Tras analizar la reforma del subsidio de desempleo recientemente aprobada por el Gobierno, los expertos de Fedea serían partidarios de ir un paso más allá y articular un sistema "más coherente", con una prestación contributiva más elevada pero limitada a 12 meses, en lugar de los 18 actuales. La prestación se encadenaría con un subsidio por desempleo por un periodo máximo de 18 meses y, en caso de mantenerse la persona en desempleo, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), actuando las rentas autonómicas como completo de los colectivos con mayores necesidades. Entienden que la opción de simplificar el número de prestaciones, identificando las funciones específicas de cada una de ellas, podría ser más eficiente para conseguir los objetivos buscados con las modificaciones introducidas por el Gobierno.

En la reforma se ha establecido que el subsidio, que se pasa a recibir cuando se agota la prestación contributiva, se elevará a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, desde los 480 euros vigentes hasta ahora, y que la ayuda sea compatible con la incorporación a un empleo durante los primeros 180 días. En opinión de los expertos de Fedea, "todas las prestaciones deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el tiempo", han concluido.

En un artículo del investigador de Fedea Miguel Ángel García publicado este martes, se señala que en la reforma se aprecian "avances" en los incentivos a la búsqueda y aceptación de empleo por las personas que perciben este subsidio por desempleo, porque prioriza el refuerzo de la protección (ampliando las ayudas a menores de 45 años y trabajadores agrarios) sin tener en cuenta el conjunto de prestaciones existentes dirigidas a las personas en situación de desempleo de larga duración, distribuidas entre diferentes organismos y administraciones públicas. La decisión adoptada, calculan los expertos, implica que cada 100.000 nuevos beneficiarios aumentan el gasto en 612 millones de euros.

En paralelo, concluye el artículo de Miguel Ángel García, resulta imprescindible trabajar en la mejora de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo. La mejora del desempeño en este último ámbito, añade, "no requiere cambios normativos, sino nuevos planteamientos y una mejor organización de los servicios públicos de empleo".

Entienden en Fedea que la pretensión declarada por el Gobierno de mejorar la empleabilidad de los perceptores del subsidio a través de las políticas activas de empleo parece "lejos de cumplirse". Esto se debe al desequilibrio entre los muy definidos derechos y las poco concretas obligaciones de los perceptores de las prestaciones, las severas deficiencias en el desempeño de los servicios públicos de empleo para orientar e intermediar debido a su escasa relación con las empresas y el desalineamiento de incentivos generado por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos.

"La eficacia del compromiso de actividad como instrumento para medir la intensidad en la búsqueda de empleo decae de forma significativa cuando los servicios públicos de empleo tienen un conocimiento muy limitado de las necesidades del tejido productivo y manejan un número muy reducido de las vacantes de empleo existentes al no ser capaces de ofrecer un servicio eficaz a las empresas", han apuntado.

Además, han afirmado que mantener la renta individual como condición de acceso al subsidio por desempleo, aunque se forme parte de una unidad familiar, provoca una pérdida de eficiencia en el uso del dinero público y de equidad en su posible utilización en fines alternativos.

También han apuntado que el uso de la fórmula de Real Decreto Ley deteriora la calidad de la norma al no contar con los correspondientes informes vinculantes y consultivos sobre su contenido y han señalado que la opción elegida es menos comprensible cuando la norma entra en vigor en junio de 2024.