El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre ha anunciado que impulsará un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de grandes fortunas porque considera que vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas, el principio de seguridad jurídica y el de la capacidad económica de los contribuyentes. Y, por todo ello, ha remarcado este miércoles en rueda de prensa, que "es un impuesto confiscatorio" y reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que "respete a los empresarios porque ha aprobado sin diálogo normas que perjudican la economía productiva, afectan a la seguridad jurídica y generan pérdida de confianza". La puesta en escena no ha sido casual. Sánchez Llibre se ha apoyado, a su lado, de Virginia Guinda, actual vicepresidenta de Foment, pero también la empresaria que disputó la presidencia de la CEOE a Antonio Garamendi en las últimas elecciones a la patronal española celebradas el pasado 23 de noviembre.
Sánchez Llibre también ha mostrado su preocupación por "las decisiones precipitadas que toma el Gobierno" y que, según él, afectan gravemente a la economía productiva. También ha criticado que se estén tomando decisiones "sin ningún tipo de diálogo previo" y ha asegurado que este hecho afecta la seguridad jurídica y financiera del país. Por otra parte, ha pedido "respeto" hacia los empresarios y ha lamentado que este nuevo impuesto se haya aprobado con, en sus palabras, técnicas parlamentarias poco justificadas: "No es manera de legislar anunciar a los medios un impuesto a los beneficios extraordinarios, si dar más concreción", ha concluido.
¿Cuerpo a cuerpo entre Foment y CEOE?
Así pues, este anuncio de Foment va en dos direcciones: dirigido a La Moncloa, pero también a Garamendi ya que se avanzan como patronal para reclamar la exención de un impuesto que afecta al conjunto del empresariado de todo el Estado. De hecho, en otros reclamos, sí habían ido de la mano. Un ejemplo es el impuesto de patrimonio que fomentó una reunión en febrero del 2021 entre la CEOE y Foment con el Defensor del Pueblo para instarle a que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el cual se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo. Así pues, el contribuyente tendrá que liquidar su patrimonio, incluso a un valor de mercado inferior al tasado a efectos tributarios, para poder pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el artículo de la Ley de PGE que se pretende recorrer. Ambas patronales, consideraban que "en el momento actual, el rendimiento que generará un patrimonio sujeto está razonablemente por debajo del tipo impositivo, teniendo que añadirse, además, que cualquier rendimiento de este patrimonio ya habrá tributado previamente por IRPF". Aquella iniciativa, finalmente, se hizo factible a través del Partido Popular que tramitó la propuesta.
¿Qué recorrido tiene el recurso?
Ahora, aunque también la CEOE ha denunciado el impuesto a las grandes fortunas, no han sido activos. Si la propuesta de inconstitucionalidad progresa, también dependerá de su apoyo político. Así pues, hay que recordar que tan solo las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo y una cincuentena de diputados o senadores pueden interponer esta acción judicial ante el Tribunal Constitucional. Desde Foment, piden que los parlamentarios vuelvan a escuchar sus demandas que también han detallado en un informe jurídico. Pero los catalanes no son los únicos que han salido adelante solos, también los empresarios de Andalucía y Madrid ya han planteado y hecho público su rechazo a este impuesto. En paralelo, desde la CEOE tan solo hay palabras, pero ninguna acción. Las últimas declaraciones de Garamendi se remontan al pasado mes de septiembre cuando tildó "de error y equivocación" la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
¿Qué dice el impuesto?
Este impuesto conocido como de solidaridad de las grandes fortunas es un gravamen que supone la respuesta del Gobierno a las rebajas fiscales abordadas por algunas comunidades autónomas, principalmente al impuesto de patrimonio. Las claves del tributo son aumentar la recaudación y evitar que las grandes fortunas escapen de las bonificaciones fiscales que algunas comunidades han aplicado al impuesto de patrimonio y lo tienen que pagar los contribuyentes con una fortuna de más de tres millones de euros netos, una vez descontados los mínimos exentos. Hacienda calcula que abonarán este nuevo tributo unos 23.000 contribuyentes, un 0,1% del total. En principio, el impuesto estará en vigor durante los ejercicios 2023 y 2024, pero el Gobierno no descarta incorporarlo de manera permanente al sistema fiscal.