Los economistas se han preguntado si los impuestos en España contribuyen a mejorar o a empeorar la competitividad de las empresas y los expertos que han debatido al respecto concluyen que es preciso una mayor armonización fiscal (no solo a nivel autonómico, sino también con respecto a la Unión Europea), una estabilidad normativa y sobre todo una seguridad jurídica que permita atraer nuevas inversiones a España. En aspectos más concretos y de cara a las elecciones se ha apuntado la necesidad de acciones fiscales concretas como deflactar la tarifa del IRPF a nivel estatal (una decena de comunidades ha deflactado la parte autonómica del impuesto) para evitar el impacto de la inflación o una exención en la tributación en Sociedades de los dividendos, pues en opinión de los expertos, supone una doble tributación. Valentin Pich, presidente del CGE, ha hecho suyas las conclusiones del debate.
Jaume Menéndez, coordinador del Observatorio de Fiscalidad Corporativa del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), ha introducido el debate del efecto de la fiscalidad en la competitividad, dejando claro su disconformidad con el término acuñado de “competitividad fiscal” porque “se basa en la teoría de cuántos menos impuestos mejor”. En su opinión, los ciudadanos deben decidir qué tipo de Estado del bienestar quieren y cómo financiarlo y cada país debe decidir cuál es su sistema fiscal. Dicho esto, considera que los sistemas fiscales deben estar vinculados al modelo de Estado que necesitamos y podemos financiar; al grado de intervención que se desee para el sector público; a las formas de financiar ese sector público, y a la forma en que se quiera distribuir entre generaciones los costes de la intervención estatal. En función de todo ello, “deberá definirse la política fiscal de un país y, en consecuencia, nuestra aportación estará en función de lo que hayamos decidido ser como ciudadanos”.
Ante la pregunta de qué modelo fiscal se precisa en España para ganar competitividad, Begoña García-Rozado, la máxima responsable de Fiscalidad en Iberdrola y ex subdirectora general responsable del Impuesto sobre Sociedades, ha resaltado que los impuestos, aunque muy importantes en la competitividad de las empresas, no son el único elemento. En su opinión, es importante dotar de seguridad jurídica a las inversiones (también en el plano fiscal), aunque ha remarcado que eso no significa que no se puedan cambiar las leyes. Pero sí dar “predecibilidad” a las normas para que los contribuyentes sepan cómo aplicarlas sin tener complicaciones a posteriori.
Pero tanto o más importante, ha resaltado que España debe actuar en materia de impuestos en línea con la Unión Europea (UE), responsable de generar un marco uniforme en todos los estados miembros. Como ejemplo, ha alertado de la reforma fiscal que está llevando a cabo Estados Unidos, que va a mejorar considerablemente la competitividad de sus empresas: “Europa debe responder de forma coordinada, ir hacia una armonización comunitaria que mejore la competitividad de la UE”, ha declarado. En este sentido, ha criticado que España se adelante a la aplicación de algunos impuestos (un tipo efectivo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades o las tasas Google y transacciones financieras) antes de que se aprobasen en la UE. Y, también, que al trasponerlos vaya más allá de lo establecido en el marco comunitario. En concreto, García-Rozado ha hecho referencia al tributo energético que se aplica a las eléctricas y a las empresas de petróleo y gas.
Un exceso que la responsable de los Impuestos de Iberdrola hace extensible a las comunidades autónomas. Como ejemplo, ha resaltado que algunos gobiernos autonómicos han aprobado ecotasas que gravan la generación de energía limpia, contradiciendo la filosofía de la UE de que paguen más los que más contaminan, en referencia a otras generaciones eléctricas con mayor polución. Lo que aumenta los costes de las instalaciones limpias, mermando su rentabilidad y poniendo en riesgo las políticas de descarbonización. No obstante, tanto García-Rozado como Diego Martín-Abril, ex director general de Tributos y miembro del Consejo Fiscal del despacho Gómez, Acebo & Pombo, han remarcado su respeto por la autonomía fiscal de las CCAA.
Martín-Abril ha hecho hincapié en que tenemos un sistema fiscal complejo por las competencias repartidas en materia de impuestos, por lo que considera imprescindible “una coordinación de nuestro sistema tributario en sus distintos niveles”. Y, al igual que García-Rozado, insiste de forma reiterada en generar una mayor seguridad jurídica a los inversores extranjeros y nacionales, que es sobre lo primero que preguntan cuando van a hacer una consulta en materia fiscal a la firma de abogados.
Ambos expertos, con experiencia dentro de la Administración Tributaria, coinciden también en la necesidad de una administración fiscal mucho más ágil y menos burocrática. La responsable de fiscalidad de Iberdrola considera imperdonable que se paralicen inversiones por los largos procesos de aprobación de los proyectos, por ejemplo. Una burocratización que amplían al sistema judicial, donde los casos fiscales se eternizan.
No obstante, no todo es negativo en el actual modelo fiscal español. Martín-Abril reseña el valor de las consultas tributarias que los contribuyentes pueden hacer a la Dirección General de Tributos, que aportan mucha seguridad jurídica, pues aclaran cómo actuar ante dudas concretas de la aplicación de la norma. Un modelo que existe en muy pocos países. Lo que no significa que no deben mejorar, con una reducción de los plazos de respuesta y un mayor carácter vinculante. Algo que podría contribuir a reducir la litigiosidad en conflictos con la Agencia Tributaria.