Igual que pasó con Francia, Italia y Finlandia, ahora Europa también marca el camino de los despidos improcedentes en España. En concreto, el Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón al sindicato UGT y considera que la regulación de las indemnizaciones por despido improcedente en España no cumple con la Carta Social Europea. La demanda, por parte del sindicato, se puso en forma de reclamación colectiva en marzo del 2024 y, ahora, con la respuesta de la Unión Europea motiva que el Gobierno acabe eliminando el límite máximo de 24 mensualidades y fije un mínimo de seis. Un cambio sin precedentes que supondría una revolución en las relaciones laborales del país. Así pues, esta sentencia ya definitiva valla la polémica abierta desde el año 2022 y da esperanza a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para aplicar un nuevo marco normativo que había quedado suspendido por la presión de lado socialista del gobierno de coalición.
Una sentencia no vinculante
Así pues, lo que marca el Comité es que poner topes incumple la Carta Social Europea. Actualmente, la indemnización por despido improcedente en España está fijado en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Y esta norma podría quedar en papel mojado eliminando, de entrada, el límite de dos años y elevar la indemnización a un mínimo más alto. En la práctica, el cambio se traduce con un incremento de los costes de indemnización por parte de la empresa. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que lo que marca al Comité, en este caso, no es vinculante.
¿Cuánto cuesta indemnizar un despido improcedente?
A expensas de lo que puedan decir las patronales y, especialmente, la voz de la CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, sí han salido con una rueda de prensa relámpago el sindicato UGT con su secretario general, Pepe Álvarez, y el vicesecretario de política general, Fernando Luján: "Las indemnizaciones medias en España por un despido injusto está cerca de los 9.000 euros. Despedir en España de forma arbitraria es demasiado económico, es una propina. Y se traslada a las administraciones públicas un resultado injusto". Por parte del secretario Pepe Álvarez ha añadido: "Desde hace cuatro meses, cuando se reunió el Comité, el Gobierno de España no se ha movido. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa lo que hoy llega desde Europa teniendo en cuenta los precedentes. Estamos ante un gran cambio a la concepción que se tiene en España sobre el despido improcedente".
Hay que recordar que en toda la legislación española, en el caso de este tipo de despidos, el empresario previamente sabe cuánto le costará despedir a la persona trabajadora y, precisamente, eso es lo que la resolución considera que no es posible. Así pues, los empresarios que quieran despedir a un trabajador sin causas objetivas, no tiene que saber cuál es el coste que tendrá para ellos ya que, según Europa, la indemnización pierde valor efectivo. Este concepto es nuevo con respecto a la legislación española sobre derechos de trabajadores y trabajadoras. La UGT ha sacado pecho que ha sido la primera organización que ha presentado una demanda en Europa después de acordar la reforma laboral anterior con el PP de Mariano Rajoy, "pero siendo conscientes que no se habían tenido en cuenta todos los detalles", subraya Álvarez. Y concluye: "No es lo mismo una indemnización de 45 días que una de 33, la que prevé ahora mismo la legislación española".
Incrementan los costes a los empresarios
Por otra parte, Europa también considera que se deben cubrir los "daños causados a la víctima y se deben pagar los salarios de tramitación", aquellos que se corresponden desde la fecha del despido hasta la fecha de la reforma. Todo ello, busca que al empresario le resulte difícil y más costoso echar a un trabajador. Y, por eso, tendrá que tener en cuenta diferentes aspectos de carácter personal por parte del trabajador, según lo que establece Europa, y que harían subir la cifra de la indemnización, tal como persigue la UGT: por entorno geográfico donde vive, por edad, por la propia formación, si tiene personas a su cargo o no, si está de alquiler o tiene que pagar una hipoteca, la situación económica del mismo trabajador, riesgos de vulnerabilidad con colectivos concretos que tengan que ver con la discapacidad o la violencia de género. Por todo ello, el sindicato tiene prisa y pide que el gobierno de Pedro Sánchez, patronales y sindicatos se reúnan este mismo verano para dar cumplimiento a una resolución de Derechos Sociales de Europa. Ahora, la duda que se abre, es si este cambio puede volver a favorecer la contratación temporal.