La Diputación de Barcelona ha contratado hasta ahora a 84 asesores, contando los asignados al gobierno provincial y a los diversos grupos políticos, que en conjunto percibirán una retribución bruta anual de cerca de 5,6 millones de euros, según las tablas salariales aprobadas por la nueva corporación que preside la socialista Maria Lluïsa Moret.
El número de asesores probablemente aumentará en las próximas semanas o meses. En realidad, la Diputación de Barcelona aprobó en su último pleno, el pasado 26 de julio, fijar el tope en 133. La anterior presidenta, la también socialista Núria Marín, cerró el mandato en junio pasado con 91 asesores, siete más que los actuales, si bien el antecesor de esta, Marc Castells, del PDeCAT, acabó en 2019 con 78, seis menos que ahora.
La Diputación de Barcelona es la tercera administración pública catalana con más presupuesto (1.242 millones de euros para este 2023) solo superada por el Ayuntamiento de Barcelona (3.596 millones) y por la Generalitat (41.025 millones). También es la diputación provincial de régimen común –las forales comen aparte– con más ingresos y la que paga las retribuciones más altas a los asesores.
En el caso de la corporación barcelonesa, estas retribuciones oscilan entre los 57.000 euros brutos anuales, de la categoría N5, y los poco más de 87.000, para la N2. Todavía no se ha nombrado ningún asesor con la categoría N1, a la que corresponde una asignación de 91.278 euros.
De momento, se han nombrado tres asesores con la categoría N2, con una retribución de 87.120 euros: José Luis Jimeno Sáez, exalcalde de Badia del Vallès y actual secretario de organización del PSC; Oriol López Mayolas, exconcejal de Mollet del Vallès y secretario de coordinación municipal y ciudades de ERC; y Carmela Fortuny Camarena, exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès que, en el anterior mandato, ejerció de vicepresidenta segunda de esta corporación provincial.
Curiosamente, en el pleno del 26 de julio se aprobó una relación de asesores que fue modificada en los dos días siguientes mediante decretos de la presidencia para incluir a cuatro eventuales de Junts per Catalunya –en la oposición– y para cambiar a Carmela Fortuny de asesora de grupo a asesora del gobierno provincial.
De los 84 asesores actuales, 30 están asignados a las áreas de gobierno de la Diputación (con una retribución conjunta de 2,26 millones de euros) y 54 en los diversos grupos políticos (con 3,30 millones de euros).
Maria Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, ha sustituido a Núria Marín en la presidencia de esta diputación con un acuerdo de gobierno cuadripartido –PSC, Comunes, ERC y PDeCAT- y el apoyo externo de la formación local Tot per Terrassa. ERC no votó a favor de Moret en la investidura, pero, posteriormente, se sumó al acuerdo. Junts per Catalunya ha quedado en la oposición.