El Govern ya tiene en marcha la construcción o adquisición de 4.000 de los 50.000 pisos de alquiler asequibles prometidos por Salvador Illa, la mayoría de ellos en el Área Metropolitana de Barcelona. Lo ha explicado este viernes en rueda de prensa la consellera de Territori, Sílvia Paneque, quien ha detallado junto al secretario de Vivienda, Víctor Puga, en qué fase se encuentra cada paquete. Aunque 50.000 es el compromiso adquirido para hacer vivienda de alquiler asequible hasta 2030, la Generalitat detecta un potencial de 63.517 viviendas de alquiler asequible y aspira a tener también 127.017 de venta de protección oficial hasta un total de 182.282 viviendas sociales más allá de 2030.  

De los 4.000 pisos con los que la administración catalana ya cuenta para tener listos antes de 2029, 2.227 son solares municipales en concurso que los municipios ya han cedido al Govern, entre ellos 249 en construcción. Otros 1.013 son solares que ya están en propiedad de Incasòl y el resto son promociones privadas delegadas por la administración. El objetivo final es que la vivienda protegida pase del 2,5% actual al 15% en 20 años y con la nueva ley la protección oficial no vencerá con el tiempo. 

Para sumar a estos 4.000 los otros 36.000 hasta alcanzar la promesa de Illa, el Govern arrancará en febrero una convocatoria pública a los municipios para que pongan a disposición del Govern solares públicos que, según han detectado podrían alcanzar en este primer concurso capacidad para 20.000 viviendas más. 

A estas 20.000 viviendas a partir de solar nuevas y a las 4.000 ya en proceso de construcción o adquisición cabría sumar unas hasta 43.000 más a partir de suelo que todavía está en proceso de adjudicación o de plan urbanístico. 

Y a esas 63.000 potenciales viviendas de alquiler social se deben sumar unas 127.000 de venta de protección oficial, todas ellas pendientes de autorizaciones urbanísticas. 

Con respecto a otras medidas para aliviar la presión de los precios del alquiler, la consellera Paneque ha explicado que la política con los pisos vacíos será la de estudiar "caso a caso" si hay alguna familia ocupando o no y, en caso de que sea necesario, comprar la vivienda al propietario para ponerla en alquiler social. 

En cuanto a la regulación de los alquileres de temporada, que a partir de enero deberán ser registrados en una ventanilla única del Gobierno de España, Paneque ha explicado que se está negociando para activar un régimen sancionador y un equipo de inspección que garanticen que el alquiler de temporada no se utiliza de forma fraudulenta.