La patronal catalana Foment reclama a la Generalitat que "evite que se convierta en definitivo el impuesto temporal a las energéticas", ya que lo considera "un ataque al corazón de la economía" y una "maniobra confiscatoria", según ha expresado este lunes en un comunicado.
El gravamen extra, aprobado en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez, quedará perpetuado el próximo miércoles si el Congreso no se aprueba una enmienda que lo corrija o se amplía el plazo de enmiendas. Fue implantado para paliar los efectos de la guerra de Ucrania mientras aumentaban sus ingresos las energéticas, que recurrieron por inconstitucional la medida.
A días de que finalice el plazo de enmiendas en el Congreso, Repsol ha avisado de que cancelará la inversión de 1.100 millones en Tarragona para la ecoplanta y su mayor electrolizador de hidrógeno verde si el gravamen sigue en pie.
Foment, por su parte, asegura que convertir en permanente el gravamen temporal "es un ataque al corazón de la economía y una maniobra confiscatoria". La patronal ha pedido en un comunicado al Govern que haga "todo lo posible para parar esta situación injusta", que califican también como "persecución". "Este gravamen o impuesto a la actividad energética es una carga en la industria que compite en los mercados internacionales. No tiene ningún carácter redistributivo y se convierte en una afectación negativa para la competitividad de la industria que incide en las inversiones, la continuidad de las actividades industriales y el empleo industrial", añaden desde la patronal.
"El gravamen en sus términos actuales tiene un impacto económico desproporcionado para la industria y resulta discriminatoria ante operadores que producen fuera o importan a la Unión Europea i ante otros sectores económicos", abunda Foment, que menciona también el riesgo de que se pierda la inversión de Repsol en Tarragona.
"Otro elemento a tener en cuenta es el nuevo ataque a la seguridad jurídica y regulatoria del país con este tipo de políticas agresivas ya menudo enmascarando con ideología un empeño recaudatorio", añade Foment, que cree que además "se convierte en un elemento desestabilizador entre los territorios y para la libre competencia". "Si alguna comunidad autónoma tuviera la posibilidad de compensar el impuesto a las empresas localizadas en su territorio, provocaría un agravio comparativo además de generar una competencia desleal", advierte.
Un cambio de la normativa permite a las empresas deducirse parte del impuesto mediante inversiones estratégicas, pero Foment critica que "la consolidación de este gravamen otorga al Ministerio de Transición Ecológica la potestad de decisión sobre los proyectos adecuados o no adecuados a la hora de aceptar su deducibilidad del impuesto". "Es una forma de recuperar el poder de decisión sobre los destinos de inversión", añade, y lo califica por último de gravamen "indirecto para todos los ciudadanos" porque provoca la subida del precio de gasoil, gasolina y derivados.