El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem). Una reforma que también contempla recuperar después el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.
Estas cifras son las que corresponderían al subsidio diseñado por Trabajo con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes, según apuntan fuentes del Departamento que lidera Yolanda Díaz a Europa Press. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.
Este planteamiento, que es el que Trabajo llevará próximamente a la mesa de diálogo social y el que se ha trasladado a Bruselas, choca con el defendido por el Ministerio de Economía, que no solo propone rebajar la duración del subsidio de 30 a 12 meses, sino también rebajar su cuantía progresivamente, hasta una media de 442 euros a lo largo del único año en el que se percibiría, han apuntado las mismas fuentes.
En concreto, Economía plantea que, durante los 12 meses de percepción, los primeros tres se cobre el 100% del Iprem (600 euros actualmente), para después bajar al 80% del Iprem (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros).
Compatibilizar el subsidio con un empleo en los primeros 45 días
El diseño de Trabajo, que se llevará lo antes posible al Consejo de Ministros, incorpora al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000); elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata, y establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.
Además, en la propuesta de Trabajo los subsidios se revisarán trimestralmente y no de manera mensual para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio. Al mismo tiempo, la reforma del Departamento de Yolanda Díaz, que no entraría en vigor de manera inmediata, sino a mediados de 2024, permitirá tener en cuenta las rentas de la unidad familiar si es más favorable al desempleado que tomar la renta individual.
Desde el Ministerio de Trabajo se insiste no se va a llevar a cabo ningún recorte del subsidio por desempleo como el que ha propuesto Economía, que también pidió elevar la edad del subsidio para mayores de 52 años hasta los 60 años y una modificación de la Ley de Sanciones e Infracciones del Orden Social (LISOS) para que las sanciones a los parados actúen como incentivos en la búsqueda de empleo, según han relatado las mismas fuentes.
El 80% no agota las prestaciones
Para Trabajo, las vías para encontrar empleo y para llegar al objetivo de pleno empleo están en las políticas activas de empleo y no en las sanciones. Así, el Ministerio insiste en que los parados lo que quieren es trabajar y señala que el 80% no llega a agotar las prestaciones, en su mayor parte porque encuentran antes un empleo.
Aunque convocará próximamente la mesa de diálogo social para abordar esta materia con sindicatos y empresarios, el Ministerio cree que va en la línea de lo que defienden los sindicatos y la patronal. La reforma de la protección asistencial por desempleo es el último hito del Componente 23 del Plan de Recuperación que le quedaba por cumplir al Ministerio de Trabajo, que tiene diseñada la reforma desde antes de diciembre de 2022, fecha límite fijada en el Plan.
El planteamiento de Trabajo implica un mayor gasto porque eleva la cuantía de la prestación y el universo de los posibles beneficiarios en unas 400.000 personas (actualmente, el subsidio lo cobran unas 800.000 personas).
No obstante, fuentes del Ministerio apuntan a que esta reforma contaría con financiación suficiente, pues el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registrará este año un superávit cercano a los 4.800 millones de euros.