La patronal catalana Foment del Treball ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para conseguir limitar el impuesto sobre la renta (IRPF) y el patrimonio al 50% de los ingresos anuales en la tributación conjunta de ambas figuras.
En concreto, el recurso busca que este alto tribunal promueva una cuestión de inconstitucionalidad contra el impuesto de patrimonio, tomando como argumento que este contraviene la Constitución, que prohíbe que el sistema tributario sea confiscatorio, según ha confirmado la patronal que preside Josep Sánchez Llibre.
El límite del 50% se corresponde con el umbral que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) marcó como cantidad no confiscatoria, así como algunos tratados internacionales suscritos por España. El recurso, firmado por el bufete Crowe Legal y Tributario, va dirigido contra la orden ministerial que aprueba el modelo de presentación y pago del Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
La petición de Foment pide que se declare también que la orden contraviene los tratados internacionales suscritos por España, especialmente el Convenio de Roma y sus protocolos de desarrollo. En la actualidad, la ley que regula el impuesto de patrimonio establece que la tributación conjunta del IRPF y patrimonio no puede superar el 60% de la renta anual del contribuyente, pero fija una tributación mínima por el segundo, que puede hacer subir el umbral.
El recurso ante la Audiencia Nacional abre la puerta a Foment a acudir después a los tribunales europeos en el caso de ser desestimado. En primer lugar, Foment debería recurrir la no presentación de la cuestión al TC ante el Tribunal Supremo y posteriormente ante el TEDH. Si el Constitucional avala la constitucionalidad del impuesto, también podría acudir al tribunal europeo.
La patronal hace mucho que lleva a cabo una campaña contra el impuesto de patrimonio por considerarlo confiscatorio argumentando que muchas personas acabar por pagar por patrimonio más que las rentas que obtienen en un año debido a la escasa rentabilidad de los activos.