Cambios en Hacienda este 2025. El Gobierno está trabajando en la redacción de un nuevo real decreto que incrementará las obligaciones de información a la Agencia Tributaria que tendrán que cumplir todas las entidades financieras. En concreto, la reforma que está ultimando incluye una nueva declaración anual que deberán presentar todas las entidades emisoras de tarjetas, ya sea un banco o una red de gasolineras, por poner un par de ejemplos.
En concreto, estas compañías tendrán que desglosar la cifra total de operaciones y la cantidad que efectúen cada año de los cargos, recargos, retiradas de efectivo o compras, siempre que los movimientos lleguen a los 25.000 euros anuales. Además, recuerdan que esta medida se aplicará para cualquier clase de tarjeta: de crédito, débito, prepago o monedero, aparte de las tarjetas digitales o las compras en línea y en cualquier moneda.
La declaración será sobre los movimientos realizados en 2025
Esta declaración deberá presentarse a Hacienda por primera vez el próximo año, el 2026, sobre los movimientos realizados este 2025. En la declaración habrá que identificar al titular de la tarjeta, la cifra de cargos del año y su importe total, tanto de compras como de retiradas en efectivo.
El objetivo de la medida es aprobar el reglamento del nuevo impuesto mínimo global del 15% para grupos y multinacionales, cuya ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de diciembre. El real decreto también modifica el reglamento del IRPF, así como el reglamento de procedimientos de gestión e inspección tributaria. Aparte, esta reforma también incluye cambios en otros reglamentos, como el que regula los programas informáticos de facturación de las empresas.
Aprobación en el Consejo de Ministros
Ahora, tras haber sido sometido a información pública, el proyecto sobre estas modificaciones será remitido al Consejo de Estado para que se emita su preceptivo informe antes de su definitiva aprobación por el Consejo de Ministros, que el Gobierno prevé que tenga lugar lo antes posible.
Con todo ello, Hacienda lo que busca es adaptar la normativa a la lucha contra el fraude fiscal mediante la prevención del blanqueo de capitales, teniendo en cuenta la creciente tendencia de los pagos a través de sistemas electrónicos, así como la prestación de estos servicios efectuados por agentes radicados en otros países.
Finalmente, si el proyecto del real decreto tira adelante en los términos propuestos por el Gobierno, además de la declaración anual sobre movimientos de tarjetas, las entidades financieras tendrán que informar a Hacienda cada mes de todos los cobros realizados por los empresarios o los profesionales autónomos del país mediante tarjetas o mecanismos de pago asociados al teléfono móvil, como a través de las aplicaciones de banca como Bizum o PayPal, independientemente de su cuantía.