Las políticas públicas de redistribución a través de impuestos y prestaciones permitieron reducir en un 35% la desigualdad en la distribución de la renta entre los hogares españoles en 2021, una cifra que vuelve a los niveles previos a la pandemia tras el repunte de 2020. De acuerdo al Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles publicado este lunes por Fedea, la mayor parte de esta redistribución se produjo a través de las prestaciones monetarias, sobre todo las pensiones, y el resto, a través de prestaciones en especie como la sanidad y los impuestos.
De este análisis se desprende también que el 60% de los hogares de menor renta fue beneficiario neto de la intervención pública, mientras que el 40% de mayor renta fue contribuyente neto, con mayor intensidad en ambos extremos.
El estudio de Fedea, think tank de economistas, muestra una recuperación de la situación previa a la pandemia en 2021, con un aumento de la renta de mercado del 14,6%, sobre todo por el gran incremento en las rentas de capital (del 73,2%) tras un 2020 marcado por el confinamiento. En 2021, las prestaciones públicas se redujeron en un 3,1% debido al menor gasto en desempleo, pero las prestaciones por asistencia social se dispararon un 40% debido a la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.
En ese año, la renta disponible (después de impuestos) aumentó en un 11,13%, pero fue más desigual que en años anteriores. El IRPF se mantuvo como el impuesto que más contribuyó a la redistribución de renta, a pesar de que fue inferior al de otros ejercicios, y solo el impuesto de sociedades incrementó su efecto redistributivo.
Las prestaciones en especie aumentaron un 4,8% sobre todo gracias a la educación, lo que elevó la renta disponible extendida (suma de renta disponible y prestaciones en especie) en un 9,9% con respecto a 2020.
Otros estudios
Por otra parte, Fedea solicitó el pasado enero que se modifique la ley para asegurar una mayor transparencia en la aportación del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra a los gastos del Estado y la solidaridad interterritorial durante la presentación de un documento, con propuestas que sirva al debate de la reforma de la financiación autonómica. Ángel de la Fuente, director de Fedea y autor de la propuesta, acusó de falta de transparencia al cupo navarro y vasco, pues se publica “media página en el BOE”, comunicando la aportación de ambas comunidades al Estado; sin embargo, criticó que no se especifica cómo se hacen los cálculos, especialmente cuando la ley sí marca qué se debe contabilizar.
En otro estudio del pasado enero, Fedea propuso limitar a 12 meses la prestación por paro pero elevar su cuantía. Tras analizar la reforma del subsidio de desempleo aprobada por el gobierno central, los expertos de Fedea son partidarios de ir un paso más allá y articular un sistema "más coherente", con una prestación contributiva más elevada pero limitada a 12 meses en lugar de los 18 actuales. La prestación se encadenaría con un subsidio por desempleo por un periodo máximo de 18 meses y, en caso de mantenerse la persona en desempleo, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), actuando las rentas autonómicas como completo de los colectivos con mayores necesidades.