PSOE y Sumar cada vez están más solas en defensa de hacer permanente el impuesto a las empresas energéticas. Este martes, la polémica subió de tono y dos posibles socios del Gobierno para aprobar la medida, Junts y el PNV, se han mostrado reticentes a apoyarla, mientras que la cúpula empresarial española se ha puesto sin fisuras del lado de las energéticas y con duros ataques contra el ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien acusan de hacer "populismo fiscal".
La CEOE se ha sumado a Foment, que este lunes denunció el impuesto a las energéticas porque pone en riesgo inversiones en Catalunya, como los 1.100 millones que Repsol tiene previsto destinar a dos nuevos proyectos en el complejo petroquímico de Tarragona, y pidió al Govern que presionara a Sánchez para frenarlo, algo que la portavoz, Sílvia Paneque, ha evitado.
El presidente de la gran patronal española, Antonio Garamendi, ha mostrado su total sintonía con Repsol y Cepsa, que son los más afectados por el gravamen, y ha asegurado que "son impuestos que sobran", ya que "ponen en duda inversiones milmillonarias". Para el líder de la CEOE, se trata de "populismo fiscal" y ha advertido que esta manera de hacer compromete el futuro industrial de España.
Garamendi ha recordado que, inicialmente, el impuesto tenía que ser para dos años, y que hacerlo ahora permanente supone romper las reglas del juego y, por lo tanto, la estabilidad y la seguridad jurídica. "Ya empezamos a jugar el partido de una manera diferente", ha asegurado, y ha añadido que lo que buscan las empresas son entornos "de confianza".
"Hay que poner un espacio para el cual las empresas se sientan seguras, tengan seguridad jurídica y estabilidad regulatoria en el tiempo", ha insistido, y se ha mostrado preocupado porque la ausencia de estos entornos hace que se pierdan inversiones. Garamendi ha puesto como ejemplo la inversión en Portugal anunciada por Repsol este lunes, que podría no ser la última si el impuesto en el sector se hace permanente.
Repsol y Sumar, en guerra
Precisamente Repsol está siendo la empresa más dura en contra de la medida, ya que es la más perjudicada –ha pagado ya unos 800 millones de euros de impuesto en los dos años que lleva en vigor. Esta mañana, el conseller delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, publicaba un artículo de opinión en El Diario Vasco en el que advertía que "miles de millones de euros se desviarán a otros países". De hecho, el titular del artículo, Industria o populismo, ya era muy claro.
Imaz hace referencia a Sumar como el principal responsable de esta política: ve los "discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos" como "el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo el Gobierno". La formación de Yolanda Díaz, que el fin de semana presionaba a Sánchez asegurando que si no se hacía permanente el impuesto a energéticas y bancos, peligraban los presupuestos generales del Estado (PGE), cargaba hoy contra Repsol, poniendo sobre la mesa la opción de que el Estado tome una participación de control en la empresa, como en Telefónica, si no invierte en España.
Pero los PGE peligran más por el otro lado, el de los socios no estables de Sánchez. Junts per Catalunya no dará apoyo a los impuestos, como ha adelantado ON ECONOMIA, para intentar que no se aprueben y, así, Repsol y el resto de energéticas puedan llevar a cabo sus inversiones en Catalunya. Con respecto al PNV, tampoco lo ve con buenos ojos, pero lo que ha pedido es tener el control para, así, poder eximir a las empresas que inviertan en Euskadi.
El futuro del impuesto, en el aire
El futuro parlamentario de la medida, pues, se avista complicado. De momento, el Consejo de Ministros de este martes no la ha aprobado y el Congreso ha prorrogado una semana más el periodo de enmiendas del real decreto ley para subir la fiscalidad a las multinacionales, en el que se incluiría la transformación en permanente de los impuestos a bancos y energéticas. El Gobierno, sin embargo, sigue negociando con los grupos parlamentarios para salirse con la suya.
Quien no mueve pieza es el Govern. Preguntada por la polémica y por la petición de Foment de qué intercediera para defender las inversiones en Catalunya, la portavoz, Sílvia Paneque, ha apelado a la "responsabilidad fiscal" de las empresas y no ha querido dar apoyo a "rebajas de impuestos", aunque, en realidad, no sería el caso, ya que el gravamen era temporal.
"Es interés prioritario de este Govern no solo mantener las inversiones industriales, sino trabajar por la descarbonización, la electrificación... Hay muchas maneras de acompañar las inversiones en Catalunya y no todas pasan por rebajas fiscales", ha respondido la portavoz y consellera de Territori, Habitatge i Transició ecològica.