Poco después de que arrancara la invasión rusa en Ucrania, el ministro de Exteriores, José Luis Albares, anunció que España suspendía la concesión de golden visa, que permite vivir en el país a cambio de inversiones empresariales o inmobiliaria, a ciudadanos rusos. Sin embargo, España siguió y sigue concediendo el permiso equivalente, es decir, el que se pide desde suelo español y tramita el ministerio de Seguridad Social y Migraciones por el mismo motivo, tal y como explicó el pasado mes de febrero ON ECONOMIA y como ha reconocido al fin el gobierno español. Lo ha hecho, después de dar evasivas en su día a este medio, en respuesta a la Comisión Europea tras una pregunta de la eurodiputada independiente de las listas de Junts, Clara Ponsatí.
Según la respuesta de la Comisión, "España ha explicado que no hay bases legales en el país para rechazar una petición de este tipo de permisos basándose solo en la nacionalidad, a no ser que corresponda a personas que están en la lista de sanciones de la Unión Europea". "España ha aclarado que aunque los visados para inversores para los nacionales rusos ha sido suspendida, esta suspensión no se aplica a permisos de residencia para inversores", reza la respuesta de la Comisión Europea. Aunque el ministerio de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció que el Gobierno (la decisión implica a su ministerio, al de Economía y al de Exteriores) "estudiará" dejar de conceder estos permisos, poco después aseguró que "no es un asunto prioritario".
La Comisión aclara en su respuesta que sus recomendaciones de retirada de visados "deben cumplir con el principio de proporcionalidad, derechos fundamentales y la ley nacional", por lo que sin entrar a valorar específicamente la medida se desmarca de un cuestionamiento severo como sí que hizo en relación con las golden visa.
La diferencia entre la golden visa y el permiso para inversores es básicamente el país desde donde se solicita y la entidad que lo gestiona. El visado se solicitaba en un consulado (en este caso el ruso) y da permiso para entrar en el país, mientras que el permiso se pide ya en territorio español. El requisito y el permiso de residencia es el mismo y se concede a cambio de inversiones de medio millón de euros en el caso de las viviendas o propiedades inmobiliarias o de un millón de euros si es una inversión o acciones en empresas o banco español. Portugal, Irlanda y Reino Unido dejaron de concederlo en los últimos años por los diversos recelos que comporta y que llevaron de hecho a la propia Comisión Europea a recomendar su eliminación porque suponía una discriminación económica para ciudadanos extracomunitarios.
Un visado en retirada
Portugal aludió a un encarecimiento de la vivienda debido a estas inversiones a cambio de permiso de residencia, mientras que Reino Unido investigaba posibles vínculos de las inversiones con la corrupción. Este riesgo es, aparte de la discriminación, otro de los apuntados por la Comisión Europea o Transparencia Internacional relacionado con estos visados: aunque los bancos rastrean el origen del dinero y los países piden certificado de antecedentes penales, el control es limitado y las posibilidades de que los inversores extranjeros estén vinculados a mafias o a la corrupción existen.
España no informa públicamente, a diferencia de lo que hace anualmente por ejemplo con la concesión de asilo, de la cantidad de permisos y visados golden que otorga cada año y de sus nacionalidades. Tampoco tiene una estadística accesible unificada de los dos ministerios, por lo que hay que preguntar por separado a cada uno de ellos, una falta de transparencia que ha sido denunciada por la ONG Transparencia Internacional y que dificulta conocer bien los datos y entender la diferencia entre permisos y visados.
A través del portal de transparencia, el ministerio de Seguridad Social y Migraciones reconoció que 17.792 ciudadanos extracomunitarios (4.414 de ellos rusos, segundo país más representado después de China) recibieron este permiso entre 2013 y 2022 y aportaron 13.000 millones de euros al mercado inmobiliario, mientras que el ministerio de Exteriores cifró en 5.409 los ciudadanos que obtuvieron el visado, pero no informó de las cifras de inversión. Tan solo de ciudadanos rusos, España recibió 3.400 millones por los permisos golden entre 2017 y 2022.
O sea, que a la práctica, aunque España suspendiera el programa de golden visa, la mayoría de permisos dorados se concedieron ya en suelo español, por lo que basta con viajar a España como turista o como estudiante para optar a la posibilidad de tener permiso de residencia en España y posibilidad de viajar por el espacio Schengen a cambio de un buen puñado de euros, lo que contrasta con las dificultades que tienen para entrar en el sistema quienes no cuentan con privilegios económicos.
Venta de visados en el Caribe
El pasado mes de octubre, una investigación de The Guardian reveló la posible venta de golden visa en Dominica, un país del Caribe cuyos ciudadanos están exentos de visado para viajar por la Unión Europea por un acuerdo bilateral. A cambio de dinero, el estado caribeño habría vendido la ciudadanía a un ex espía afgano, un millonario turco condenado por fraude y un ex coronel de Muammar Al Gaddafi, entre otros. Además de Dominica, otros cuatro estados habrían vendido un total de 88.000 visados a ciudadanos iraníes, chinos y rusos, según denunció la Unión Europea dando validez a esta publicación. La UE pidió reforzar el control de estos visados cuestionados allá donde se otorgan.
La Comisión Europea hizo un informe en el año 2019 muy crítico con este tipo de permisos y pidió que "se deroguen inmediatamente todos los regímenes de ciudadanía para inversores existentes". Didier Reynders, comisario de Justicia y Consumidores, afirmó que "los valores europeos no están en venta". "Consideramos que la venta de la ciudadanía a través de pasaportes dorados es ilegal conformemente al Derecho de la UE y plantea graves riesgos para nuestra seguridad. Abre la puerta a la corrupción, el blanqueo de capitales y la elusión fiscal. Todos los estados miembros afectados tienen que poner fin inmediatamente a sus regímenes de ciudadanía para inversores", culminó.