Hace apenas una semana, el pleno del Parlamento debatió varios aspectos de la estrategia catalana de adaptación al cambio climático y, entre varias cuestiones, la moción aprobada incluye el inicio de la tramitación del impuesto sobre las actividades económicas que generan gases con efecto invernadero como mucho durante el primer semestre de este año.
Esta nueva tasa, que afectará al conjunto de la industria, tendrá consecuencias negativas para el negocio de las cementeras establecidas en Catalunya porque comporta una doble imposición para el sector, que ya está sometido el régimen europeo del mercado de derechos de emisiones para controlar las emisiones de gases contaminantes.
Tanto es así que la patronal Cemento Catalán advierte que la aplicación del nuevo gravamen forzará las empresas a trasladar total o parcialmente la producción fuera de Catalunya, por la pérdida de competitividad ante el resto de fabricantes. La industria establecida en el territorio catalán tiene ya de por sí una dimensión internacional con fábricas en España y el resto del mundo, de manera que fácilmente puede deslocalizar la producción en otras plantas sin necesidad de llevar a cabo excesivas inversiones. Actualmente, en Catalunya están en funcionamiento seis fábricas que se reparten entre la catalana Ciments Molins, la francesa-suiza Lafargeholcim, el grupo español Cementos Portland Valderrivas y la mexicana Cemex y que suman una capacidad de producción de clinca de más de 7 millones de toneladas anuales, pero están produciendo al 37% de su capacidad (unos 3 millones de toneladas anuales).
Los fabricantes dicen que con la doble imposición no les saldrán los números. Por una parte, el nuevo gravamen sobre los gases de efecto invernadero establece una cuota a pagar de un valor inicial de unos 10 euros la tonelada de CO2eq, para posteriormente aumentarla hasta alcanzar un valor de unos 30 euros la tonelada de CO2eq en el 2025. Si entrara en vigor este año, se superpondría con un precio por la tonelada de CO2eq comprada dentro del régimen del mercado de comercio de derechos de emisiones que está situado, ahora mismo, en torno a los 80 euros la tonelada de CO2eq.
Lo amplificará el agravio comparativo que el sector tiene frente a sus principales rivales comerciales, los fabricantes con intereses en Turquía, un país que no ha suscrito el régimen del comercio de derechos de emisiones y que, sumado a los costes de una obra de mano más barata, comercializan la tonelada de cemento a precios mucho más bajos.
Los representantes de Cemento Catalán, con su presidente Salvador Fernández Capo al frente, han trasladado la preocupación del sector al Gobierno catalán y plantean una posible la exención del nuevo impuesto, en el bien extendido que las empresas fabricantes de cemento mantienen su compromiso en pro de la lucha contra el cambio climático, a través de las actuaciones que tienen que conducirlas a la neutralidad climática en el 2050. Mientras tanto, alertan que el estancamiento de la demanda en el mercado catalán y estatal -tanto en obra pública como de promotores privados- y la pérdida de competitividad de las exportaciones -tanto de cemento como de clinca- acentúan las negativas expectativas para 2023. "Las ventas en el exterior han sido una válvula de escape cuando el mercado doméstico está deprimido, con un consumo del cemento muy por debajo de la media europea", aseguran las cementeras.
Acumulan 11 años de estancamiento
La patronal catalana del sector expone que fábricas acumulan 11 años seguidos de estancamiento, con unos volúmenes de producción y ventas mínimos. Para contextualizar esta situación, el presidente del Cemento Catalán, Fernández Capo recuerda que "en el mismo periodo, es decir, los últimos once años, el PIB catalán ha remontado un 20%", una recuperación que no ha llegado a la industria del cemento. Eso ha conducido el consumo anual per cápita a Catalunya a quedar por debajo de los 300 kg, cuando la media de la Unión Europea supera los 400.
El año recuerdo de 2007 la producción rozó los 10 millones de toneladas, y el consumo se subió hasta casi a los 9 millones de toneladas. Desde entonces, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la falta de inversión pública han comportado un hundimiento de las magnitudes, hasta el estancamiento de la actividad con 3 millones de toneladas producidas y una demanda de 2 millones de toneladas anuales. Del total de la producción, unos 1,8 millones de toneladas se destinan a los mercados exteriores, con un ligero incremento del 0,8% en el 2022, respecto del ejercicio anterior.
A la atonía de la demanda mundial, durante los últimos años, el importe de las licitaciones en Catalunya ha sido insuficiente y siempre muy alejado de la media histórica y de las necesidades objetivas del país. En el 2022 se ha producido la paradoja de que ha habido un aumento de cerca del 25% en el volumen de licitaciones, pero "la falta de ejecución -por la falta de diligencia de las diferentes administraciones, por los concursos desiertos o por la paralización de los proyectos a causa del incremento de costes- ha mantenido en cota baja la actividad del sector", añade Fernández Capo.
El 2022 "ha sido un año muy complicado" para las cementeras con negocios en Catalunya. La invasión de Ucrania ha suscitado mucha incertidumbre económica y ha venido acompañada de un crecimiento exponencial de los costes energéticos y de la inflación, que han afectado muy negativamente los márgenes del negocio del cemento y del hormigón". El pesimismo instalado en la industria tiende a prolongarse, siempre que las expectativas para 2023 son negativas, ya que se prevé una ligera bajada del mercado.