Los rectores de las universidades se temen una pérdida del 60% de las prácticas que realizan actualmente sus becarios. Desde la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), han advertido a los negociadores del estatuto del becario (Estatuto de las Personas en Formación Práctica no laboral en el ámbito de la Empresa) que de mantenerse la obligación de compensar a los becarios por los gastos que se deriven de sus prácticas, se producirá un derrumbe en la oferta de prácticas que ponen a disposición de los universitarios empresas y administraciones públicas. Así lo explican a ON ECONOMIA fuentes que han tenido acceso a una carta que la CRUE ha enviado a los participantes en la negociación (sindicatos y empresarios), en la que se quejan de haberse quedado fuera de una negociación que les atañe directamente. La intención era mostrar su opinión ante lo que parecía el último intento del Ministerio de desbloquear la negociación.
Los responsables de las universidades entienden que las empresas y ciertas instituciones con menores recursos que actualmente ofertan prácticas a los universitarios -algunas obligatorias para sacarse el título como en el caso de las curriculares- dejarán de participar en este tipo de formación, pues no podrán satisfacer el coste que supone compensar por los gastos como se establece en los borradores de negociación, según las fuentes consultadas. No obstante, estas mismas fuentes apuntan a que los rectores están especialmente preocupados por las prácticas que realizan sus estudiantes en organismos públicos, que suponen el 60% del total, especialmente en ciertas áreas con un gran peso del sector público. Los responsables de las universidades españolas consideran que muchas instituciones públicas no tendrán capacidad presupuestaria, ni partidas concretas, para poder abonar estas compensaciones.
Una gestión muy compleja
Además, según las fuentes consultadas por ON ECONOMIA, desde la Universidad se critica que tal y como se ha planteado la compensación supone una gestión muy compleja, sobrecargando al personal de las administraciones -que ya de por sí tendrán que dedicar horas de trabajo a las tutorías de los estudiantes en prácticas-; incluso, comentan estas fuentes, los rectores consideran que sería necesario contratar nuevo personal para hacer frente a la burocracia que conllevan las prácticas.
Esta queja de un exceso de burocracia por parte de las Universidades ha tenido su reflejo en la negociación. Así, en el penúltimo borrador (del 9 de marzo) al que ha tenido acceso ON ECONOMIA, se suprimió una disposición incorporada en el anterior texto, que exigía un control interno por parte de las universidades de las prácticas. En esta disposición, el Ministerio de Trabajo exigía al Ministerio de Universidades la obligación de efectuar a los dos años de la entrada en vigor del estatuto una evaluación para determinar el grado de vinculación de las “prácticas extracurriculares” a su finalidad formativa. Lo que abría la puerta a que, tras dos años en vigor, hubiese motivos para prohibir las extracurriculares, algo a lo que se niegan en redondo las Universidades que, según las fuentes conocedoras de la misiva, se jactan de haber conseguido que no fuesen suprimidas, un intento que mantuvo en un principio el Ministerio de Trabajo.
Compensación por los gastos
El derecho de los estudiantes en prácticas a una compensación por los gastos por parte de la empresa o institución donde se desarrollen las actividades formativas, ha estado desde el principio en la mesa de negociación. En los sucesivos borradores se establece que el convenio de colaboración entre la empresa o entidad donde se desarrollen las prácticas y la entidad formativa a la que pertenezca el estudiante, deberá establecer los términos de dicha compensación que, en cualquier caso, ha de ser “una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación incurra”. Y se citan gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención. Los rectores consideran que esto obligará a gestionar las facturas para justificar los gastos de forma pormenorizada, lo que supondrá una carga burocrática difícil de asumir.
En los albores del estatuto del becario, antes incluso de que hubiese ya borradores de negociación, desde el Ministerio de Trabajo se hablaba de “abonar un salario” a estos estudiantes en prácticas, una idea que desecharon inmediatamente, pues de existir salario se presupondría la existencia de una relación laboral entre el estudiante en formación y la empresa o entidad en la que se forma. Algo que queda completamente descartado en el estatuto que explícitamente prohíbe que se produzca una relación laboral.
Las empresas, a favor de pagar gastos
Fuentes empresariales consultadas por este diario comentan que su posición en la mesa de negociación ha sido siempre compensar por los gastos a los estudiantes en prácticas, como también abonar parte de la cuota de la Seguridad Social -algo que tampoco gusta a las Universidades, pues no tienen claro si las administraciones podrían hacerse cargo de dicho coste-. No obstante, la cuantía de la cotización supone 8 euros al mes, pues el 95% de la cuota está subvencionada con fondos públicos y ya ha sido aprobada en la reforma de las pensiones. Estas mismas fuentes apuntan que una buena parte de los estudiantes en prácticas en las empresas provienen no de las Universidades, sino del ámbito de la Formación Profesional. Y comentan que han recibido también muchas quejas de centros formativos de FP por la redacción del estatuto del Becario. Se desconoce exactamente cuántos estudiantes se forman cada año mediante prácticas de este tipo, entre universitarios y estudiantes de FP, aunque se especula sobre que rondan el millón.