La Generalitat ha diseñado una nueva política patrimonial para revertir el proceso de desinversiones que se ejecutó principalmente entre 2010 y 2014, de manera que actualmente el 63% de los edificios administrativos están en régimen de alquiler que "en lugar de generar ahorros, genera ineficiencias, comporta una gestión compleja y la existencia de riesgos por|para la volatilidad que representa", ha manifestado la consellera de Economía, Natàlia Mas, al comunicar que se dará un giro de 180 grados en esta materia para revertir al cien por cien la situación y "conseguir que en el 2038 el 68% de las oficinas sean propiedad de la administración catalana".
Para empezar, Mas ha anunciado una inversión de 68 millones de euros en un nuevo edificio de oficinas que Feria 2000 levantará dentro del proyecto Pabellón Cero de la ampliación de Fira de Barcelona, en suelo público de l'Hospitalet de Llobregat. En este nuevo inmueble, de 25.000 metros cuadrados, la Generalitat comprará varias plantas -cuyo número no se ha concretado- para reubicar a unos 1.200 trabajadores públicos de diferentes áreas -a estas alturas también para determinar-, según ha dicho la consellera. Esta operación supondrá una inversión de 68 millones de euros, que incluirá la compra de las plantas ya adecuadas para la entrada a trabajar de los funcionarios que se trasladen y que se prevé que esté terminado para el 2027. El resto del edificio lo ocupará Fira de Barcelona con varios departamentos administrativos.
El cambio de rumbo de la Generalitat tiene por razones principales: ahorros económicos en el medio y largo plazo, y tener una capacidad patrimonial fuerte, reducción de riesgos, dando estabilidad a los trabajadores públicos y los servicios de prestación a la ciudadanía. El Govern ha calculado dentro de 22 años habrá recuperado el 98% de la inversión total que destine a la construcción de nuevos edificios y la rehabilitación de algunos de los existentes, dentro de un plan del cual no ha desvelado el importe global. Con todo, el director general de patrimonio, Josep Maria Aguirre, ha explicado que se actuará principalmente en Barcelona ciudad, donde con 109 inmuebles y 453.000 metros cuadrados entre dependencias de los departamentos de la Generalitat y las entidades del sector público, trabajan unos 20.000 empleados. Estos espacios se gestionan mayoritariamente con contratos de arrendamientos "con toda la complejidad que eso comporta", ha señalado. Por lo tanto, habrá dos líneas de actuación: la primera, fomentar la construcción de nuevos edificios, como el mencionado de l'Hospitalet, en suelo público de la Generalitat destinado a equipamientos, para incorporar 145.000 metros cuadrados más de espacios para la administración, con una cabida para 10.000 trabajadores. El director de patrimonio ha dicho que se está trabajando con varias opciones y que no está cerrado ningún otro proyecto.
En segundo lugar, desde hace dos años, se hacen obras de rehabilitación en dependencias que tienen un alquiler a largo plazo para adecuarlas al modelo de trabajo híbrido -con dos días de teletrabajo a la semana- establecido para los empleados de la función pública en Catalunya. En total, se someterán a mejoras varios inmuebles con un total de 35.000 m² para ampliar la capacidad global de los mismos con 1.300 puestos de trabajo. En este sentido, Aguirre ha concretado que ya se ha actuado en un 30% con una rehabilitación integral en los departamentos de Educación, de Acción Climática, y está en proceso en Territorio y Empresa, a la vez que se han hecho mejoras en las oficinas del Incasòl. Sin embargo, se procederá a optimizar 47.000 m² de espacios en inmuebles que ya son de propiedad, para meter a 1.200 personas que se trasladarán de otros inmuebles, y otros 59.000 m² que tienen contratos de alquiler a largo plazo, para dar entrada a 800 personas provenientes de otras dependencias. Actualmente, 6.500 personas trabajan en inmuebles en Barcelona que ya están transformados y optimizados, "con importantes eficiencias económicas".
El plan tiene que optimizar los espacios y tiene que construir de manera que en el 2038 "con mucha menos superficie se ubique un mayor número de funcionarios, reduciendo en un 22% los metros cuadrados ocupados hasta 364.000, cosa que implica menos gasto inmobiliario directo y, sobre todo, reducción de costes indirectos por mantenimiento, vigilancia, gasto energético, entre otros," ha dicho Aguirre. En concreto, en los próximos 14 años, la Generalitat quiere reubicar a 11.000 trabajadores, en un proceso que se implementará en dos fases. La primera, 2023-2027, afectará a 2.700 trabajadores; la segunda, 2028-2037, en 8.100 más.
Descarta la fórmula del Distrito Administrativo
La consellera de Economía, Natàlia Mas, ha explicado que también hace 10 años se decidió que se levantaría el Distrito Administrativo en el barrio de la Marina, a la Zona Franca, para unificar los departamentos de Economía, Justicia y Políticas Digitales, que ha demostrado que los edificios de nueva construcción generan importantes ahorros de costes y energéticos. Hasta el punto que, según Aguirre, si bien cuándo se inauguró se preveía un ahorro de costes del 20%, hoy por hoy es ya del 26%" y, además, el número de trabajadores ha pasado de los 2.700 para los cuales fue diseñado a un total de 3.400. Por lo tanto, el modelo del Distrito se podrá replicar en las nuevas instalaciones públicas.
Lo que no se replicará será la fórmula contractual de derecho de superficie que se cerró con Feria 2000, también ejecutora del Distrito Administrativo, con un contrato de arrendamiento para 20 años. "Fue un modelo que nos permitió dar un paso adelante, pero que ahora evolucionaremos y simplificaremos; en las nuevas construcciones seremos titular de la propiedad", ha remarcado Mas. Actualmente, el Distrito Administrativo es propiedad de la aseguradora Axa que obtuvo la titularidad del suelo por concurso público en el 2015, por un periodo de 99 años.