¿Funcionarios públicos con sanidad privada?. La ausencia de concurrencia a la licitación del concierto sanitario de Muface, declarada desierta esta semana, ha reabierto el debate sobre la idoneidad de un sistema que implica que el Estado cofinancie un seguro médico privado para los funcionarios públicos. Ninguna aseguradora ha pujado por hacerse con el concierto sanitario de Muface para 2025 y 2026, que conllevaba un aumento del 17,12% de la prima por asegurado, lo que situaría en 2026 la prima media anual en 1.208,81 euros, 176,69 euros más respecto a los 1.032,12 euros actuales.

Muface es la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado, organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ahora estudia la mejora de las condiciones del concurso para poder someterlas a la aprobación del Consejo de Ministros a la mayor brevedad y lanzar una nueva licitación.

A la presión de las aseguradoras, que afirman que la infradotación presupuestaria del concierto sanitario de Muface les lleva a pérdidas, se suma la de los sindicatos, que amenazan con movilizaciones en defensa de la continuidad de un modelo dual que permite elegir entre las sanidad pública y la privada.

CSIF ya ha convocado el lunes una concentración a mediodía frente a la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid y ante las subdelegaciones del Gobierno en el resto de capitales; mientras que CCOO analiza movilizaciones para exigir que se garantice el servicio para todas las personas mutualistas.

Discrepancias dentro del ejecutivo

Dentro del ejecutivo de Pedro Sánchez existen discrepancias sobre el modelo de Muface, ya que Sumar planteó en su programa electoral la extinción progresiva de la atención sanitaria privada para los funcionarios, una postura que mantiene a día de hoy, aunque no llegó a formar parte del acuerdo de gobierno con el PSOE.

Lo ha manifestado recientemente la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), quien, a raíz de la petición de las aseguradoras de mayor dotación presupuestaria para el concierto de Muface, expresó sus dudas sobre un sistema que se salta la atención primaria, al ofrecer una vía directa a la atención especializada. La ministra lo consideró un modelo anacrónico y dijo que su renovación no era un prioridad para su departamento.

Esta semana, tras declararse desierto el concurso, Sanidad ha dicho que está analizando el impacto que podría tener para el Sistema Nacional de Salud (SNS) la absorción de los beneficiarios de Muface por si no se llegará a mantenerse el modelo Muface, que son 1,5 millones de personas entre titulares y familiares (pareja, hijos o personas a cargo).

El Ministerio de Función Pública prefiere dar un mensaje de tranquilidad, recordando que el concierto se extiende hasta el 31 de enero de 2025 y que la ley de contratos del sector público permite prorrogarlo hasta que haya uno nuevo -aunque por un plazo máximo de nueve meses-.

Antecedentes históricos

Muface explica en su web que la mutualidad fue creada en 1975 para aglutinar una "acción mutual dispersa, fragmentada y desigual" y "con inaceptables desniveles en cuanto a la aportación del Estado". "Aunque ahora resulte difícil de imaginar, el colectivo de empleados públicos no disponía en aquel momento de un sistema unificado de Seguridad Social, aparte de que el 90% del colectivo presentaba una asistencia sanitaria deficiente, muy inferior a la del resto de los ciudadanos", afirma el organismo.

En aquel contexto se creó Muface como organismo único de adscripción obligatoria para todos los funcionarios civiles, que con sus cuotas financian un 18,5% del presupuesto del organismo, mientras que el resto lo aporta el Estado. Más del 83% del presupuesto de Muface se destina a pagar la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

La Fundación Idis, que agrupa al sector de la sanidad privada en España, defiende que el mutualismo administrativo ha permitido durante años aliviar la carga de la sanidad pública y calcula que, de no existir, crecería un 266% el número de pacientes en listas de espera para consultas externas y un 115% para cirugías.