Las lecturas que se hacen de la presión fiscal comparada por países son muchas y, casi siempre interesadas, aunque la más fiable es la que realiza Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. En 2021, a falta de conocer los resultados del pasado año, los impuestos y las cotizaciones sociales (usadas para medir la presión fiscal de un país) que aportaron los ciudadanos y empresas sumaron 470.937 millones de euros, equivalente el 39% del PIB de ese año. Por debajo de la presión fiscal de la media de los 27 países de la UE que supuso el 41,7% del PIB comunitario. Ese 39% sitúa a España como el duodécimo país con mayor presión fiscal de los 27 estados miembros.

Visto desde el crecimiento de la presión fiscal, España registra la segunda mayor subida de los últimos diez años tras Eslovaquia, donde aumentó 7,4 puntos porcentuales o pp. En España la presión fiscal ha crecido 5,7 puntos pues se ha pasado del 33,3% del PIB en 2012 al 39% de 2021, 4,5 pp por encima de la media de la UE que se ha incrementado 1,2 pp esta década. Sin embargo, dado que el aumento ha sido también muy fuerte en otros países, España se ha limitado a avanzar cinco puestos en el ranking europea de las presiones fiscales, pues en 2012 estaba en décimo séptima posición y trepa a la duodécima.

Entre los países donde más se ha incrementado la presión fiscal, tras Eslovaquia y España están Lituania (5,3 pp), Bulgaria (4,6 pp), Polonia y Chipre (4,4 pp), Países Bajos 4,1 pp) o Portugal (3,2 pp). Aunque también hay estados comunitarios que han reducido la presión fiscal de sus ciudadanos y empresas con Irlanda en cabeza que la ha rebajado 7,7 puntos porcentuales en diez años y se ha colocado a la cola de todo la UE con un 21,9% de su PIB. Desde otros estados se ha acusado a la isla de “dumping fiscal” por su política de bajos impuestos a las empresas para atraer grandes multinacionales, especialmente tecnológicas. También han reducido su presión fiscal Hungría, 5 pp en la década, Bélgica 1,8 pp -aunque es de las más altas de la UE con el 46% de su PIB- y Malta 1,6 pp.

Otra manera de valorar la presión fiscal es compararse con países de una dimensión similar y entre las cinco grandes economías comunitarias, España está la última. En cabeza, solo superada por Dinamarca (48% del PIB en 2021), está Francia con una recaudación fiscal (impuestos más cotizaciones a la Seguridad Social) de 1,17 billones de euros en 2021 equivalentes al 47% de su PIB. Italia con unos ingresos de 776.122 millones de euros tuvo una presión fiscal del 43,6% del PIB, Alemania recaudó 1,53 billones de sus empresas y sus ciudadanos, equivalente al 42,4% de su PIB, y los Países Bajos, con 343.897 millones de euros, un 40,2%. España, con 470.937 millones, colocó su presión fiscal en ese 39%.

Datos polémicos

Recientemente, el Instituto de Estudios Económicos, perteneciente a la CEOE, presentó un informe según el cual la presión ha crecido 3 puntos porcentuales el pasado año (en los diez años anteriores ha crecido 5,7 pp) hasta elevarlo del 39% de 2021 al 42% en 2022. Y advertía de que estábamos en máximos históricos, algo frecuente en los últimos diez años, pues en solo dos ocasiones se ha reducido ligeramente la presión fiscal. Además, comparaba ese 42% con el 41,7% de 2021 de la UE, aunque advertía de la diferencia temporal. Habrá que ver si Eurostat avala esta previsión y conocemos la media de los veintisiete.

Igualmente, el IEE aprovechó para presentar un dato paralelo, conocido como esfuerzo fiscal o índice de Frank que mide los impuestos no en relación al PIB, sino a la renta per cápita. “El esfuerzo fiscal, esto es, la presión fiscal normalizada en función de la renta, por su parte, ya es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea", alertó el presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa.

“Todos podemos improvisar determinados indicadores, pero si no lo hacemos en el entorno de lo que manejan todos los organismos internacionales, podemos perdernos en esa comparación”, contestó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al informe de la CEOE.

Un índice poco usado

Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo e investigado de Funcas, explica a ON ECONOMIA que lo lógico es usar el cociente entre recaudación y PIB (presión fiscal) que es un indicador de cálculo sencillo y transparente, disponible para la práctica totalidad de países del Mundo, de uso muy extendido y que ofrece una buena perspectiva general y extremadamente sintética del nivel de imposición en un país. Este ratio se conoce como presión fiscal y propuestas como el índice de Frank son claramente peores, declara Lago que se remite al profesor de la Carlos III, José Luis Ferreira.

Al respecto, Ferreira considera el índice Frank “presenta numerosos problemas y apenas se usa, aunque ocasionalmente aparece en informes para señalar que, a pesar de tener una presión fiscal sensiblemente menor, España realiza un mayor esfuerzo fiscal que países de nuestro entorno”.

A partir de ahí, Lago declara que tiene todo el sentido e interés evaluar impuesto a impuesto (IRPF, Sociedades) o presión por bases imponibles (imposición sobre el consumo, sobre la riqueza, sobre el capital, etc..). En este caso, explica, existen diferentes herramientas que se adaptan mejor o peor a cada impuesto. Existen debates académicos al respecto, pero lo más razonable es dirigirse a fuentes oficiales solventes y que ofrecen información comparable internacional. Por ejemplo, la Comisión Europea en referencia a Eurostat.

Composición de la presión fiscal

Según Eurostat, del 39% del PIB que supusieron en España en 2021 los ingresos públicos, el 16% lo recauda la Administración central (193.353 millones); el 13,4% la Seguridad Social (161.353 millones de euros); las comunidades autónomas el 6,1% (73.104 millones) y un 3,3% la administración local (40.103 millones). Sobre el 41,7% de la media de la UE, la administración central recauda el 19%, la Seguridad Social el 14,7%, las haciendas territoriales el 3,4% (la mitad que en España) y las locales el 4,3%. En ambos casos, la UE se queda dos décimas del PIB.

Con datos, esta vez de la Agencia Tributaria, del dinero recaudado por la Administración central proviene de los impuestos directos el 55,7% del total, con una preeminencia del IRPF que aporta el 42,3% y las empresas, con el Impuesto de Sociedades, contribuyen al 11,9%. Los indirectos, que se aplican sobre la compra de bienes y servicios, suponen el 43,3% de los ingresos, mayoritariamente el IVA que aporta a la Administración central el 32,4% de sus ingresos. Respecto a la Seguridad Social, del total de lo recaudado en 2021, el 82,5% fueron las cuotas abonadas por las empresas y el 17,5% las de los trabajadores.