El gobierno español no estará obligado a implantar un sistema de peajes en las carreteras dependientes del Estado a cambio de seguir percibiendo los fondos europeos. Así se contempla en el acuerdo alcanzado con Bruselas, que evitará que se establezca un sistema de pago por circular por autopistas y autovías, según ha avanzado La Vanguardia.
Este sistema estaba previsto que entrase en vigor en 2024. Sin embargo, después del acuerdo con las autoridades europeas, no se aplicará a partir del próximo año ni en los siguientes. Ha quedado en papel mojado.
A cambio de olvidarse de los peajes, el gobierno central se ha comprometido a aplicar soluciones para reducir las emisiones de CO₂. Así, se incluirá en la futura ley de Movilidad Sostenible una serie de medidas para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril. Esta ley quedó parada en el Congreso de los Diputados a raíz de la convocatoria de las elecciones generales. Su tramitación se reactivará cuando se constituya el nuevo ejecutivo.
Lo más destacado del acuerdo entre España y Bruselas es la supresión del llamado hito 3 por el que se obligaba a implantar peajes a partir del próximo año. Concretamente, contemplaba “establecer un sistema de financiación para la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras públicas y que internalice los costes medioambientales”. Además, se elimina la llamada “reforma C1R2” del Plan de Recuperación que obligaba a crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado", que comenzaría a aplicarse a partir de 2024, "con arreglo al principio de quien contamina paga”.
Mantenimiento de las autopistas
La consellera de Territori, Ester Capella, ha reclamado al Estado que explique "cómo hará el mantenimiento" de las autopistas sin los peajes si la Comisión Europea acaba suprimiendo esta exigencia que hizo al Estado. Según ha dicho, a estas alturas "ya hay problemas" de mantenimiento en vías que son titularidad del Estado. En este sentido, ha reprochado que el gobierno español haga una petición de este tipo cuando no hay alternativas por tren para aligerar el tráfico de camiones con infraestructuras como el corredor del Mediterráneo pendientes desde hace años. "Vamos muy tarde. Está muy bien pensar en procesos electorales, pero las misas tienen que salir de algún sitio", ha lamentado.
La titular de Territori ha recordado que una media de 30.000 camiones atraviesan diariamente la AP-7 y la AP-2. "Podemos continuar negándolo, pero existe una emergencia climática, la calidad del aire no es buena y tenemos exceso de vehículos circulando porque no tenemos alternativas, Rodalies no funciona cómo debería, no tenemos resuelto el transporte de mercancías. Se deben buscar soluciones y no podemos hacer lo mismo que se hacía hace 20 años", ha dicho.
Novedades de la nueva ley
A cambio de dejar en el olvido estas obligaciones, la nueva ley de Movilidad Sostenible introducirá tres novedades: la primera, la “obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo”. La segunda, la aprobación de una “bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de cinco años”. Y la tercera, el desarrollo de “un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías” que contemple incentivos y un plan de modernización.
La polémica de los peajes exigidos por la Comisión Europea estalló en plena campaña electoral de las generales, cuando el director general de Tráfico, Pere Navarro, afirmó en una entrevista que, a partir del próximo año, “tendremos que poner peajes por una imposición de Bruselas”. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, le desmintió de inmediato y el propio Navarro corrigió sus declaraciones. Finalmente, no se aplicarán peajes tras el acuerdo entre los ejecutivos español y europeo.