El Gobierno francés sigue adelante con su prometida reforma del subsidio de desempleo que ha de permitirle ahorrar unos 3.600 millones de presupuesto estatal e incitar a algunos parados a acudir antes al mercado de trabajo y avanzar "hacia el pleno empleo", ya que consideran que unas 90.000 personas podrían incorporarse al mercado de trabajo. Así lo ha expresado el primer ministro, Gabriel Attal, este domingo. Queda claro que las medidas que se quieren aprobar endurecerán el acceso y la duración del subsidio de desempleo a partir de enero de 2025, data prevista para su aplicación, si el ejecutivo consigue aprobarlas el próximo 1 de julio.
En primer lugar, será necesario haber trabajado 8 meses sobre los últimos 20 para poder recibir el subsidio, mientras que el sistema actual exige 6 meses trabajados en los últimos 24. Además, la duración del subsidio de desempleo, que ya se ha recortado de 24 a 18 meses durante la presidencia de Macron, se reduce de nuevo hasta los 15 meses. Y se prevé que esa duración descienda de nuevo si la tasa de paro baja por debajo del 6,5% (actualmente está en el 7,5%), según ha declarado Gabriel Attal en una entrevista publicada en La Tribune Dimanche, y recogida por Efe.
Para menores de 57 años
Todo esto es para trabajadores menores de 57 años, ya que las personas mayores de esa edad tendrán indemnizaciones por desempleo más largas debido a que les resulta mucho más complicado. Attal explica que las reformas aplicadas desde la llegada de Emmanuel Macron a la presidencia en 2017 han permitido crear 2,5 millones de empleos, de forma que "la tasa de desempleo es la más baja en cuarenta años".
Por otra parte, el Gobierno francés estudia extender el mecanismo por el que algunas empresas que abusan de los contratos de muy corta duración paguen más en sus cotizaciones sociales, mientras que las que no lo hacen resultan bonificadas. Según los cálculos gubernamentales, además del ahorro anual de unos 3.600 millones de euros, esta reforma hará que unas 90.000 personas dejen las filas del desempleo.
El Ejecutivo planea aprobar esta reforma por decreto el 1 de julio, con una entrada en vigor prevista para el 1 de diciembre, con el objetivo de aprovechar el ciclo de mayor crecimiento que auguran las previsiones económicas a partir de 2025.