El Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, mantiene su propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los actuales 25 años a 30, con el descarte de los dos peores. Es decir, fijar la pensión con los mejores 28 años de cotización. Así lo ha hecho saber en la reunión mantenida este jueves con los agentes sociales en la mesa que negocia la segunda parte de la reforma de las pensiones. Escrivá desafía de esta forma a los sindicatos, pero también a Unidas Podemos que, en voz de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y portavoz de los morados en el Gobierno, se opone a ampliar el cómputo a 30 años.
Antes de la reunión, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha recalcado la posición del sindicato sobre la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones que plantea la Seguridad Social y ha insistido en que se trata de "una medida que no es necesaria en este momento". "No es que no estemos en condiciones de acordar, es que no estamos ni por la labor de negociar", ha dicho Sordo sobre esta propuesta.
Sordo ha explicado que el rechazo del sindicato se basa, además, en que la propuesta del Ministerio no es una recomendación del Pacto de Toledo y carece, por tanto, del consenso parlamentario. "Hay un elemento que está distorsionando la negociación y es lo que tiene que ver con el incremento de cálculo de la base reguladora de la pensión. Como ya hemos explicado en más de una ocasión, esta no es una materia en la que estemos de acuerdo y no hay consenso político. No existe una recomendación del Pacto de Toledo que nos emplace a incrementar el periodo de cálculo de la base reguladora. Pensamos que esta medida no es necesaria y pensamos que no hay consenso político ni social para sacarla adelante", ha subrayado.
CEOE no comparte el modelo de Escrivá
Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que no comparte ni "la premura" ni el modelo que propone el ministro José Luis Escrivá para reformar el sistema de pensiones en España. A preguntas de los periodistas en Burgos, ha sostenido que ahora “parece que hay premura de tiempo para aprobar lo que el ministro diga, pero a CEOE se le citó para una reunión el 12 de septiembre y una segunda esta misma semana". "Es algo más serio y no se puede modificar con urgencia". informa Efe.
Pensiones de los más jóvenes
El Ministerio ha defendido en la reunión de este jueves que extender el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, eliminando los dos peores, "protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales", lo que cada vez se da con mayor frecuencia, según EP citando fuentes del departamento de Escrivá. Durante la reunión de este jueves, el Gobierno ha comunicado a sindicatos y empresarios que recopilará las propuestas que han realizado en la mesa de negociación. De momento, les ha citado de nuevo para el lunes 12 de diciembre.
La propuesta que el Ministerio de Escrivá trasladó el pasado lunes a CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contemplaba la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.
Cinco meses por año
Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, este alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.
Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso EP, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.