Los empresarios de pisos turísticos de Catalunya no han tardado en expresar su indignación por todas las vías contra la nueva ley del Govern que obligará a los Ayuntamientos a pedir licencias a todos los pisos turísticos en un máximo de cinco años y a limitarlos a 10 pisos por cada 100 habitantes. La Federació Catalana d'Apartaments Turístics asegura que la nueva ley, que exigirá licencias a 95.000 de los pisos turísticos existentes en Catalunya, prácticamente el 90% del total, podría amenazar la existencia del 80% y reducir el PIB turístico de Catalunya en un 3,74%. +

Mientras que ayuntamientos del Pirineo y de la Costa Brava se han mostrado en general favorables a la nueva ley, según informa la Agència Catalana de Notícies (ACN), los promotores turísticos han criticado tanto el fondo de la cuestión como la forma, ya que aseguran que se han enterado "por la prensa". 

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) también han criticado esta medida que consideran "populista" y han alertado citando a la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) que, solo en Barcelona, las viviendas de uso turístico generan 5.000 empleos directos y cada piso genera alrededor de 3.000 euros en impuestos a las arcas municipales, lo que supone un total de 342 millones de euros al año por las 9.500 viviendas de uso turístico que existen en la capital catalana. 

La medida aprobada por la Generalitat este martes afecta a 262 municipios de Catalunya y a un total de 95.000 licencias ya vigentes. Para escoger los municipios, la Generalitat ha optado por aquellos donde existen problemas de acceso a la vivienda o ya tienen más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes, así como aquellos que cumplen ambos requisitos. Además, estos municipios no podrán otorgar licencias de apertura de pisos turísticos hasta que no adapten su planeamiento urbanístico al nuevo decreto ley de la Generalitat. 140 de los municipios tienen un mercado tensionado y demanda de vivienda habitual y 134 cuentan ya con más de cinco pisos por cada 100 habitantes. 

"Hay municipios del listado de la Generalitat como Alp, Begur, Cadaqués, Espot, Palafrugell, Pals o Salou, entre otros, en los que es absurdo pensar que el problema se resolverá con este decreto", ha expresado la API en un comunicado en el que señalaba que "la economía de España, en general, y de Catalunya, en particular, está enfocada principalmente al turismo, industria y comercio". "Se está tratando de criminalizar al pequeño propietario que trata de rentabilizar su patrimonio inmobiliario", ha dicho la API, que ha responsabilizado a la administración de paliar el déficit de vivienda y no cargarlo sobre el sector privado. 

Los API aseguran además que "no existe ninguna garantía de que las viviendas que dejen de destinarse a uso turístico pasen al alquiler de larga duración" y ha culpado de esta situación a la nueva Ley de Vivienda. "Dada la inestabilidad jurídica en la que estamos inmersos, lo más probable es que la mayoría de los propietarios opten por poner sus viviendas a la venta, dejando fuera del mercado a esa parte de la demanda que hoy no cuenta con capital suficiente para comprar y solo puede acceder al mercado mediante el arrendamiento de una vivienda", expresan las API. 

Han puesto también el foco en los consumidores, ya que "los apartamentos turísticos son una buena opción para familias que no pueden acceder a otro formato de turismo y optan por alquilar una vivienda a otro particular con el fin de contar con una residencia vacacional habitual para una concreta temporada del año", han señalado. 

La región más afectada por la regulación son las comarcas de Girona, donde 66 municipios tendrán que limitar hasta 41.131 licencias de pisos turísticos. En el Camp de Tarragona, 23 municipios tendrán que limitar hasta 20.675 licencias y en el área metropolitana de Barcelona 17.164 licencias se verán afectadas en 84 municipios diferentes.

La medida afecta municipios de 38 de las 42 comarcas. El Maresme es la que más poblaciones tendrán que cumplir con el decreto, con 25, seguida del Baix Empordà (23), el Baix Llobregat (23) o el Alt Empordà (21). El Vallès Occidental (16), el Vallès Oriental (15), la Cerdanya (14), el Pallars Sobirà (11) y el Ripollès (10) son las otras comarcas con un mínimo de diez municipios que constan al listado.

El Govern ve una relación entre la disminución de oferta de alquiler y el incremento de los pisos de uso turístico, y asegura que "la tendencia dificulta aún más el acceso de las personas y familias a una vivienda habitual en un momento de crecimiento de la demanda de alquiler".