Pacto entre la Generalitat y la Moncloa para desencallar el choque entre los dos gobiernos en torno al precio del alquiler. Según ha informado este jueves a la consellera de Territori, Ester Capella, y ha confirmado también el Ministerio de Vivienda, el Gobierno se ha comprometido a publicar el mes de febrero la declaración de zonas tensionadas. En otras palabras: de aquí un mes la Generalitat podrá regular los incrementos al precio del alquiler. Para el Gobierno presidido por Pere Aragonès, en Catalunya hay 140 municipios que necesitan una regulación del precio del alquiler. Es donde vive el 80% de la población del país. Pero hace falta que el Ministerio fije cómo diferenciar, por ejemplo, la regulación que se puede aplicar a Barcelona que en un municipio menos tensionado que la capital catalana.
Toda esta cuestión se ha desbloqueado en una reunión en Madrid entre la consellera Ester Capella y la ministra Isabel Rodríguez, que nada más ha entrado en este departamento a causa del nuevo ejecutivo configurado por Pedro Sánchez. Fuentes de la conselleria admitían a los periodistas mientras la reunión todavía se estaba produciendo que del encuentro esperaban una toma de contacto. Pero más tarde la consellera ha salido en rueda de prensa a celebrar el resultado satisfactorio del encuentro: ha habido acuerdo en un aspecto que los últimos meses ha enfrentado la Generalitat y la Moncloa.
Para Capella, el acuerdo era "esperado" y muestra cierta sintonía con la nueva ministra Rodríguez, sin embargo, ha lamentado que el pacto sobre los índices llegue ahora. Desde el Ministerio, sin embargo, recuerdan su esfuerzo inversor en Catalunya en materia de vivienda y recuerdan que el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha transferido a la Generalitat 298 millones de euros para la rehabilitación de vivienda y regeneración de barrios que se suman a los 126 millones de euros para la promoción de vivienda de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
El pasado mes de junio el Govern amplió de 60 a 140 los municipios con zonas tensadas por el precio de la vivienda donde los propietarios tendrán que limitar el precio del alquiler. En estas zonas, donde residen 6,2 millones de personas y el 80% del total de la población catalana, hay prácticamente todas las localidades del ámbito metropolitano de Barcelona; las cuatro capitales, parte de las comarcas costeras y de otros de montaña como Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, entre otros.
Uno de los primeros a reaccionar a este acuerdo ha sido el Sindicato de Inquilinas, que cree que la regulación de los precios de los alquileres en Catalunya "llega muy tarde". Así lo ha valorado la portavoz de la entidad, Carme Arcarazo. "Parece que entrará en vigor en febrero, pero tampoco lo queremos dar por hecho", ha dicho Arcarazo, que ha recordado que la ley de la vivienda se aprobó hace ocho meses.
La entidad ha remarcado que evita "celebrar nada" hasta que vea "los detalles y la letra pequeña" del acuerdo y ha cuestionado el nuevo índice que publicará el ejecutivo del Estado. "Puede ser que tenga agujeros y que no acabe haciendo bajar los alquileres tanto como sería justo", ha dicho Arcarazo.