El Cercle d'Economia sale en defensa de un nuevo sistema de financiación autonómica, que mantenga la solidaridad entre comunidades y, especialmente, la de Madrid hacia el resto de los territorios. Advierte que el actual modelo de financiación está "caducado y no funciona" y que esta disfunción acarrea graves consecuencias políticas, económicas y sociales. Pero evita hablar de financiación singular para Catalunya y apuesta por un modelo que beneficie a "todas" las comunidades.
La última "Opinión" del Cercle, un denso documento titulado "La reforma del sistema de financiación: una oportunidad social, económica y política", arranca con la constatación de que el actual sistema, aprobado en 2009, "caducó" en 2014. Y advierte que "esta situación anómala no es inocua: va oxidando el funcionamiento del estado de las autonomías". Ahora, después de una década de retraso, recuerdan que "existe la voluntad política de encarar la reforma" y subrayan que "ni se puede aplazar ni se puede desperdiciar la oportunidad. Solo se podrá avanzar si se mantiene una actitud constructiva. El autogobierno de Catalunya podrá dar un salto adelante y, a la vez, todas las comunidades autónomas, sin excepción, tendrían que salir reforzadas y también el mecanismo de solidaridad entre sí".
En el documento defienden la propuesta del gobierno central de condonar parte de la deuda a las administraciones autonómicas y el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que consideran "esencial para avanzar en el autogobierno".
"Mención especial" a Madrid
La nota del Cercle acaba con una "mención especial" a la Comunidad de Madrid. Indican que la reforma del sistema de financiación también debería servir para "reconocer la responsabilidad de esta región como capital de España y los beneficios que obtiene por la concentración de actividad económica que el modelo institucional actual genera, como ha documentado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Constatan que "la Comunidad de Madrid se beneficia de una concentración desproporcionada del empleo público estatal". Además de los diferentes ministerios, en la capital también se centralizan las sedes de muchas otras entidades dependientes de la Administración central que podrían ser ubicadas por todas partes. "A ello se le suma un sesgo significativo y crónico en la contratación pública a favor de las empresas con sede en Madrid y la concentración de infraestructuras estratégicas".
Añaden que "si la distribución del empleo público, la contratación y las infraestructuras se llevara a cabo de manera armónica por todo el territorio", como reclamó el Cercle hace ya casi 25 años, "la actividad económica de la Comunidad de Madrid sería inferior, pero la cohesión territorial, económica y social de España saldría fortalecida". "Mientras eso no sea así, la solidaridad de la Comunidad de Madrid con el resto del territorio se tiene que reforzar. El sistema actual, dado que no reconoce esta ventaja, favorece el drenaje de recursos de esta comunidad del resto de España. Este hecho se ha acentuado con la intensificación de la competencia fiscal impulsada por esta comunidad, que atrae población y actividad económica de las comunidades que la rodean, y, por lo tanto, exacerba la desigualdad territorial y perjudica al conjunto de España".
Defensa de la solidaridad entre comunidades
Argumentan que, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos reciban unos servicios públicos básicos y con independencia del lugar donde residan, "hay que acordar los niveles de solidaridad". Y esta solidaridad la determina el sistema de financiación. Por eso, entienden que su reforma "es crucial a la hora de preservar tanto la cohesión social como la territorial". El sistema actual redistribuye casi 7.000 millones de euros entre comunidades. Y a esa cifra hay que sumarle 23.000 millones que aporta la Administración central en transferencias adicionales. "El volumen de recursos que se redistribuyen es muy elevado. En cambio, la cohesión social y territorial que se alcanza es limitada, ya que el sistema es poco transparente y los criterios de redistribución son discutibles".
El Cercle sale en defensa del refuerzo de las responsabilidades de la Agència Tributària de Catalunya, que forma parte de los acuerdos de investidura entre el PSC y ERC. Recuerdan que en una nota de opinión del Cercle en 2018 ya apelaban a que la ATC asumiera más responsabilidades e insistían en la importancia de definir un mecanismo institucional que asegurara una buena coordinación con la AEAT. Actualmente, en la ATC trabajan menos de 1.000 personas, mientras que la delegación de la AEAT en Catalunya cuenta con más de 4.000 profesionales. Por ello, "el cambio de recursos que tendrá que experimentar la ATC es sustancial y, por lo tanto, habrá que buscar fórmulas que aseguren una transición ordenada y sin riesgos".
