El Ministerio de Trabajo, que siempre ha abogado por aumentar los colectivos que tienen derecho a cobrar el subsidio de desempleo, pretende rebajar de los actuales 52 años (se bajó de 55 en 2019) a 45 años para poder cobrar la prestación, actualmente en 480 euros. En 2023, reciben de media al mes este subsidio 717.150 personas, de las que el 60,5%, casi 433.390, está en la categoría de mayores de 52 años. Yolanda Díaz y Nadia Calviño, que llevan más de un año negociando la reforma (que es uno de los hitos comprometidos con Bruselas) han tenido numerosos desencuentros. No obstante, fuentes de ambos ministerios confirman a ON ECONOMIA que el borrador está ultimado.
La reforma que plantea Trabajo, y que deberá negociar con Calviño, permitiría el acceso a este subsidio a unas 152.000 personas adicionales y que actualmente no tuvieran familiares a cargo, según ha adelantado la 'Cadena Ser' y confirma a ON ECONOMÍA fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Otra pretensión de Trabajo es agilizar el cobro de estos subsidios y eliminar el mes de espera que ahora es obligatorio que pase entre el momento que la persona se persona en el Sepe, este le reconoce la ayuda y un mes después finalmente la cobra.
Ampliar la cobertura y simplificar los trámites ha sido siempre el tronco de la reforma de Yolanda Díaz, mientras que el equipo de Calviño pretende reformar la vuelta de los beneficiarios al mercado de Trabajo. A tal fin, ha planteado dos propuestas: la primera, que la prestación sea decreciente, lo que podría suponer que los primeros meses se cobre por encima de los 500 euros y los últimos rondando los 400. La segunda, es la obligación de que los trabajadores acepten un trabajo, que podrán compaginar con el cobro del subsidio.
Rechazar un empleo
Respecto a la posibilidad de que un beneficiario que rechace un empleo, que debe cumplir unas condiciones mínimas, pierda la prestación, en ambos ministerios recuerdan que eso ya está en la regulación. En este sentido, Trabajo propone aumentar los controles sobre aquellos parados que rechacen una oferta adecuada de trabajo para seguir cobrando el subsidio, que actualmente son semestrales y pasarían a ser trimestrales.
E, igualmente, coinciden, en que la base del acuerdo se centra en el “acuerdo de empleo”, introducido en la nueva Ley de Empleo, que según fuente de Trabajo va más allá del mero “compromiso de empleo” en la anterior ley. Esto implica que el beneficiario y su orientador establecen un itinerario con el objetivo de encontrar un empleo para poder volver al mercado de trabajo.
Fuentes de Economía señalan a este diario que para hacer más atractivo la compaginación de un empleo con la prestación, se está analizando elevar el máximo que se puede cobrar por un empleo, que ahora está en el 70% del Iprem, lo que permitiría sumar más dinero entre salario y prestación.