Foment del Treball propone un proceso de transición, con una fecha límite, en la aplicación del nuevo modelo de financiación que han acordado PSC y ERC, que defiende y considera que también beneficiaría a las otras comunidades. La patronal que lidera Josep Sánchez Llibre ha expuesto su posicionamiento favorable al acuerdo, si bien con matices sobre su implementación, el día siguiente de reunirse con el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa (fotografía superior).
En un comunicado que han hecho público este martes, Foment subraya que es "una realidad innegable" que Catalunya necesita más recursos como también pasa con otras comunidades. En este sentido, recuerdan que "estas carencias financieras no permiten garantizar servicios públicos básicos de calidad ni disponer de las infraestructuras necesarias". Como ha denunciado repetidamente esta patronal, el déficit de inversión en infraestructuras en el periodo 2009-2023 se eleva hasta los 42.500 millones de euros, mientras que el controvertido concepto de déficit fiscal, ya sea por el método del flujo monetario o bien por el de carga-beneficio, "muestra una sistemática infrafinanciación de la Generalitat".
Reitera que el actual modelo de financiación "parece agotado y no fomenta la transparencia y la corresponsabilidad fiscal", ya que se diseñó en 2009 para un periodo de cinco años. Por ello, animan a encarar la reforma del modelo. Apuntan que Catalunya ya lideró el cambio durante el mandato del gobierno del PP en 1996, con un ajuste estructural que se consolidó bajo mandato socialista en 2009, "con unas propuestas que, si bien sorprendieron inicialmente, acabaron por ser aceptadas por el conjunto de comunidades".
Sobre el acuerdo del PSC y ERC, Foment considera que "Catalunya lidera una propuesta que, por su propia dimensión, hace falta que se desarrolle progresivamente, con mecanismos de transición y, si procede, con ritmos diferentes". Pero siempre con un "compromiso de permanente evaluación y rendición de cuentas".
Recuerdan que el acuerdo entre el PSC y ERC llega en un momento en que la gran mayoría de expertos coinciden en tres consideraciones: primero, un modelo de financiación tiene que disponer de mecanismos que faciliten su adaptación a un entorno cambiante. Segundo, los tres elementos clave del modelo -ordinalidad, nivelación y equidad vertical- deben cumplir con el propósito para el que fueron diseñados, lo que requiere una evaluación transparente y continuada. Y tercero, el modelo tiene que garantizar la autonomía financiera y la corresponsabilidad tributaria.
"No caben las amenazas ni las urgencias"
Entienden que la reforma del modelo de financiación "requiere un consenso sustentado en una visión a largo plazo". Por eso, en un marco de negociación transparente, advierten que "no caben las amenazas ni las urgencias".
Desde Foment se propone que, mientras no se implemente el nuevo modelo "hace falta un mecanismo de transición que actúe de facilitador del cambio y replantee urgentemente": primero, la reducción del nivel de endeudamiento de las comunidades, compensando la parte de deuda autonómica "causada por la infrafinanciación consecuencia de tantos años de inconsistencia del modelo actual". Segundo, la modificación y revisión de la estructura, dotación y funcionalidad de los requerimientos para el acceso al Fondo de Financiación de Compensación Interterritorial. Y en tercer lugar, la revisión del sistema actual de retenciones y entregas a cuenta que realiza el gobierno central.
Ante esta situación, subrayan que es necesario "pactar una transición con una fecha límite": determinar los años que durará; consensuar mediante el estudio de las cuentas territorializadas el impacto que produce el nuevo modelo; y ajustar las obligaciones y resultados obtenidos. Es decir, "evaluar constantemente y reajustar de forma dinámica.