Este viernes entrará en vigor la nueva ley de vivienda, aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 27 de abril de 2023 e incluida en el BOE este jueves. La nueva medida regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario y está muy centrada en la parte del alquiler, ya que cuenta con ayudas al acceso a la vivienda, regulación de desahucios o la limitación de los precios de los arrendamientos en zonas tensionadas.

Una de las claves de la nueva ley es que los propietarios de los inmuebles serán los encargados de pagar los honorarios de las agencias inmobiliarias. En concreto, la nueva medida señala que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador”, independientemente de si son personas físicas o jurídicas, señala el texto.

"Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone. El servicio inmobiliario se presta al propietario, y, por tanto, será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere", puntualiza el documento. 

Límites a la subida del precio del alquiler

Más allá de esta medida, la ley de vivienda impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

En concreto, la nueva ley de vivienda mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC. Por otra parte, la ley permitirá rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en zonas tensionadas.

Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

Vivienda asequible

Se introduce el concepto de vivienda asequible, incentivado como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de otorgar beneficios de carácter fiscal o urbanísticos a cambio de que las viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones), se destinen al alquiler a precios reducidos para aquellas personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado. 

La ley también contempla el impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida. Además, se incrementan los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30% al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización), y del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización). La norma también prevé recargos de entre el 50% y el 150% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años, con el fin de impulsar el alquiler.