Después de que Portugal decidiera el pasado viernes poner fin al visado dorado o golden visa que otorga el permiso de residencia a ciudadanos no comunitarios por comprar una casa o invertir en empresas locales, España está un poco más sola entre los países europeos que lo permiten. Y, por ahora, el Gobierno no ha dicho si tiene intención de revocar esta vía, como pidió la Comisión Europea en marzo del año pasado. Irlanda y Chipre ya retiraron antes sus programas de golden visa recientemente, el primer país a instancias de la comisión y el segundo por un escándalo de corrupción. Fuera de la Unión, Canadá y Reino Unido también han dejado de concederla por motivos diversos. Hoy día, los países europeos donde puedes ser residente comprando una casa son, además de España, Grecia, Bulgaria y Malta. Austria, Suiza, Letonia, Luxemburgo e Italia también tienen visados dorados, pero hay que invertir en empresas y no basta con hacerlo en propiedad inmobiliaria.
Además de incumplir con Bruselas y no informar de sus intenciones, el Gobierno español no facilita de primeras los datos sobre visados dorados concedidos el pasado año. A las preguntas sobre por qué mantiene el visado dorado y qué piensa hacer, los ministerios implicados, Economía, que impulsó la ley, Exteriores, que concede visados, y Seguridad Social, que otorga los permisos de residencia a inversores extranjeros que ya están en España, se pasan el balón. Ninguno da un paso al frente y asume plenamente su responsabilidad sobre este asunto.
En España, donde la inversión mínima es de 500.000 euros, el programa 'golden visa' fue aprobado el año 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy, como una forma de atraer capital extranjero para recuperarse de los estragos de la crisis financiera del año 2008. Ahora bien, son diversas las voces que han alertado de sus riesgos e inconvenientes. El mes de marzo del año pasado fue la última vez que lo hizo la Comisión Europea, alertando del riesgo que ciudadanos rusos o bielorrusos sujetos a sanciones para dar apoyo a la guerra Ucrania se pudieran mover de forma privilegiada por la Unión Europea y el espacio Schengen.
No es este, sin embargo, el único riesgo asociado a este visado, que entidades como Transparencia Internacional han vinculado a cierta facilidad para hacer blanqueo de capitales o bien como "atractivo" para ciudadanos corruptos y también hay a quien alerta de posibles riesgos para la seguridad del país. De hecho, los países que han dejado de permitir esta forma de obtener permiso de residencia a partir de gastos económicos, han aludido diferentes causas, y no solo en la Unión Europea. El primer ministro portugués, Antonio Costa, aseguró el pasado viernes que lo hacía "para combatir la especulación inmobiliaria". Portugal reconoció que había recibido 6.000 millones de euros en inversión en los diez años que ha permitido la residencia a compradores de casas. Los visados ya concedidos, que dan permiso a residir por cinco años, no serán cancelados, pero solo serán renovados si se puede probar que son la residencia habitual del ciudadano en cuestión.
La ley 14/2013 de visados de inversiones establece que la ley fue promovida por el ministerio de Economía, pero que es el ministerio de Exteriores quien lo aplica. Las cifras hasta ahora publicadas son, sin embargo, del ministerio de Seguridad Social y Migraciones, que es quien gestiona la Unidad de Grandes Empresas que, según los abogados consultados y su propia web, gestiona estas peticiones. A pesar de eso, fuentes del ministerio de Seguridad Social han declinado hacer declaraciones sobre la situación actual o las intenciones relativas o bien informar de las estadísticas, y dicen que es Exteriores quien se ocupa. Hasta la publicación de esta noticia, ni Exteriores ni Seguridad Social han facilitado datos ni han dado pistas sobre la intención del Gobierno respecto a este visado, como tampoco las fuentes del ministerio de Economía, que vuelven a remitir al de Inclusión y Seguridad Social. Fuentes del partido liderado por Íñigo Errejón, Más País, aseguran que ellos también tuvieron "dificultades" para encontrar datos al respecto cuando, hace unos días, pidieron en el Congreso de los diputados al Gobierno que retire esta opción de visado, que definían como "atajo clasista".
En el estado español, el visado dorado se puede conseguir a partir de la ley 14/2013 por cuatro vías diferentes: la primera, y más habitual, es realizar una inversión de 500.000 euros para comprar un inmueble; la segunda, invertir dos millones en activos financieros de 'estado como deuda pública, la tercera invertir en partir un millón de euros en acciones o participaciones de empresas españolas y la cuarta hacer una inversión en un nuevo proyecto empresarial que cree puestos de trabajo y contribuya al tejido del territorio, independientemente de la cantidad.
Los requisitos para obtenerlo se limitan a no ser ciudadano de la Unión Europea, tener más de 18 años, tener un seguro médico privado, no tener antecedentes penales en tu país u otros países donde se ha residido en los últimos cinco años y disponer de medios económicos que, más allá de la inversión, demuestren que puedes mantenerte en el país.
