Sindicatos y Ministerio de Trabajo han cerrado un preacuerdo sobe el Estatuto del Becario (Estatuto de las personas en Formación Práctica no laboral en el ámbito de la empresa) según adelantaba este viernes El País y confirman a ON ECONOMÍA fuentes sindicales. Estas mismas fuentes apuntan que todavía faltan algunos detalles que cerrar, por lo que de momento se trata de un preacuerdo, aunque consideran que el acuerdo será inminente. Como ya adelantó este diario, la CEOE se queda fuera del acuerdo, al considerar que la negociación había dado un giro con el último texto remitido por el Ministerio de Trabajo, el 31 de marzo pasado.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha confirmado este viernes que está ultimando un acuerdo sobre el denominado Estatuto del Becario que responde a los objetivos planteados al inicio de la negociación en la Mesa de Diálogo Social que abordaba esta materia, "como era la definición de los límites de las prácticas, sin equívoco para evitar nichos de fraude laboral. También se limitan de forma severa las prácticas extracurriculares, y qué tipos de enseñanzas regladas podrán ofertar estas prácticas laborales". El documento también prevé establecer un régimen sancionador que garantizará el cumplimiento de la norma, según estas fuentes.
Ante los intentos de acercamiento de los últimos días por parte del Gobierno para poder cerrar un texto antes de que se forme un nuevo gobierno, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció que no aprobaría ninguna norma con las Cortes disueltas por el proceso electoral. Fuente de UGT han señalado que el texto recogerá gran parte de las demandas sindicales, como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio.
El texto, que siempre se planteó como un Real Decreto-Ley y no como proyecto de ley, se ha de aprobar en el Consejo de Ministros primero, para ser luego tramitado en la Diputación Permanente del Congreso, por estar las Cortes disueltas. En esta situación, solo se pueden tramitar Reales Decreto Leyes que dan aprueba o rechaza en su conjunto el texto presentado por el Gobierno. Aunque fuentes del Congreso afirman que legalmente sería posible que la Diputación Permanente aprobase que el texto se aprobase posteriormente como proyecto de ley es algo altamente improbable que no se ha producido nunca, porque debería aprobarse antes de que se configurasen las nuevas Cortes. El texto se debe terminar de negociar con los socios del Gobierno, en concreto ERC y PNV, que se han mostrado muy duros con las propuestas del Gobierno. Además, el proceso electoral dificultará recabar apoyos en la Diputación Permanente.
En principio, no se aprobará este martes
Las fuentes consultadas consideran que el texto no está todavía maduro como para ir al Consejo de Ministros este próximo martes. Además, el Ministerio de Trabajo quiere sacar partido al que puede ser el último acuerdo en esta Legislatura, aunque sea solo con los sindicatos, por lo que es previsible que se produzca un acto protocolario de la firma, algo que sucedería en un par de semanas.
Entre las modificaciones incorporadas en el último texto, que básicamente es el que se va a aprobar con algunos retoques, se establece que “la suma total de prácticas curriculares y extracurriculares vinculadas a los títulos propios de las Universidades no podrán superar el 25% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación”. Igualmente, se incorpora un prolijo número de sanciones para las empresas o las instituciones públicas que tengan estudiantes en prácticas no laborales.
Otro aspecto que regula el texto, aunque se lleva barajando desde los primeros borradores, es la obligación de las empresas o las instituciones públicas que acojan a los estudiantes en procesos formativos de compensarlos por los costes en los que puedan incurrir. Estos costes se determinarán en el acuerdo suscrito entre la empresa y el centro formativo al que pertenezca el estudiante en prácticas no laborales, “por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación incurra, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención”.
No obstante, el Gobierno abre la puerta a establecer algún tipo de ayudas. Así, el borrador del 31 de marzo establece que las empresas no estarán obligadas a abonar dichos gastos si existen otras “becas o ayudas que los cubran”. Además, la compensación se entenderá resarcida por la puesta a disposición del estudiante de todos los servicios necesarios o, en el supuesto de que la formación práctica lleve aparejada una asignación económica (de carácter voluntario por parte de la empresa), “cuando esta por sí misma o unida en su caso a otras becas o ayudas, sea suficiente para su cobertura total”.
Los rectores de las Universidades se han mostrado contrarios a la compensación de los gastos a los estudiantes, pues entiende que supondrá un coste difícil de asumir por las administraciones públicas, mayoritarias en las prácticas de estudiantes universitarios. En una carta, a la que ha tenido acceso ON ECONOMIA, advertían a los negociadores que de llevarse a cabo la obligación se pondrían en peligro el 60% de las prácticas de los estudiantes universitarios, ya sean curriculares o extracurriculares.