La edad efectiva de jubilación ha subido 1,1 años en la última década y ha llegado a los 65,2 años en 2024 debido al aumento de trabajadores que se retiran a la edad ordinaria, tras la disminución de las jubilaciones anticipadas involuntarias que crecieron durante los años de la crisis financiera por los despidos.

En 2015, un 19,2% de las altas iniciales de jubilación se correspondían con anticipadas involuntarias, mientras que en 2023 ese porcentaje había bajado al 4,4%.

Según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, hasta mayo de este año se habían jubilado 138.139 personas, de las que el 70% (96.761 personas) lo hicieron a la edad ordinaria o superior con una media de 66 años, frente al 30% (41.398 personas) que se retiró de forma anticipada con una media de 63,2 años.

Desde 2013, está subiendo progresivamente la edad ordinaria de jubilación, que alcanzará en 2027 los 67 años para quienes no tengan 38 años y medio cotizados, mientras que quienes acumulen ese periodo de cotización podrán seguir retirándose con el 100%de la pensión a los 65 años.

La edad ordinaria o legal de jubilación está fijada para 2024 en 66 años y 6 meses para quienes tengan menos de 38 años cotizados, y en los 65 años para quienes alcanzan ese periodo de cotización. La edad a la que se permite la jubilación anticipada es siempre dos años menos de la edad legal vigente para la voluntaria (64 años y 6 meses en 2024, que serán 65 años en 2027) y cuatro años menos para la forzosa.

La reforma de pensiones de 2021, que se completó dos años después, tiene entre sus objetivos aumentar la edad media efectiva a la que se abandona el mercado laboral a los 66 años y medio en 2050. Para lograr ese acercamiento de la edad real a la edad legal, la reforma desincentivó la jubilación anticipada voluntaria para evitar que los trabajadores se acojan a esta modalidad nada más alcanzar la edad que lo permite, aumentando la penalización (coeficiente reductor) los dos primeros meses y bajándola a partir del tercero. También se incrementó para los tres meses previos a alcanzar la edad legal de jubilación, para que pueda merecer la pena mantenerse ocupado y poder cobrar el 100% de la pensión.

Además se recompensó la jubilación demorada, con un aumento del 4% sobre la pensión por cada año completo que se cotice después de cumplir la edad ordinaria o con una cantidad fija por año cotizado que se cobrará en un pago único una vez se acceda a la jubilación.

Esta modalidad suponía hasta 2021 menos del 5% el total de las nuevas altas anuales, mientras que subió al 5,4% en 2022, al 8,1% en 2023 y al 10,2% con datos hasta mayo de 2024 (14.088 altas inciales). La jubilación anticipada voluntaria pasó a tener más peso que la forzosa en 2019, cuando alcanzó el 15,7% de las nuevas altas en el sistema, una tasa que llegó al 19,2% el año de la pandemia, al 19,9% en 2021 y al 20,5% en 2022. En 2023 bajó al 19% y a mayo de 2024 supone el 16,6%, con 22.949 altas iniciales.