El Gobierno volcará sus esfuerzos para dar un empujón a la fiscalidad medioambiental o verde durante la presidencia de la Unión Europea del segundo semestre que corresponde a España, según ha desvelado este martes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. La responsable de la política fiscal se ha mostrado convencida de que ganarán las próximas elecciones lo que permitirá sacar adelante su programa de fiscalidad para el mandato español. Igualmente, la ministra ha anunciado en la clausura de una jornada de fiscalidad organizada por CCOO que la Unión Europea (UE) está debatiendo la idea de que las decisiones fiscales no tengan que ser aprobadas por unanimidad para salir adelante -lo que permite el veto a cualquiera de los veintisiete estados miembros- y que se está hablando de ir hacia políticas de mayoría amplia.
La fiscalidad verde es una de las tres patas del programa de fiscalidad que el Gobierno llevará a cabo durante el segundo semestre del año (si las elecciones generales del 23 de julio lo permiten). Los otros dos son el Pilar 1 (la imposición fiscal de la economía digital, en especial de las grandes empresas de internet) y el Pilar 2 (la homologación fiscal en todos los países de la Unión Europea del impuesto sobre sociedades para establecer a nivel comunitario que las grandes multinacionales tributen a un tipo efectivo mínimo del 15%).
Respecto a la fiscalidad medioambiental, Montero ha mostrado la voluntad del Gobierno español para sacar adelante el paquete de medidas legislativas sobre fiscalidad verde que el Consejo Europea aprobó el pasado 28 de marzo, entre otras reforma medioambientales. En concreto, la ministra española ha hecho referencia al impuesto de plásticos, al de queroseno y a gravar el carbono en frontera. La Unión Europea adoptó un conjunto de normas en el marco del paquete “Objetivo 55” cuyo objetivo es reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos un 55% hasta 2030 respecto a los niveles de 1990. En clave política, Montero ha resaltado que los “políticos negacionistas [del cambio climático]” (en referencia al Partido Popular y a Vox, aunque sin citarlos) no son los más indicados para poder llevar a cabo una política tan ambiciosa de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero u otro tipo de gases con efectos nocivos para la salud.
La ministra de Hacienda ha comentado que los impuestos medioambientales tienen tres objetivos: en primer lugar, aumentar la recaudación; en segundo, llevar a la práctica el principio del que contamina paga y, en tercero, desincentivar las actividades contaminantes. Además de las restricciones de las emisiones de CO₂ de los turismos y furgonetas, el Consejo de Europa aprobó medidas de fiscalidad ligadas al medioambiente. En lo referente al queroseno -combustible para los aviones- al que ha hecho referencia Montero, la UE pretende imponer un sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión para los sectores de gran consumo de energía, incluida la aviación.
Productos de terceros países
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), al que también se ha referido la ministra de Hacienda, es una herramienta desarrollada por la Unión Europea que pretende fomentar una industria más limpia en aquellos países que, sin ser comunitarios, venden sus productos en los países miembros. Se pretende establecer un precio “justo” al carbono que las industrias no comunitarias emiten durante la producción de ciertos bienes. En concreto, se tiene en mente el cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. La misión es incentivar a terceros países para que sean más ambiciosos en sus objetivos climáticos y garantizar que los esfuerzos climáticos de la UE y mundiales no se vean socavados por la deslocalización de la producción desde la UE a países con políticas climáticas menos ambiciosas. El impuesto sobre envases de plásticos, que se aprobó en España hace algo más de un año, incorpora al sistema fiscal un impuesto propuesto por la UE que permite penalizaciones a aquellas empresas que no reciclan los plásticos al final de su vida útil.
El Pilar 1, que se está negociando en la Unión Europea, dotará a los estados miembros de la potestad de gravar a las empresas multinacionales de mayor tamaño por los beneficios obtenidos en su territorio. Especialmente, se está debatiendo respecto a las grandes empresas digitales que prácticamente no pagan tributos en los países donde comercializan sus servicios. Al respecto, Montero se ha mostrado “relativamente optimista”, porque considera que no se va a poder sacar adelante en la presidencia española y ha matizado que dependerá mucho de la próxima reunión de los ministros de Hacienda de los países de la OCDE, organismo del que parte la propuesta, al igual que el pilar 2.
Este segundo pilar establece que los grandes grupos multinacionales tributen a un tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades, al menos del 15%, pues estas corporaciones tienen muchas posibilidades legales para desgravarse por múltiples conceptos -incluyendo la repatriación de beneficios- que hacen que en muchos casos se tribute incluso por debajo del 5% de sus beneficios. La Unión Europea ya ha aprobado una Directiva al respecto, aunque Montero ha matizado que están trabajando sobre ella para establecer que se considera “base imponible” y sobre qué conceptos se aplicará ese 15%.
España ya ha desarrollado dos leyes para implementar en la legislación fiscal española estos dos pilares: una ley que obliga a tributar a las grandes empresas digitales, conocida como la tasa Google, y una segunda para que las multinacionales tributen al menos por ese 15%. No obstante, cuando se aprueben en el seno de la Unión Europea, tendrá que ajustar ambos tributos a la normativa comunitaria.