La jornada laboral de 37,5 horas semanales no será un objetivo inamovible en la negociación con sindicatos y empresarios que arranca este jueves, según señalan a ON ECONOMIA fuentes del Ministerio de Trabajo. A pesar de que PSOE y Sumar fijaron en el documento programático de Gobierno —España avanza. Una nueva coalición de Gobierno progresista— la reducción de la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, el Gobierno está dispuesto a estudiarlo si eso permite que la reforma se consiga mediante un pacto en el que estén presentes tanto los sindicatos como la CEOE, según estas fuentes.

El Ministerio de Trabajo quiere evitar que se repita el fiasco de la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI) de cuyo acuerdo se quedó fuera la patronal. Ya entonces, tanto sindicatos como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comunicaron públicamente que estarían dispuestos a una subida del 4% si a cambio se sumaban los empresarios. CEOE se negó y la subida ha sido un punto superior, del 5%. Tanto CC.OO. como UGT, los sindicatos mayoritarios que participan en el diálogo social con el Gobierno, han mostrado su interés de que en el acuerdo del tiempo de trabajo esté también la patronal, pues la reducción legal de la jornada, aunque obligue a las empresas, tendrá una aplicación distinta según sectores y empresas, por lo que debe trasladarse a los convenios colectivos.

Traslación a los convenios

Si la futura reforma de la jornada laboral se rubrica con la firma de empresarios y sindicatos, será mucho más sencillo la traslación de la medida a los convenios. No obstante, fuera de los micrófonos, ni los sindicatos ni el Gobierno creen que haya voluntad de negociación en la CEOE, máximo tras la posición mantenida durante la mesa del SMI. Los sindicatos y la propia Yolanda Díaz han resaltado que la jornada media pactada en los convenios colectivos por los empresarios está por debajo de las 38,5 horas a la que se pretende rebajar legalmente este año. Díaz apuntó este miércoles que, de hecho, la jornada media de los asalariados es de 38,2 horas semanales, coincidiendo con un informe presentado este martes por CC.OO, que fija la jornada media en cómputo anual en 1.748,57 horas, cuando la equivalencia de 38,5 horas es de 1.758,16 horas, también por encima de la pactada. No obstante, la reducción a 37,5 horas beneficiará a 12 millones, incluyendo los 2,5 millones que están en el SMI.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se mostró contrariado con el acuerdo firmado por Sumar y PSOE, alegando que no tenía sentido negociar con los agentes sociales cuando la decisión de reducción de la jornada a 37,5 horas ya estaba tomada por el Gobierno. De aquí que desde el Ministerio lancen un mensaje de “flexibilidad en sus posturas” en favor de un acuerdo de las tres partes. Garamendi suavizó unas semanas más tarde su postura inicial y se abrió a la negociación si se podían introducir posiciones diferentes por sectores. Algo, que según apuntó esta semana Unai Sordo, secretario general de CC.OO., se llevaría a cabo mediante la negociación colectiva, convenio a convenio.

El acuerdo programático del PSOE y Sumar establece que la jornada mínima será de 37,5 horas semanales, pero a partir de ahí considera que los agentes sociales puedan adaptar la nueva jornada laboral a las peculiaridades de cada actividad: “Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanal. Su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.

Control horario

Uno de los puntos más complicados de la negociación de la reducción de jornada es una revisión del control de horarios, pues se ha demostrado que el actual no es muy eficaz. Además, como destacó Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC.OO., la reforma data de 2019, y desde entonces, con el covid por medio, se han producido profundos cambios en el desempeño de las funciones, especialmente con el teletrabajo o la aparición de trabajadores expatriados, sin un sitio físico en el que trabajar. Pero al margen de cambios normativos, se precisa una mayor intervención de la Inspección de Trabajo para un control más exhaustivo. Lo que requerirá una mayor dotación tanto humana como tecnológica, según los sindicatos. Desde Trabajo señalan que entre nuevos inspectores ya en activo y pendientes de incorporarse, se ha reforzado en 600 efectivos y se ha invertido mucho en tecnología.

Aledaño al control horario, se podría poner encima de la mesa el exceso de horas extraordinarias que se realizan en España, la mitad sin ser retribuidas. Pero eso dependerá de las peticiones que los agentes sociales planteen en la mesa. Las fuentes de Trabajo confirman a ON ECONOMIA que en la reunión de arranque de este jueves no presentarán un borrador previo, siguiendo las pautas de anteriores negociaciones, donde primero se escucha las posiciones de partida de empresarios y sindicatos y luego, las tres partes presentarán sus documentos de negociación.