La reforma de las pensiones, una de las más ambiciosas del Gobierno, está atascada por la pretensión del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de alargar el cómputo de años que se utilizan para calcular la pensión de los 25 actuales a 28. La medida genera el rechazo de los sindicatos y de sus socios parlamentarios, aunque, al menos de momento, el principal escollo está dentro del Gobierno, con la oposición de Unidas Podemos. Escrivá está actualmente enzarzado en una negociación a tres bandas -agentes sociales, socios políticos y Bruselas- para sacar adelante la segunda parte de la reforma enfocada a generar mayores ingresos al sistema.
Y ha de negociar contrarreloj, pues el límite comprometido ante la CE se agotó el 31 de diciembre. Y su aprobación es imprescindible para que se apruebe el cuarto pago de los fondos procedentes del plan de la UE y, aunque desde Bruselas apuntan que los plazos son “aproximados”, no se podrá pedir más dinero hasta que la reforma se haya publicado en el BOE. Y ayer se lo dejaron muy claro al ministro español: "No cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser", dijeron este martes fuentes comunitarias al ser preguntadas por la reforma de las pensiones en España". Escrivá dijo este lunes que estará cerrada este mes o en los primeros días de marzo, pero ni los agentes sociales, ni los partidos políticos consultados por ON ECONOMIA se muestran tan optimistas. Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos son más tajantes: “ni hay acuerdo ni ha habido reuniones. Ni con nosotras, ni con los otros grupos”. A la oposición, en principio no se la espera en las conversaciones.
“Ni hay acuerdo ni ha habido reuniones. Ni con nosotras, ni con los otros grupos”
Escrivá siempre ha defendido en Bruselas que ampliaría el cómputo de cálculo de la pensión, pero no fue hasta finales de 2022 cuando desveló su propuesta concreta: para obtener la base reguladora que determine la pensión se usarán 336 meses (28 años) a escoger entre los 360 meses (30 años) inmediatamente anteriores a la jubilación. Es decir, que de los últimos 30 años de trabajo se eliminarán los 24 meses con las cotizaciones más bajas.
Pero, ¿a qué se debe el rechazo al aumento de años del cálculo de la pensión? En una carrera profesional, lo habitual es que en los últimos años los salarios sean más altos que en los primeros. Por tanto, mientras más años se computen, menor será la cotización media por año trabajado, lo que redundará en una pensión más baja. De hecho, en la reforma de 2010 se aprobó subir, de forma gradual, desde los 15 años a los 25. Pero esa es una teoría que hace años ha dejado de ser categórica, pues son comunes los despidos con 50 o 55 años, lo que baja mucho el salario de los últimos años. De aquí que Escrivá proponga que los trabajadores puedan restar los dos peores años que, cada vez con más frecuencia, están al final de la carrera laboral.
Escrivá insiste en que la propuesta tendrá un efecto neutro en el coste de la Seguridad Social; es decir, que no aumentará los ingresos, pero tampoco generará más gasto. Lo que supondría que los trabajadores beneficiados y los perjudicados serán similares. Sindicatos y partidos políticos se quejan de que el Ministerio no les ha pasado el cálculo pormenorizado, por lo que no firmarán nada hasta conocer los efectos reales sobre la pensión de millones de trabajadores. Fedea calcula que supondrá un recorte del 1% en las pensiones futuras.
Además, la estrategia negociadora de los agentes sociales ha cambiado. Exigen a Escrivá que antes de continuar avanzando quieren saber si tendrá apoyo en el Parlamento para evitarse el bochorno que supuso la aprobación de la reforma laboral, por un solo voto tras la equivocación de un diputado popular. Desde ERC dicen que no se han sentado a negociar con la Seguridad Social y que el problema sigue centrándose en el acuerdo entre el PSOE y UP. Aun así, los agentes sociales reconocen que aunque no se han realizado reuniones formales ni se ha presentado un nuevo documento hay contactos, pero a nivel individual y no con todas las partes en común. UGT ha pedido compensaciones a Escrivá para disminuir el efecto del aumento del periódo de cómputo.
Cotizaciones máximas
El segundo punto de negociación es el intento de aumentar las bases máximas de cotización, lo que elevaría los ingresos a corto plazo. En 2023 se cotiza por los primeros 53.946 euros brutos al año y si algún trabajador los supera, ni su empresa ni él pagarán a la Seguridad Social por la diferencia. La intención es ir elevando este límite un 1, 145% anual hasta 2050, un 35% acumulado, pero Escrivá no quiere que la pensión futura de estos trabajadores de mayor salario suba en la misma proporción. Fedea calcula que la pensión se incrementará diez veces menos que la cotización, un 0,115% anual, con una subida acumulada del 3%. Escrivá habla de la solidaridad de los que más ganan, pero podría generar dudas legales.
Esta medida tiene en contra a los expertos de Fedea, pero sobre todo a los empresarios que verán incrementados los costes laborales nuevamente, pues este año han tenido que afrontar una subida de 0,5% (0,1% añadido para los trabajadores) por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -un recargo aprobado el año pasado en la primera fase de la reforma de las pensiones- que en ningún caso aportará una mejora de las pensiones de los que lo pagan. Se recauda como medida extraordinaria para afrontar el exceso del gasto en pensiones que se producirá en los próximos 30 años con la jubilación de la generación del baby-boom.
Conflicto con Bruselas
El MEI es, precisamente, el tercer frente abierto que tiene Escrivá, en esta ocasión con Bruselas. El mecanismo está aprobado para ser recaudado hasta 2032 y, tras ese año, se decidirá si continua, algo que no gusta mucho a la Comisión Europea, por lo que el ministro está dispuestos a alargar el plazo hasta 2050. Lo que disgusta a los empresarios.