Esta semana han sucedido dos hechos que han crispado los ánimos de los agentes sociales contra el Gobierno de coalición: la aprobación en Consejo de Ministros del RDL que regula el subsidio de desempleo y la publicación en el BOE de la reforma parcial del Estatuto de los Trabajadores (ET), que impone la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los de ámbito nacional, que nace de los acuerdos de investidura firmados con el PNV. Un enfado que no se limita a la vicepresidenta segunda y responsable del área de Empleo, Yolanda Díaz, sino que se personifica en el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta el punto de que CC.OO. y UGT han pedido una reunión con el presidente de Gobierno y, fuentes sindicales confirman, que CEOE y Cepyme se han adherido a la petición.
Tanto CC. OO. y UGT, por un lado, y las patronales, CEOE y Cepyme, por otro, reaccionaron con un comunicado mostrando el malestar por las formas en que se han aprobado, ninguneando el diálogo social. Especialmente grave consideran la modificación de la estructura de la negociación colectiva, una parcela que, como comentan fuentes de la CEOE a ON ECONOMIA, es una competencia bilateral entre los agentes sociales y la interferencia del Gobierno sin consultarles tiene una repercusión muy fuerte. Aunque el enfado es manifiesto tanto en sindicatos, como en la patronal, es esta última la que se ha mostrado más contundente. Los sindicatos, aunque duros en el fondo, han querido suavizar las formas, teniendo en cuenta el conflicto en el que está inmerso el Gobierno de coalición con la tramitación legislativa de la ley de amnistía.
Convenios autonómicos
Fuentes de la CEOE muestran especialmente su indignación con la reforma de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales y recuerdan que este tema se debatió durante las negociaciones de la reforma laboral -también por las presiones del PNV- y se dejó aparte por la oposición de los agentes sociales, sobre todo de los empresarios. Estas fuentes reseñan que la legislatura arranca con mal pie en lo que a diálogo social se refiere, al “aprobar una ley ómnibus que incluye la reforma del subsidio y el cambio en la estructura de la negociación colectiva, sin haberlo negociado a los agentes sociales, ni siquiera, comunicado previamente”. Y remarcan como “poco fiable” la actitud del Gobierno, que aparcó la medida en la reforma laboral, y ahora, “se la cuelan sin negociar, lo que supone una ruptura de confianza en la negociación”.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical, señala que han mostrado su malestar porque “algo tan propio de los agentes sociales como la negociación colectiva se haya modificado sin haber sido oídos”. Y, aunque los sindicatos reconocen el papel del Ejecutivo y el Legislativo para aprobar leyes de urgencia, en este caso “no ven la urgencia de modificar el ET”. Explica que han requerido la reunión conjunta con CC. OO. con el presidente de Gobierno para que les aclare qué “papel debemos desempeñar los agentes sociales” y recuerda que la Constitución les garantiza un papel en la elaboración de las normas fundamentales del Estado. Lujan insiste en que están sorprendidos, porque el diálogo social ha dado buenos resultados en la anterior legislatura.
Sin embargo, como en CC. OO., en UGT prefieren relativizar las cosas: “hemos mostrado nuestra contrariedad por las medidas aprobadas sin diálogo social y lo hemos hecho con rotundidad, pero no necesitamos palabras gruesas para ser contundentes”. Y concluye que si las cosas siguen así, se “quebrará la confianza”. Y Lujan remarca que este cambio legal en la negociación colectiva es un “tema muy sensible para nosotros de lo que alguien pueda ver a simple vista”.
Eso sobre la forma de la reforma de la negociación colectiva, pero las quejas de Luján van también al fondo, pues entiende que tiene dos problemas básicos en su redacción: no queda claro como se conforma la mayoría necesaria para que tenga aplicación la prevalencia de los convenios autonómicos y quién será el responsable de decidir qué convenio se aplica -autonómico o nacional- con la expresión ambigua del “más favorable”.
Reacción vasca
Fuentes de Confebask consultados por este diario reseñan que ellos no han pedido esta medida al PNV, pues en 2017 firmaron un acuerdo con los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT sobre la prevalencia del convenio autonómico, por lo que de facto ya se aplica. No obstante, valoran positivamente que se haya elevado al rango de ley para mayor seguridad jurídica. Pero critican la forma y se suman a las críticas por haberse saltado el diálogo social. ELA, el sindicato mayoritario en el País y con lazos con el PNV, ha valorado como muy positiva la reforma, porque eso permitirá en las futuras negociaciones de convenios, “mejorar en Euskadi los acuerdos que pactan en Madrid los sindicatos y patronales españoles”.
CEOE y Cepyme no son las únicas patronales que se han quejado por la modificación de la negociación colectiva sin consultar con los agentes sociales. El presidente de Foment, Josep Sánchez-Llibre, la ha criticado igualmente y el sector de la construcción, en un comunicado conjunto firmado por la patronal CNC y por los sindicatos, UGT y CCOO, han pedido que se respete el “marco del diálogo social como lugar donde se afronte la estructura de la negociación colectiva”.
Subsidio de desempleo
El enfado arrancó ya el martes, cuando conocieron que el subsidio de desempleo -que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros- no tenía mucho que ver con el texto que el Ministerio de Trabajo sometió a consulta. “El jueves 14 de diciembre nos remitieron un papel sobre el subsidio para que lo viésemos en una reunión a la que nos convocaban ese mismo lunes, sin mucho tiempo para analizarlo a fondo”, comentan fuentes de los empresarios, que en esa reunión, mostraron su interés de que la reforma incentivase más la vuelta al empleo que los subsidios. Sin embargo, el texto que les enviaron no venía consensuado con el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, por lo que los agentes sociales no “consideran que se haya producido una negociación real”.