La Generalitat ha comprado 433 pisos, situados en 9 municipios catalanes, para destinarlos a vivienda social. El Departamento de Territorio, a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) ha cerrado a un acuerdo con Inmo Criteria Arrendamiento III, dependiente de CaixaBank, para la adquisición de este paquete de viviendas, que también incluye parkings, locales, oficinas y trasteros.

El consejo de administración del Incasòl ha autorizado la operación en la reunión que han mantenido este jueves. En un comunicado, apuntan que, con esta adquisición, dan cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el Govern con el llamado Plan impulso 10.000, a través del cual han incorporado casi un millar de viviendas de grandes tenedores a su parque público de alquiler social, con una inversión próxima a los 100 millones de euros.

Estas 433 viviendas están situadas en 9 municipios con gran demanda. El contrato con Inmo Criteria también incluye 467 aparcamientos, 203 trasteros, 6 locales y 2 oficinas. Estas son las localizaciones:

  1. Girona / 71 viviendas y 71 aparcamientos vinculados
  2. Lleida / 45 viviendas, 30 aparcamientos vinculados y 10 de libres y 30 trasteros vinculados y 21 de libres
  3. Reus / 37 viviendas, 37 aparcamientos vinculados y 14 de libres, 37 trasteros vinculados y 2 locales comerciales
  4. Salou / 77 viviendas, 77 aparcamientos vinculados y 11 de libres
  5. Sant Feliu del Llobregat / 55 viviendas, 55 aparcamientos vinculados y 55 trasteros vinculados
  6. Terraza / 13 viviendas, 13 aparcamientos vinculados y 5 de libres
  7. El Vendrell / 43 viviendas y 43 aparcamientos vinculados
  8. Vic / 76 viviendas, 73 aparcamientos vinculados y 3 de libres, 43 trasteros vinculados y 2 de libres
  9. Vila-seca / 16 viviendas, 16 aparcamientos vinculados y 9 de libres, 15 trasteros vinculados, 4 locales comerciales y 2 oficinas

De los anteriores pisos, 145 están libres y el Govern ha anunciado que destinará 13,7 millones de euros para su adecuación para que queden en situación de entrar a vivir. Los 288 restantes están habitados con contratos de arrendamiento, pero están a punto de agotar su vigencia y, en consecuencia, de perder su protección oficial. Por lo tanto, la aprobación de su adquisición busca prorrogar las calificaciones de vivienda de protección oficial, y "evitar una emergencia residencial" que se podría derivar con el vencimiento gradual de los contratos de alquiler, según precisan en el comunicado. Los pisos corresponden a promociones construidas entre los años 2002 y 2012.

El Plan impulso 10.000 se activó en marzo de 2023 con el objetivo de incorporar 10.000 viviendas al parque de alquiler social de Catalunya antes de finales del 2026, lo que supondrá incrementarlo en un 18%. Desde que se puso en marcha este plan, el departamento de Territori, a través de Incasòl, habrá adquirido, un total de 925 viviendas a grandes tenedores.