El gobierno español ha comunicado a Bruselas que mantendrá de manera “permanente” los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las energéticas con la intención de convertirlos en “impuestos”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el plan fiscal estructural que se ha enviado este martes a las autoridades comunitarias "evidentemente conlleva la extensión o permanencia de los tributos" sobre la banca i las energéticas. Esta medida se aprobó provisionalmente para dos ejercicios y, posteriormente, se amplió a un tercero.

La continuidad de estos gravámenes forma parte de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez suscritos entre el PSOE y Sumar. Estos acuerdos prevén convertir los gravámenes en un impuesto a través de una ley específica, que aún no se ha tramitado.

Para evitar que los gravámenes provisionales dejen de tener efecto a final de este año, el gobierno español puede prorrogarlos hasta que entre en vigor la ley que los convertirá en impuestos.

El Ministerio de Hacienda ha ingresado más de 5.700 millones de euros por el tributo extraordinario a la banca y energéticas en dos años: en 2024, 2.800 millones, y en 2023, otros 2.700 millones. El gobierno español anunció esta medida en el verano de 2022, cuando empezaron a subir los tipos de interés y el precio de la electricidad se disparó. Estos gravámenes, que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, "siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios", precisaron en su momento desde el ministerio que lidera María Jesús Montero.

En ambos casos, el pago del ejercicio 2024 se hizo teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023. En concreto, los gravámenes a las entidades de crédito y a las empresas energéticas alcanzaron los 2.859 millones de euros en 2024. Se trata de una cifra que estaba "en línea" con las previsiones del gobierno español y que, además, es muy similar al importe del año anterior, cuando Hacienda recaudó exactamente 2.908 millones.

Si se desglosa por sectores, la banca ha pagado en 2024 un total de 1.695 millones de euros. Y las empresas energéticas, otros 1.164 millones de euros. El ministerio de Hacienda ha defendido a capa y espada la validez de este gravamen pese a las críticas de las empresas que lo pagan, que incluso lo tienen recurrido en los tribunales.

Por otra parte, en la rueda de prensa de este martes, con respecto al resto de medidas de la reforma fiscal comprometida, Carlos Cuerpo se limitó a señalar que se están "aterrizando" con la Comisión Europea, ya que formaba parte de las reformas previstas en el Plan de Recuperación. Sin dar detalles, el ministro apuntó que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea, lo que deja "margen" para "realizar medidas de reforma en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento" económico.