Indignación patronal contra el acuerdo del Govern de Salvador Illa con los Comuns que modifica la fiscalidad sobre la vivienda. Foment del Treball y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE) advierten que el acuerdo político anunciado la semana pasada no va a favor de facilitar el acceso a la vivienda sino que contribuirá a su encarecimiento.

Los presidentes de Foment del Treball y de la APCE, Josep Sánchez Llibre y Xavier Vilajoana, han comparecido este lunes en rueda de prensa para avisar de que se han propuesto "evitar" que el acuerdo político se convierta en decreto ley. No obstante, a preguntas de los periodistas, no se han pronunciado sobre si se plantearán la vía judicial para impedirlo.

Govern y Comuns acordaron la semana pasada "una reforma fiscal para destinar más ingresos a políticas de vivienda social y combatir la especulación inmobiliaria", según anunciaron en un comunicado. Este acuerdo modificará el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP), creando dos tramos nuevos en la transmisión de inmuebles e incrementando del 10% al 20% este impuesto a los grandes tenedores. El acuerdo también prevé aumentar en un 100% el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, a lo que se opone Foment del Treball.

Sánchez Llibre ha indicado que podría entender que las dificultades económicas del Govern impiden una reducción de impuestos como la que desearía Foment, pero que este acuerdo con los Comuns va en la dirección en que Catalunya se convierta "en un campo de minas fiscal" que le hará perder atractivo para captar inversiones y talento.

Si acaba en decreto ley, Sánchez Llibre ha subrayado que no supondrá más riqueza porque "va en el camino de redistribuir la miseria en nuestro país". En el caso del impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), un catalán paga entre el 10 y 11%, cuando en otras comunidades está entre el 5,5% y 6%, pero si se aprueba el decreto de la Generalitat, se situará entre el 10% y el 13%.

La dureza con la que se ha expresado Sánchez Llibre contrasta con la "complicidad" que hasta ahora ha mantenido con el Govern de Salvador Illa, que él mismo ha reconocido.

47 modificaciones legislativas en 10 años

Pero Xavier Vilajoana todavía se ha mostrado más contundente en la rueda de prensa: "estamos cansados, decepcionados, fastidiados" por el hecho de que "legislan de un día para otro sin saber cómo funciona el mercado de la vivienda en nuestro país". Ha recordado que se han producido 47 modificaciones legislativas en 10 años relacionadas con la vivienda. "¿No son capaces de hablar y consensuar? Parece que no", ha dicho sobre la actuación política.

Se ha mostrado indignado contra los políticos que utilizan el verbo "especular" para referirse a la promoción inmobiliaria porque no se dedican a la especulación. "Es de una ignorancia suprema. ¿Saben quién hace negocio de verdad con la actividad inmobiliaria? Las administraciones", ha dicho. Ha recordado que el 25% del precio de una vivienda son impuestos. "Si legislan de forma diferente, mañana pueden hacer bajar el precio de la vivienda", pero ha augurado que, si sacan adelante el decreto, "volveremos a hablar del problema del agravamiento del acceso a la vivienda". En la actualidad, la compra de suelo se grava con un 10%, pero con el decreto se incrementará al 20%.

"Si multiplicamos por dos el gravamen del ITP, estaremos haciendo todavía más difícil el acceso a la vivienda", afirma Vilajoana, quien ha explicado que entre un 20% y un 25% del precio final de una vivienda es coste fiscal, incluyendo los impuestos estatales, catalanes y municipales, que con este nuevo gravamen se incrementará por encima del 25%. "Si las administraciones realmente quisieran incidir en el precio de la vivienda solo haría falta que redujeran este porcentaje, aunque solo fuera una parte. Y es una medida que pueden implementar mañana mismo". Además, ha denunciado que no hay una verdadera política de vivienda pública porque la inversión en este campo es "miserable".

Ha indicado que están recibiendo llamadas de particulares que no han podido escriturar los pisos a pesar de tratarse de operaciones cerradas hace meses. Un problema es que se considera gran tenedor a los promotores de vivienda, aunque se trata de unos activos "circulantes".