La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha llevado el decreto ley de la Generalitat que regula este sector al Tribunal Constitucional. Lo ha hecho mediante un recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el grupo parlamentario del PP. El Parlament de Catalunya aprobó este decreto en diciembre pasado.

Entre los argumentos que se exponen al recurso, la patronal catalana de propietarios de pisos turísticos destaca el supuesto "abuso" del Gobierno para dictar normas que adoptan la forma de decretos ley. Señalan que esta normativa afecta "a los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos constitucionalmente, lo que no está permitido regular con un decreto ley". En un comunicado, añaden que el turismo y su crecimiento "no es un fenómeno nuevo" y, por lo tanto, no requiere "una inmediata y urgente" respuesta normativa.

En este sentido, indican que la nueva regulación empezará a tener efectos sobre el parque de viviendas en un plazo mínimo de 5 años. Por ello, subrayan que "no puede haber una necesidad urgente y extraordinaria si se requiere un desarrollo posterior del planeamiento urbanístico de cada municipio y se da un plazo de 5 años para hacerlo".

También inciden en la "vulneración" del principio constitucional de seguridad jurídica y como la limitación de la concesión de licencias para el ejercicio de la actividad afecta al derecho a la propiedad. Ponen el foco en los "agravios comparativos" entre municipios. Señalan que el decreto ley presupone problemas de acceso a la vivienda en 262 municipios en los que, a partir de ahora, la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico queda sujeta a un régimen jurídico más restrictivo que en el resto.

"La definición de los requisitos para estar en esta lista son imprecisos y están exentos de criterios técnicos" destaca el presidente de Federatur, David Riba. "Si el municipio donde tengo mi actividad económica se encuentra incluido en esta lista, se me aplica el régimen jurídico restrictivo y limitativo; si el municipio no está incluido no se aplica este régimen. Parece una lotería".

Norma "expropiatoria"

Según se apunta desde Federatur, la regulación del decreto resulta "materialmente expropiatoria" del derecho en el ejercicio de la actividad de arrendamiento de viviendas de uso turístico. Entienden que, según la ley, estas licencias tendrían que ser indemnizadas con compensaciones de carácter económico, pero el actual redactado no fija indemnizaciones, solo se diseña un régimen transitorio que permite a los titulares de las licencias expropiadas continuar con su actividad durante un plazo de cinco años.

Añaden que no se apuntan criterios objetivos de valoración del derecho expropiado ni de la valoración de la contraprestación, y se sitúa sobre el propio expropiado la carga de fijar su propia indemnización, "situación absolutamente inaudita y contraria a cualquier garantía expropiatoria".

Para el presidente de Federatur, David Riba, "la vía del Constitucional era el camino que nos quedaba para continuar defendiendo nuestros intereses como sector". Sin embargo, Riba asegura que siguen estando a disposición del Govern y de todas las administraciones para dialogar y aportar la visión de un sector económico que representa el 39,4% del total de plazas de alojamiento turístico del territorio, genera más de 25.000 puestos de trabajo y tiene un impacto económico de 21.000 millones de euros.