Un visado en 20 días
Más allá de los requisitos, lo que sorprende es la velocidad a la cual se expiden estos documentos: en veinte días está listo. La web de la agencia especializada en este tipo de visados Henley Global expone en una lista el que tarda cada uno de los países del mundo que permiten este tipo de visados y España es el más rápido de todos. Solo Panamá, que puede expedirlos a partir de 30 días, se acerca.
La abogada experta en extranjería y en este tipo de visados Cristina Romero, del despacho Antonio Segura, explica que "el visado por inversión inmobiliaria es el más común y el más sencillo". "A veces se puede retrasar un poco si falta documentación", añade. Sobre la procedencia del dinero, que es una de las preocupaciones expuestas por la Comisión Europea, asegura que "el estado no investiga nada" la procedencia del dinero, responsabilidad que queda a cargo del banco que abre una cuenta a España al solicitante en cuestión. "El problema lo tienen cuando no les abren una cuenta bancaria, porque el rastreo de dinero viene antes y lo hace el banco", añade.
Sobre este registro previo, fuentes financieras detallan que "la solicitud de información es muy exhaustiva, sobre todo cuando son ciudadanos de fuera de la Unión Europea" cuando se trata de abrir una cuenta bancario. "Si las autoridades y gobiernos confían en los bancos como herramienta de prevención, es porque son controles muy exhaustivos", añaden estas fuentes, que aluden a los estándares Know Your Customer, procedimientos internacionales que empresas y bancos hacen para conocer al cliente.
Una vez abierta la cuenta, sin embargo, "compras la propiedad, te registras y una vez tienes el registro demuestras unos ahorros en función de cuánta gente seáis a la familia y ya está", explica, de nuevo, la abogada Romero, que alerta del gran "contraste" con otros procesos migratorios como la solicitud de asilo, que puede llegar a tardar tres años a seco concedido.
Christian Balcells, del despacho de abogados Balcells, calcula que durante el 2022 acompañaron 600 demandas de golden visa, la gran mayoría aprobadas. "La mayoría son norteamericanos y británicos, pero también porque es nuestro mercado. De rusos, desde antes de la guerra ya iban viniendo menos", explica. Mayoritariamente, añade, son inversiones de entre 500 y 800.000 euros, "cada vez hay menos inversores que pongan más" y la más frecuente es, de largo, la inmobiliaria. "La mayoría de nuestros clientes se instalan en Barcelona, antes teníamos más en la Costa Brava, y también tenemos unos cuantos que van a la zona de Castelldefels, Vilanova y Sitges y, fuera de Catalunya, en Andalucía, Málaga, Mallorca y Valencia", desarrolla. "Hemos tenido alguna denegación por antecedentes penales, porque hay una preocupación por la seguridad, pero los bancos son muy meticulosos con el origen de la pasta", dice Balcells.
La plataforma contra la corrupción Transparencia Internacional, sin embargo, alertó ya en un informe del año 2018 que los visados dorados comportan "serios riesgos de corrupción", a causa de falta de diligencia, conflictos de interés y a la libertad que tiene cada estado para establecer sus criterios y procedimientos, al margen de ninguna normativa europea. En los diez años hasta 2018, Transparencia Internacional cifraba en 100.000 las residencias en territorio europeo concedidas, así como 6.000 nacionalidades, ya que hay países como Austria que también las favorecen.
España, con 24.755 residencias concedidas (entre inversores y familiares), aparecía como uno de los países favoritos por los inversores, que habían aportado 976 millones de euros cada año al país. China (7.118 residencias), Rusia (4.715), los Estados Unidos (4.327), la India (3.233) y Venezuela (3.116) eran las principales nacionalidades que participaban. Transparencia Internacional pedía establecer estándares europeos con transparencia y diligencia, identificar y evaluar los riesgos de estos programas en toda la Unión Europea, mejorar los controles y sancionar aquellos países de la Unión Europea con programas de visados dorados que puedan amenazar la seguridad de los países.
La Comisión Europea, en la misma línea, hizo un informe el año 2019 con advertencias similares, pero fue más lejos con su recomendación pública de marzo del año pasado, cuando pidió que "se deroguen inmediatamente todos los regímenes de ciudadanía para inversores existentes". Didier Reynders, comisario de Justicia y Consumidores, afirmó que "los valores europeos no están en venta". "Consideramos que la venta de la ciudadanía a través de pasaportes dorados es ilegal conformemente al Derecho de la UE y plantea graves riesgos para nuestra seguridad. Abre la puerta a la corrupción, el blanqueo de capitales y la elusión fiscal. Todos los estados miembros afectados tienen que poner fin inmediatamente a sus regímenes de ciudadanía para inversores", añadió.
En consonancia con la recomendación, Irlanda canceló su programa de visados dorados el pasado 14 de febrero, tal como antes habían hecho países de fuera de la Unión Europea como el Canadá, a principios de este año, o el Reino Unido, el año pasado. Al principio de este año, además, el gobierno británico reconoció que encontró vinculación entre estos visados y casos de corrupción.
Más grave fue el caso de Chipre, que canceló su programa de visados dorados el año 2020, después de que Al Jazeera publicara que funcionarios estatales habían ayudado a inversores ricos a evitar procesos judiciales con la obtención de pasaportes de Chipre.