La vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha agitado el debate económico previo a la campaña electoral con una propuesta que está dando mucho que hablar: una herencia universal para que todos aquellos ciudadanos que cumplan 18 años reciban 20.000 euros para afrontar su primera etapa laboral, o bien formarse más o emprender un negocio. Díaz propone que la ayuda se apruebe automáticamente a los 18, pero que se entregue a los 23, después de un asesoramiento. La propuesta ha recibido críticas de la ministra de Economía, que cree que Díaz debería dar explicaciones sobre cómo financiarla, y también de sectores de la izquierda que defienden que este tipo de ayudas deben ir dirigidas a quienes las necesitan y no hacia toda la población, incluidos los jóvenes de familias con rentas altas. Pero, ¿es factible este tipo de ayudas?
El año pasado, en España había unas 492.000 personas con 18 años, lo que multiplicado por 20.000 euros da como resultado 9.840 millones de euros. Contando con que algunos de los jóvenes extranjeros pudieran no tener acceso a este pago porque no estén regularizados, la cifra podría quedarse en 441.000 jóvenes y, redondeando a la baja, quedarse en los 9.000 millones de euros. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ya se encargó este lunes de hacer un cálculo comparativo y recordar que el ministerio de Educación tiene un presupuesto de 6.800 millones de euros y el de Sanidad de 3.000 millones de euros. Por tanto, esta ayuda promovida por Díaz costaría tanto (o más) como dos de los ministerios más importantes juntos. ¿Cómo se pagaría, entonces, esta herencia universal?
Según ha explicado la propia Díaz en un hilo de Twitter, un nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas financiaría esta ayuda. Pero el catedrático en Economía y analista de Funcas, Santiago Carbó, alerta a ON ECONOMIA: "Una propuesta como esta descalabra las cuentas públicas". "Las cuentas públicas no dan para esto actualmente", defiende Carbó, que cree que "no hay vías para conseguir 9.000 millones de euros sin producir otros desajustes". Como comparativa, con el impuesto a la banca y a las energéticas inaugurado este año, el Gobierno recaudó 1.454 millones en lo correspondiente a la mitad del año, por lo que, contando que en total aportará 3.000 millones a las arcas públicas, la herencia universal necesitaría el triple para llegar a todos sus destinatarios.
El impuesto a la banca para conseguir estos fondos es de un 4,8% de su margen de intereses, más comisiones netas, mientras que a las energéticas les afecta aproximadamente a un 1,2% de sus negocios. Según explica en un vídeo el economista Eduardo Garzón, cercano ideológicamente a Sumar, para financiar esta herencia universal se habla de "un 10% sobre patrimonios superiores a un millón de euros sin tener en cuenta la vivienda habitual ni la carga hipotecaria", lo cual considera "muy ambicioso", ya que los impuestos a grandes fortunas, allá donde se aplican, suelen ser de entorno al 2,3 o 5%. En contra de lo que defiende Calviño, Garzón asegura que es una medida "que reduciría la desigualdad" por mucho que la reciban todos los jóvenes, pues las grandes fortunas se concentran en personas de mayor edad. "No es una medida sacada de la manga, lleva tiempo trabajada".
Del siglo XVIII a Piketty
De hecho, pese a que no ha trascendido ningún país que haya aplicado esta medida, en 2021 el Instituto Alemán de Investigación Económica propuso esta medida para Alemania, donde costaría 22.600 millones de euros a las arcas del estado, según informó Deutsche Welle.
Voces críticas como Carbó no solo atienden al alto coste de estas medidas, sino al hecho de que "en los próximos años afrontaremos un periodo de racionalización del gasto", después de haber superado la pandemia y de que se hayan reducido los impactos económicos de la invasión de Ucrania. Uno de los grandes debates que generan estas medidas, también entre sectores de la izquierda, es que son indiscriminadas, o sea, se dirigen a toda la población y no focalizadas a los más vulnerables, como sí que ocurre con la mayoría de ayudas que existen actualmente en España (el paro para quien no tiene trabajo, el Ingreso Mínimo Vital y otro tipo de ayudas). "No es nada equitativo. Las medidas indiscriminadas cada vez tienen menos peso".
Los defensores, en cambio, aseguran que las medidas indiscriminadas no solo eliminan el estigma sobre la población que las recibe, sino que además requieren menos burocracia para llevarla a cabo, porque no es necesario un trabajo de identificación y seguimiento.
La idea nace, originalmente, del intelectual radical Thomas Paine, considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Paine, en 1795, defendió un fondo que repartiera 15 libras a quienes cumplieran 21 años (origen de la herencia universal) y una pensión anual a quienes cumplían 50. El economista Thomas Piketty, por su parte, propuso en 2019 un sistema por el cual los ciudadanos recibieran al cumplir los 25 años el equivalente al 60% del patrimonio medio, unos 120.000 euros en países ricos y que en España es de unos 200.000 euros por adulto, con lo cual si se cumpliera la proporción el pago sería de 120.000 euros, seis veces más que lo propuesto por Díaz.