento de la existencia de los planes de ayuda, las complicaciones en la tramitación, pues se debe justificar de forma exhaustiva; y un escaso acceso digital de las personas con derecho.
Entre las medidas que se deben adoptar para cumplir con el compromiso de la UE, desde EAPN-Es apuntan la necesidad de asegurar la capacidad de ingresos de las familias para acceder a los productos más básico; unas pensiones “dignas”, pues el 33% de las actuales están bordeando el umbral de pobreza, según Llano; el acceso a una vivienda, pues los menos pudientes destinan más de la mitad de sus ingresos a esta necesidad básica, o romper la dinámica de la transmisión de la pobreza, pues tres cuartas partes de los más necesitados provienen de familias con dificultades.
Igualmente una educación de calidad, la mejor manera de romper la transmisión de la pobreza así como una sanidad pública también de calidad que evite que las personas con menores ingresos sean enfermizas, lo que impide su competitividad laboral. “Pero también medidas de justicia fiscal que asegure suficientes recursos públicos para todas estas medidas”, dice Llano.
Oscar Molina insiste también en la acción en la política salarial, con un refuerzo del salario mínimo interprofesional (SMI) que se ha demostrado como una de las principales herramientas para reducir las desigualdades sociales. Llano coincide, pero recuerda que se debe contemplar la inflación, lo que implica que las subidas sean siempre superiores al IPC.