La ministra de Hacienda, María Jesús Montero —ascendida por Pedro Sánchez a vicepresidenta cuarta— ha confirmado la previsión, presentada en Bruselas en abril, de que el déficit fiscal se reducirá al 3% en 2024 (unos 43.500 millones de euros), adelantándose un año a la exigencia de la Comisión Europea. De cumplirse, supondría una rebaja de casi un punto respecto al 3,9% que el Gobierno pronostica para el desfase presupuestario de este 2023. No obstante, las previsiones del nuevo Ejecutivo no convencen a la Comisión Europea, que apuesta porque el déficit público español se sitúe en el 4,1% este 2023, se reduzca a un 3,2% en 2024 (2 décimas por encima de lo admitido por el Gobierno) y, lo que resulta más grave, que para 2025 se iría al 3,4%, incumpliendo la regla fiscal del 3% que se empezará a aplicar ese año.
Uno de los ases que guarda el Gobierno para reducir el déficit un punto porcentual a lo largo del año próximo —unos 14.500 millones— es el fin de las medidas fiscales para la reducción de las facturas de la electricidad y el gas. Un ahorro que podría rondar los 3.500 millones de euros, el montante que se prevé para el conjunto de 2023. La liquidación fiscal de 2022, la última que tiene todos los datos sobre los tres impuestos ligados a la luz y al gas, contabilizó en 6.363 millones de euros el quebranto para las arcas públicas. De los tres tributos afectados por las medidas energéticas, la exoneración a las empresas de electricidad del pago del Impuesto del Valor de la Producción de la Energía Eléctrica supuso 3.400 millones de euros, más de la mitad de la pérdida recaudatoria de ese año. Una medida que arrancó el 24 de junio de 2021 y está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año.
Es, con diferencia, la mayor partida, seguida del Impuesto especial de electricidad, cuyo tipo normal es de un 5,112% y lleva rebajado al 0,5% desde el 14 de septiembre de 2021, prorrogada igualmente hasta final de este año. En 2022, Hacienda dejo de ingresar 1.705 millones de euros con la reducción fiscal de este tributo. Respecto al IVA, el Gobierno de Sánchez lo redujo del 21% al 10% el 24 de junio de 2021 y el 26 de junio de 2022 aplicó un nuevo recorte, para que los españoles pagasen solo el 5%. En 2022 (un semestre con el IVA en el 10% y el segundo al 5%), costó a las arcas públicas 1.313 millones de euros. En cuarto lugar, y de manera más residual, en septiembre del pasado año se aprobó la reducción del IVA del gas del 21% al 5%, con una merma recaudatoria de 219 millones de euros en 2022. En ambos casos, la medida estará en vigor hasta finales de este año.
Menos que en 2022
Sin embargo, el coste fiscal de 2022 no es comparable con el que tendrá para Hacienda este 2023, pues existe una relación directa entre el precio al que se paga la electricidad y el gas con el nivel recaudatorio. Y es incomparable, pues de media, el Megavatio/hora de la luz supuso un desembolso de 167 euros el año pasado, por 88 euros este año. Es decir, el precio de la luz ha caído a la mitad, aunque todavía está por encima de los 28,5 euros de febrero de 2021. En el gas, la caída ha sido mayor, desde los 100 euros el Megavatio/hora de media en 2022, a unos 40 este año.
La Agencia Tributaria, a diferencia del pasado año, solo publica información del coste de la reducción en el IVA del gas y de la luz, pero nada acerca del impuesto del Valor de la Producción y del Impuesto Especial, cuyos montantes son más relevantes. En cualquier caso, comparando el efecto de la rebaja del IVA de la electricidad de enero a septiembre de 2023, con el mismo periodo de 2022, se constata que el impacto fiscal ha descendido a la mitad, a pesar de que en 2023 la reducción del IVA es al 5%, frente al 10% del primer semestre de 2022. Así, en los tres primeros trimestres de este año, la Agencia Tributaria ha dejado de ingresar 514 millones de euros por la reducción del IVA en la factura de la luz, frente a los 1.100 de 2022. Por tanto, es previsible que el coste total de las medidas en 2023 se reduzca a la mitad del montante de 2023, entre 3.300 y 3.500 millones de euros.
IVA de los alimentos
Eso implica en términos de PIB 2 décimas, lo suficiente para que España coloque su déficit en el 3%, frente al 3,2% pronosticado por la Comisión Europea. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) avaló a finales de octubre la previsión del Gobierno de cumplir en 2024 con el déficit fiscal del 3%. Pero con una advertencia: “La reducción del déficit de 1,1 puntos (eleva el déficit para 2023 del 3,9% del Gobierno al 4,1%) solo se materializaría en el caso de que no se prorrogasen las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis energética y de precios y si las administraciones territoriales contienen los incrementos de gasto”. Por de pronto, Sánchez ha prometido en las Cortes que mantendrá las ayudas al IVA de los alimentos, que este año tendrá un coste de unos 1.300 millones. La OCDE es otro de los organismos que coinciden en esta necesidad.