Una buena parte de los fondos que los Gobiernos destinan a ayudas sociales para colectivos vulnerables no llegan a gastarse porque los potenciales beneficiarios no solicitan la prestación. Un fenómeno que se conoce como “non take up” (no aceptación) que preocupa, y mucho, a las administración comunitarias. En España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá -a partir de este lunes en funciones- está alarmado por la baja implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Airef, en un reciente informe, establece que sólo 284.000 hogares han cobrado esta prestación el pasado año de los 800.000 potenciales beneficiarios. Es decir, el non take up del IMV ronda el 58%, un porcentaje alto, aunque como señala la Airef, en línea con otros países comunitarios.

Para combatir la “no aceptación” y conseguir que la ayuda llegue a más familias en riesgo de pobreza severa, Escrivá ha contratado con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) un proyecto piloto para conocer las causas por las que se quedan tantos fondos sin gastar y tantas familias sin amparo. Relevante, pues a pesar de que el Ministerio de Escrivá ha puesto en marcha algunas medidas para extender el IMV, los resultados no han sido buenos. El análisis de Airef, el segundo sobre el IMV, concluye que el número de hogares se ha mantenido inalterado en 2022 respecto a 2021. La propia Airef ha resaltado “los escasos avances del ingreso mínimo vital”, una conclusión que no ha gustado nada en el Ministerio de Inclusión.

El proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation, se está desarrollando en las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, con 19 equipos encargados del trabajo de campo, pues como apunta Helder Ferreira, coordinador del proyecto realizado por EAPN, se pretende conocer si existen peculiaridades territoriales. El responsable explica a ON ECONOMIA que se parte de tres bloques de obstáculos que inciden en la baja implantación del IMV. En primer lugar está la falta de conocimiento de la prestación, pues aunque muchos potenciales beneficiarios han oído hablar de ella, desconocen en qué consiste realmente. En segundo bloque de obstáculos son barreras socioculturales que impiden o dificultan la comprensión de la información que existe sobre el ingreso mínimo vital. Y un tercero son trabas procedimentales.

Trabas procedimentales

En este último grupo, la casuística de los problemas que surgen en la tramitación es muy amplia, según Ferreira que cita algunos de los más frecuentes. Por ejemplo, cómo rellenar la solicitud y dónde y cómo presentarla, dónde satisfacer las dudas y, una de las principales, qué documentación se exige y, especialmente, dónde conseguir tales documentos o cómo recurrir si en un primer momento se deniega la solicitud. O algunos obstáculos muy concretos que de producirse desaniman a los potenciales beneficiarios que abandonan el proceso. El empadronamiento es uno de ellos, pues se solicita que todos los miembros de la unidad familiar lleven al menos seis meses en el mismo sitio. Sin embargo, es frecuente la reunificación familiar en este colectivo, por lo que puede haber algún miembro que no cumpla con dicho requisito. “Hay que apoyarles para que sepan cómo deben adaptarse a los requisitos, pues muchas veces es difícil demostrar que se cumplen”, comenta el coordinador del proyecto.

Otro de los obstáculos que hace que hogares con derecho se queden fuera son los ingresos económicos anuales, un umbral que varía según el tipo de unidad familiar y difiere cada año. El Ministerio determina los ingresos por la declaración de la Renta que deben presentar obligatoriamente, un primer hándicap, pues la mayoría de estas familias están por debajo del mínimo exento por lo que no hacen la declaración. Además, Ferreira resalta que las situaciones familiares pueden cambiar de un año para otro, incluso los propios umbrales mínimos que determinan si se tiene o no derecho al IMV. De hecho, este 2023, debido a la fuerte inflación se elevó el umbral un 15%, lo que significa que muchos hogares que están en la frontera, se habrían quedado fuera en 2022, pero ya tendrían derecho en 2023.

Pocos casos de economía sumergida

Respecto a un posible rechazo de la ayuda por estar el potencial beneficiario en la economía sumergida, Ferreira dice que se han dado muy pocos casos durante el trabajo de campo, apenas 2 sobre 2.000, aunque señala que tendrán que esperar a tabular los datos para conocer qué incidencia exacta podría tener. Pues con el proyecto no sólo se busca conocer las causas que explican el alto non take up del IMV, sino cuantificar cada tipo de obstáculo, tanto a nivel nacional como territorial, para saber qué incidencia tiene cada uno y, por tanto, buscar soluciones más eficaces. A tal fin, se ha realizado un amplio trabajo de campo que se ha finalizado hace unos días.

Previamente, según explica Ferreira, se han determinaron 400 zonas en España en las que existe un riesgo mayor de pobreza severa en las que se realizó una primera encuesta para determinar el detalle de conocimiento que tenían sus habitantes del IMV. De esas 400 zonas, se han escogido 200 en las que se ha hecho un trabajo de campo, con entrevistas presenciales, para localizar a potenciales beneficiarios que no lo estuviesen cobrando y conocer los motivos. Y, aprovechando ese trabajo, se ha ofrecido apoyo a aquellos que estuviesen interesados en solicitar la prestación. En concreto, de los entrevistados el 60% recibió apoyo y del 40% restante, la mayoría eran personas que, o no cumplían los requisitos o que ya tenían el proceso iniciado por algún otro miembro de la unidad familiar. Ahora, tras el trabajo de campo, se va a repetir la encuesta en las 400 zonas para determinar cómo ha aumentado el conocimiento sobre el IMV en aquellos sitios donde se ha realizado el trabajo de campo y sobre los que no.