La eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunitat Valenciana, una de las medidas que el nuevo Consell del PP y Vox tiene previsto aprobar en su primer pleno de este viernes, supondrá una merma de ingresos de alrededor de 350 millones de euros para la Generalitat Valenciana. Los recursos captados por la Hacienda valenciana el pasado año con este impuesto, uno de los tributos cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas, equivale al presupuesto anual que manejan conselleries del Gobierno valenciano como la de Vivienda.
El presupuesto liquidado de 2022 refleja en concreto un volumen de ingresos de 343 millones de euros por sucesiones y donaciones, un 5,7% más que el año anterior. Para este año, la previsión recogida en el último presupuesto del Govern del Botànic era de 352,8 millones por sucesiones y 39,2 millones por donaciones.
La supresión de lo que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha venido llamando como los "impuestos de la muerte" es una de las primeras medidas fiscales que el PP se comprometió a tomar si llegaba a la Generalitat, junto a un aumento de la bonificación al impuesto de patrimonio y una nueva rebaja en la escala autonómica del IRPF para todos los niveles de renta, especialmente medias y bajas.
La renuncia a esos ingresos deberá ser compensada por el nuevo Ejecutivo con ingresos captados por otras vías o una reducción de gastos que le permitan avanzar en la senda de la consolidación fiscal, pues el próximo año volverán las reglas fiscales. A la Generalitat Valenciana, el restablecimiento de los límites de deuda y déficit le llega en un momento delicado, ya que la previsión de la AIReF apunta a que cerrará 2023 con un déficit del 1,5% sobre el PIB, el más elevado de todas las autonomías junto a Murcia y muy por encima del 0,3% fijado como referencia para las comunidades autónomas.
Desaparece el pago por herencia para hijos, cónyuges y ascendientes
El alcance concreto de la reducción en sucesiones y donaciones se concretará este viernes, pero el acuerdo entre los dos socios de gobierno habla de eliminación sin más detalles. El impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) grava con carácter general el incremento patrimonial de los bienes recibidos de forma gratuita, ya sea por herencia tras la muerte del heredante o por donación. En realidad el ISD es de aplicación en todo el Estado, pero las CC. AA. tienen cedidas las competencias en recaudación y comprobación y pueden decidir los tipos impositivos o reducciones de la base imponible.
Es por ello que cada comunidad autónoma, en el ejercicio de su autonomía fiscal, decide aplicar o no reducciones en distinto porcentaje. El ISD es progresivo, cuanto más se hereda, más se paga, y el gravamen general oscila desde el 7,65% hasta el 34% y posteriormente las CC. AA. pueden aplicar sus propias bonificaciones.
En el caso de las herencias, los herederos se dividen en tres grupos en función del grado de consanguinidad con el fallecido: hijos y descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos y parientes. En el grupo I entrarían descendientes y adoptados menores de 21; en el grupo II, descendientes y adoptados mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes; y, en el grupo III, colaterales de segundo (hermanos) y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad.
La propuesta del PP valenciano consiste en aumentar los porcentajes de bonificación autonómica, lo que de facto equivale a renunciar a esos ingresos tributarios. En concreto, se pasaría del 75% de bonificación que actualmente se aplica a los herederos del grupo I al 99%; del 50% al 99% para el grupo II; y del 0% al 50% para el grupo III. De este modo, en la Comunitat Valenciana desaparecerá el pago por herencia para hijos, con independencia la edad, cónyuges y ascendientes.
El Gobierno valenciano sigue de este modo los pasos del ejecutivo balear de Marga Prohens, quien esta misma semana ha aprobado la supresión del ISD entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges, tanto por causa de muerte como en herencias en vida mediante pactos sucesorios. Junto a la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda habitual para menores de 30 años y discapacitados –condicionada al nivel de renta y al valor del inmueble– los nuevos beneficios fiscales en Baleares supondrán una disminución de ingresos de unos 75 millones de euros para las arcas autonómicas: 60 millones por el Impuesto de Donaciones y 15 millones por el ITP.
Primera reunión del Consell
El Gobierno valenciano celebra este viernes su primer pleno tras completarse este jueves el traspaso de carteras entre los anteriores consellers de PSPV, Compromís y Podem y los nuevos del PP y Vox. En el caso de Hacienda, la nueva consellera, Ruth Merino (PP), señaló tras recibir la cartera de manos de Arcadi España (PSPV) que la responsabilidad "se siente desde el inicio y se va multiplicando por momentos".
Merino dijo que asume "este enorme reto con ilusión y con pasión, y ganas de seguir mejorando la vida de los valencianos". Por su parte, Arcadi España, tras dar la bienvenida y la enhorabuena a la nueva consellera, agradeció el trabajo de los funcionarios y funcionarias y personal de organismos adscritos "por su trabajo y esfuerzo" y también el de los agentes sociales "por colaborar para intentar mejorar las cosas".