Más de 700.000 personas en España no disponen de acceso presencial a servicios bancarios, ni sucursales para realizar gestiones ni cajeros para retirar dinero. La cifra equivale al 1,5% total de la población a cierre de 2021, personas que se concentran fundamentalmente en zonas rurales o municipios de interior escasamente poblados. A pesar de las medidas puestas en marcha tras la crisis financiera de 2008, como las oficinas móviles o las subvenciones públicas para instalar cajeros en dependencias municipales, el Banco de España cifra en 3.389 la cantidad de municipios que cartografían el mapa de la exclusión financiera en España.

Además, en los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto que el riesgo de exclusión financiera no depende no solo del lugar de residencia, sino también de las capacidades digitales de la población y su adaptación a la banca online. La población de mayor edad es la más vulnerable y, por lo tanto, la que más necesita poder acceder a efectivo y realizar gestiones presenciales al tener menores capacidades digitales.

Para tratar de resolver esa carencia, el Banco de España trabaja con las entidades financieras para el posible lanzamiento de programas piloto en España para evaluar la efectividad de medidas alternativas de acceso a servicios bancarios presenciales en el ámbito rural como las que se han puesto en marcha en Reino Unido, uno de los países pioneros en Europa junto a Suecia y Países Bajos en la lucha contra la exclusión financiera.

El objetivo, según explica la entidad que dirige Pablo Fernández de Cos en una publicación monográfica reciente, el objetivo es ir más allá de las medidas que se han comprometido a adoptar las principales patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC, para garantizar la inclusión financiera en entornos rurales y la accesibilidad de las personas mayores con mejor atención presencial en oficinas, ampliación de horarios o estableciendo canales prioritarios para esta población.

El programa piloto de Reino Unido en el que se inspira el Banco de España y las entidades financieras es una iniciativa independiente respaldada por los principales bancos, asociaciones de consumidores y asociaciones que representan a pequeños comercios del país. Bautizado como Community Access to Cash, se puso en marcha en diciembre de 2020 por un periodo de once meses, pero algunas medidas se han demostrado tan efectivas que se mantienen actualmente.

Oficinas multimarca

Las pruebas piloto se basaron en una amplia gama de soluciones en diferentes ubicaciones, incluidos los nuevos bank hubs que prestan servicios bancarios básicos en oficinas compartidas por diferentes entidades. También se evaluaron otras iniciativas como la implantación de cashback en tiendas locales, que permite retirar efectivo al realizar una compra y que cuenta con una alta penetración en Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo, país en el que los principales bancos han llegado a un acuerdo para no cobrar por retirar efectivo a las personas más mayores.

De la evaluación realizada en Reino Unido se concluye que las sucursales multimarca cubren la mayor parte de necesidades de la clientela. Su éxito ha permitido que se generalice este modelo en el que un grupo de bancos ofrece operaciones bancarias básicas en municipios de reducido tamaño, en general rurales, en un mismo local, lo que les permite aprovechar las economías de escala inherentes al negocio bancario tradicional.

El programa piloto de Reino Unido también ha tenido un impacto importante en la población de rentas bajas, al ofrecer una vía de acceso gratuita al efectivo. Por el contrario, las pruebas menos exitosas han sido las soluciones más intensivas en tecnología porque las personas que más utilizan el dinero en efectivo generalmente no se sienten tan cómodas con la tecnología como el resto.

Suecia obliga por ley a instalar cajeros automáticos

Junto a Reino Unido, Suecia y Países Bajos son los otros países a la vanguardia en la lucha contra la exclusión de los colectivos vulnerables por la digitalización del negocio bancario y el cierre de oficinas. En Suecia, ante el riesgo de desaparición del efectivo, los grandes bancos están obligados por ley desde 2021 a proveer un punto de acceso al efectivo en un radio de 25 kilómetros al 99,7% de la población. Finlandia y Reino Unido trabajan en una iniciativa legislativa similar. 

Hasta ahora, los cajeros automáticos compartidos y las oficinas de correos son las soluciones más extendidas en los países europeos para garantizar el acceso al efectivo. Las redes de cajeros multimarca, que permiten compartir el gasto de instalación y de mantenimiento de los cajeros entre un grupo de entidades para instalarlos donde su rentabilidad no está garantizada, están más implantados en países como Portugal, Finlandia, Países Bajos y Suecia, incluso desde hace décadas.

Varios gobiernos europeos han recurrido también al sector privado para colaborar en la lucha contra este problema con medidas como el uso de la red nacional de oficinas de correos para ofrecer determinados servicios financieros por su vertebración en todo el territorio. Uno de los mejores ejemplos es el de Poste Italiane, que prevé instalar cajeros para retirar efectivo en 254 pequeñas localidades en las que no hay una oficina de correos.

Solo el 38% de los mayores opera online

Según el Banco de España, los españoles mayores de 65 años realizan aproximadamente el 70% de sus pagos en comercios físicos en efectivo, mientras que el 41,7% acuden al menos una vez al mes a retirar efectivo a la ventanilla, frente al 13,3% que se observa para el conjunto de la población. De acuerdo con Eurostat, si bien un 65% de la población española utilizó la banca online durante los tres primeros meses de 2021, este porcentaje se reduce hasta el 38 % en el caso de la población con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años.