Foment del Treball pide al Gobierno que reflexione y desista de la voluntad de prorrogar el impuesto en la banca que se estableció en el 2022 para gravar los supuestos beneficios extraordinarios de los bancos por la subida de tipo de interés. La patronal avisa de que la perpetuación del impuesto tendría un impacto negativo real a la concesión de crédito. "Se tiene que repensar: no se pueden hacer ordinarias medidas extraordinarias", alerta en un comunicado difundido este lunes.
La organización empresarial que lidera Josep Sánchez Llibre cuantifica el impacto que tendría esta medida en Catalunya, y más concretamente en el tejido empresarial. Alerta al ejecutivo de Pedro Sánchez de que la aprobación de un impuesto permanente en la banca tiene en Catalunya un impacto directo inmediato de cerca de 15.000 millones de euros vía restricciones de crédito para inversiones productivas.
Esta cifra de 15.000 millones de euros viene de la estimació que habría 9.500 millones de euros menos en crédito a Catalunya para financiar inversiones productivas. "Eso significaría menos inversión, menos competitividad, menos crecimiento y menos creación de empleo para Catalunya, en un momento clave para el futuro y con enormes retos que hay que abordar sin dilación, como apunta el informe Draghi y también el informe Letta, que apunta que la pérdida de unidad de mercado está cifrada en un 10% del PIB", ha manifestado la patronal en un comunicado difundido este lunes.
Sin embargo, con este telón de fondo, los empresarios creen que como consecuencia el crédito será más escaso para las empresas catalanas y españolas y "provocará la deslocalización de actividades más globales del sector financiero, que actualmente aportan valor añadido, ingresos, inversión y puestos de trabajo cualificado".
En riesgo la obra social de La Caixa
Al mismo tiempo, Foment determina que, si se mantiene esta presión fiscal, se generará una pérdida de valor de las entidades financieras impactadas y, por lo tanto, entre otros afectos, se pone en riesgo la continuidad de la acción de la Obra Social de la Fundación La Caixa.
La patronal hace referencia a los orígenes de la aplicación de este impuesto extraordinario en un momento en que se esperaban grandes necesidades a causa de las crisis de la Covid-19 y de la guerra en Ucrania. "Desde entonces la coyuntura económica ha variado, han subido los tipos y también los resultados bancarios, pero en realidad lo han hecho menos que en el resto de sectores".
Aparte, y siguiendo los planteamientos y análisis del mismo gobierno central, se puede decir que no ha habido crisis. El crecimiento económico se ha mantenido en niveles muy positivos: 2,7% en 2023, y para 2024 se espera un 2,8%, muy por encima de la media de la eurozona. Es más, los tipos ya están bajando y el impuesto impactará negativamente en los resultados y en las inversiones.
Efecto sobre los ahorradores
Por otra parte, la patronal se aferra a las advertencias hechas por el Banco Central Europeo sobre este tipo de impuestos, que también "lastra los bancos en la bolsa". El Instituto Español de Analistas calcula un efecto negativo en la valoración de los recursos propios entre el 13% y el 14%, pero que podría llegar a un 22%, según informa Foment. "Eso implicaría una pérdida de valor para los accionistas de las entidades catalanas de 6.300-6.800 millones de euros, que podría llegar a los 11.000 millones en función de las características finales de los impuestos", han calculado los empresarios.
Foment pide en el gobierno central que en esta reflexión evalúe a quién afecta a la medida, básicamente accionistas y ahorradores, más que a las entidades mismas. Pequeños ahorradores, mayoritariamente, que en términos reales pierden si invierten en acciones de una entidad bancaria y no en una empresa industrial o en acciones de bancos internacionales, por ejemplo.