También dejan claro que "en contra de lo que dicen algunas voces, en ningún caso el Estado desaparecería de Catalunya, ya que mantendría capacidad normativa sobre los tributos soportados en Catalunya". Aun así, añaden que "sería deseable que Catalunya dispusiera de una capacidad normativa más amplia que permitiera impulsar el tejido productivo del país".
Respecto a la distribución de recursos entre la Generalitat y la Administración central, apuestan por un "modelo federal". Sin embargo, para evitar conflictos, proponen la creación de un comité de expertos independiente, de reconocido prestigio y voluntad constructiva, que lo valide.
Recuerdan que el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC también especificaba que la Generalitat debe seguir contribuyendo a la solidaridad con las demás comunidades autónomas. Al respecto, añaden que "la defensa de la solidaridad, que demuestra la voluntad constructiva tanto en el marco catalán como el español, es compartida por el Govern de la Generalitat y por las instituciones representativas de la sociedad civil. No es ninguna novedad. Hay voces que desde fuera de Catalunya, por desconocimiento o por mala fe, cuestionan con insistencia esta voluntad. Hay que recordar una vez más que no se pone en duda, sino al contrario".
Principio de ordinalidad
De todos modos, dado que el mecanismo de solidaridad se articula en gran parte entre territorios, indican que tiene que ser "transparente", "eficaz" y "justo". Lo que no puede pasar es que se acaben invirtiendo los papeles, y que tras aplicar el mecanismo de solidaridad, aquellas que inicialmente tenían más recursos por habitante tengan menos que las más desfavorecidas, que es lo que sucede con el modelo actual. Por ejemplo, en el año 2022, las tres comunidades con más recursos por habitante, antes de aplicar los mecanismos de solidaridad, eran Madrid, Illes Balears y Catalunya. Una vez aplicados los diferentes fondos de solidaridad, pasaban a situarse en las posiciones 11, 9 y 10, respectivamente", precisa el Cercle en su nota.
Sobre la condonación parcial de la deuda autonómica, que defienden, indican que habría sido preferible que "se hubiera hecho de acuerdo con una estimación rigurosa de la infrafinanciación de cada comunidad", como señalaron Antoni Zabalza o el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, entre otros. "En algunos casos, como los de Catalunya y la Comunitat Valenciana, eso habría mostrado que la condonación de la deuda que se plantea solo compensa parcialmente la infrafinanciación acumulada en los últimos años". Subrayan que "la reforma del sistema tiene que ser una oportunidad para articular una contribución solidaria entre regiones que sea transparente, justa y que acabe con la utilización actual de la solidaridad con fines electoralistas".
Nada que ver con el concierto vasco
En rueda de prensa, el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha recalcado que la principal diferencia del modelo que proponen con el concierto vasco es que, en este último, "la contribución a la solidaridad es muy baja". Ha insistido en que proponen que la reforma del modelo de financiación de las comunidades de régimen común "se haga en términos de equidad para que todo el mundo reciba los mismos recursos".
Teresa Garcia-Milà, vicepresidenta del Cercle, ha precisado que si todas las comunidades tuvieran la misma participación en solidaridad que el País Vasco y Navarra no sería sostenible el modelo actual.
En el mismo sentido, Miquel Nadal, director general del Cercle, ha apuntado que su propuesta “no es una copia de los sistemas forales. No es el modelo del cupo vasco, donde la solidaridad es limitada”. Y ha subrayado que, en contra de lo que se dice, "el nuevo modelo no supone que la Administración central desaparezca de Catalunya".
Sobre la especificidad de Madrid, Guardiola ha apuntado otro dato que no aparece en la nota de opinión: Madrid tiene un 40% más de funcionarios por cada 100 habitantes que Catalunya. Y recordó que los sueldos de los funcionarios están por encima de la media de los del sector privado y sin riesgo de perder el empleo en períodos de crisis. Ha indicado que "todo esto debe formar parte del análisis del modelo" de financiación. Ha añadido que "no tiene lógica que aproveche estas ventajas de ser capital para transportarlas al campo fiscal".